Se insiste mucho en que el fuerte crecimiento de la deuda que ha colapsado la economía, se ha producido en el sector privado más que en el público. Esto es cierto, pero no puede olvidársenos dos cuestiones. La primera es que el sector privado se endeudó porque los bancos centrales pusieron a disposición de los bancos privados financiación a tipos irrisorios, financiación que éstos tomaron para prestar, a su vez, a los particulares. Esta deuda privada para algunos sectores privilegiados se está convirtiendo en deuda pública, puesto que el sector público la está asumiendo por diversas vías. Por tanto, no es cierto que el sobreendeudamiento originó la crisis, sino que la originó la sobrefinanciación de los bancos centrales. El efecto es el mismo, pero no el origen. Ni las responsabilidades.
Se exige que se ajuste el sector privado, como se dice que se está ajustando el público, y que sufra el primero lo que se dice que está sufriendo el segundo: los ataques especulativos. Se olvida que mientras los deudores públicos son pocos (se podría decir que uno por territorio soberano, aunque haya muchos entes públicos todos disfrutan del respaldo último de su Estado de alguna manera), los deudores privados son muchos. Los deudores privados llevan sufriendo el ajuste, por lo menos, desde hace dos años por dos vías: la refinanciación a la baja de los importes de sus deudas por parte de sus acreedores bancarios, que necesitan reducir su inversión y, en los casos más dramáticos, mediante acuerdos concursales y preconcursales en los que en muchos casos se alcanzan, por acuerdo privado (es decir por la libertad de contratación que descansa en los viejos principios a los que insultamos llamándolos neo y liberales), alguna de las soluciones que se propugnan como es la quita, es decir: la renuncia del acreedor a recibir total satisfacción de su deuda como modo de asegurar el resto de la misma. El sector privado fue inducido a endeudarse por las autoridades, pero no por ello ha dejado de asumir las consecuencias de sus actos, como debe ser, porque cuando uno compra, alguien vende y salvo que haya error en el consentimiento, como dicen los juristas, el contrato es válido. Ningún banco privado ha dicho que su banco central le engañó, ni ningún particular ha repudiado su deuda sobre la base de que no sabía que hacía cuando la tomó.
Los gobiernos deben sacar sus manos de la banca. Si el problema no era de endeudamiento público, lo ha comenzado a ser desde que Irlanda avaló totalmente a sus bancos o España subió la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 20.000 a 100.000 euros por depositante (al margen de otras iniciativas de apoyo como el FROB o el FAAF, ya olvidado). Si hubieran dejado caer las instituciones que tenían que caer, el mercado habría cumplido con su función de exigencia de responsabilidades. Por otro lado, las pérdidas asumidas por los accionistas y por otras figuras (que el supervisor permitía que computasen como recursos propios) como las participaciones preferentes y la deuda subordinada, junto con la cobertura original (los 20.000€ en España), habrían asegurado a los depositantes la recuperación íntegra (o cuasi) de sus fondos. Se habrían producido las necesarias quitas para los tenedores de participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas, en el caso de que no fuera suficiente con la liquidación total de los accionistas. Otra cosa, es que a los supervisores no les gusten esas quitas porque entre tanto MIFID para proteger a la clientela, resulta que se ha vendido activos de alto riesgo a cualquiera, o porque, después de tanta guerra con Basilea I y II, los recursos propios de segunda categoría (deuda subordinada) y algunos de los de primera (participaciones preferentes) no estaban para cumplir su misión: dar garantía a los acreedores comunes (depositantes) de que recuperarán sus fondos.
Luego se habla de comportamiento irracional de los mercados. Ya saben ustedes que la irracionalidad de un individuo permite a las autoridades su incapacitación. Ahora resulta que los miles de agentes que actúan en los mercados son irracionales, como una manada de elefantes azuzada por Tarzán, y que las autoridades nacionales e internacionales son el vivo ejemplo de la serenidad que caracterizaba a algunas monarquías y todos los días dicen lo mismo. Los mercados han detectado que determinados países están en situación más débil, pero que gozan de un aval implícito de otros y lo único que quieren es que el aval se haga explícito. En eso consisten los ataques especulativos. Muchos deudores privados saben de las presiones de su banco para que hicieran expresos sus compromisos de acudir en auxilio de sus negocios, otros saben más: los compromisos, en forma de aval, fueron finalmente ejecutados. Éste es el ataque especulativo que sufren los empresarios en su día a día.
Por último se insiste en que no es razonable en la valoración que se da a determinados activos privados por culpa de los ataques especulativos a los estados. En principio ningún deudor es tan solvente como un soberano en su propia moneda, por lo que los deudores privados en esa misma moneda siempre corren la suerte del soberano que la emite. Cosa distinta, es lo que comienza a pasar en Europa donde los estados no pueden emitir ninguna de las monedas en que están cifradas sus deudas, por lo que en el territorio bajo su jurisdicción puede haber deudores más solventes que ellos en cualquier moneda. Esto es así, y los mercados tendrán que asumir que la prima de riesgo que se exige al Reino no soberano de España por su deuda en euros, por ejemplo, sobre el Banco Central Europeo, el único deudor en euros con capacidad de emitirlos, puede ser mayor que la exigible a un determinado deudor en euros residente en España.
El resto de explicaciones que se oyen estos días adolecen del sentido común que los deudores y acreedores privados aplican a las negociaciones sobre los problemas que les atañen. Algunos piensan que el Estado es un ente de una naturaleza que no es de este mundo y que, por lo tanto, no está sujeto a los principios, descubiertos hace mucho, de la prudente administración y de la Economía. Con estos defensores de la moneda, el euro con más valor va a ser el de chocolate. Se lo recomiendo.
Y admíntanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 26 de noviembre de 2010
viernes, 5 de noviembre de 2010
El BCE al descubierto
A veces, para escribir sobre un tema de actualidad, conviene coger un poco de perspectiva. En las últimas semanas se vuelve a hablar mucho de los problemas de liquidez en los bancos. Tal vez, para analizar esto podría fijarme en la evolución de los tipos y volúmenes en el mercado interbancario, pero sospecho que obtendría poca información, porque lo que nunca reflejan estas estadísticas es el volumen de las operaciones que no se realizan, que son realmente las que nos muestran el problema. Algunos me dirán que las operaciones que no se realizan se reflejan en unas estadísticas que presentan volúmenes más bajos de contratación y mayor dispersión en los precios de las operaciones contratadas. Sin embargo, mi experiencia es que ambas afirmaciones son muy parcialmente ciertas, porque las entidades más solventes actúan como activo refugio y acaparan la financiación que hay disponible. Al final, los volúmenes que se publican no son tan inferiores como antes de la crisis de liquidez o, al menos, no reflejan tan dramáticamente los problemas, y los precios a los que se cierran las operaciones no son tan dispersos como cabría esperar. En realidad, lo que se produce es una pequeña horquilla de precios para las pocas entidades que reciben la confianza de las demás, y lo que no reflejan es que hay entidades a las que sólo se presta a tipo infinito, porque eso es precisamente no prestar, pero ese es el dato que necesitamos los que analizamos estas cosas.
Así, que vuelvo al principio. Cojamos perspectiva y miremos la evolución del Banco Central Europeo en los dos últimos años, es decir, desde el estallido de la crisis hasta hoy mismo. Creo que, con independencia de los movimientos de las últimas semanas, dos años nos pueden hacer comprender mejor qué ha pasado. Básicamente ha habido una sustitución en los beneficiarios del crédito en euros del Banco Central Europeo. Así, se ha reducido la financiación a entidades de crédito en casi un 40%, alrededor de 340.000 millones de euros que, prácticamente, han ido en su totalidad a la adquisición de títulos que han crecido un 275% en un periodo tan corto. Estos valores están constituidos en su mayoría por deuda pública. Por otro lado, el Banco Central ha reducido la financiación en monedas distintas del euro, a residentes en la zona euro casi en un 90%, alrededor de 180.000 millones de euros, para adquirir con ese importe oro, cuyas posiciones han crecido en 114.000 millones (un 52%) y financiar, igualmente en monedas distintas del euro, a no residentes con el resto (un crecimiento del 48%). En pocas palabras: el Banco Central Europeo ha dejado de financiar bancos para financiar estados, y sus inversiones en moneda extranjera ha preferido dedicarlas a no residentes en la zona euro y al atesoramiento de oro (que al fin y al cabo es otra moneda, o casi diría la única moneda), que ha subido fuertemente.
Por el lado de la financiación recibida, el Banco Central Europeo ha visto caer en 140.000 millones de euros los depósitos en euros de bancos (han retirado el 30% de sus saldos en el BCE) y en 260.000 millones de euros los depósitos con no residentes (han retirado el 90%de sus saldos en el BCE). La suma de estas retiradas de depósitos del Banco Central Europeo, 400.000 millones de euros, suponen una caída del 20% en su financiación. Vamos, que el que tiene problemas para financiarse es el propio Banco Central Europeo. Esto lo ha solucionado en tres partes iguales reduciendo otro tipo de activos, emitiendo moneda y derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (que no deja de ser una emisión de moneda) y, por último, gracias a los beneficios provenientes de la revalorización de sus activos netos.
Recapitulemos: la financiación bancaria ha caído porque ha caído la del BCE a estas instituciones, que se han visto obligadas, incluso, a retirar sus depósitos en este último. No cabe duda que estos dos movimientos eran necesarios, dado el exceso de liquidez -o de financiación si lo prefieren- que había en el momento del estallido de la crisis. Pero es que el exceso de financiación lo había provocado previamente el mismo instituto emisor. El BCE, por un lado, ha incidido en esta política de reducción de la liquidez en la zona euro aumentando la financiación en monedas distintas del euro a no residentes. Por otro lado, ha aumentado fuertemente sus posiciones en oro, lo que le convierte seguramente en uno de los grandes especuladores (y especular no es algo que en mi boca tenga connotaciones negativas) en esta moneda. Además, el oro, de manera consecuente con todo lo anterior, es una inversión que se realiza a costa de no financiar a otros, a diferencia de la compra de títulos o la concesión de préstamos.
El retrato que nos sale es bueno y nos permite desenmascarar muchas de las críticas de las autoridades políticas al sector financiero. Críticas que para ser consistentes debieran dirigirse al Banco Central Europeo, si fueran capaces de entender lo que suponen los movimientos anteriores, y que no se puede entregar tanto poder al comité de dirección de dicho instituto emisor.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Así, que vuelvo al principio. Cojamos perspectiva y miremos la evolución del Banco Central Europeo en los dos últimos años, es decir, desde el estallido de la crisis hasta hoy mismo. Creo que, con independencia de los movimientos de las últimas semanas, dos años nos pueden hacer comprender mejor qué ha pasado. Básicamente ha habido una sustitución en los beneficiarios del crédito en euros del Banco Central Europeo. Así, se ha reducido la financiación a entidades de crédito en casi un 40%, alrededor de 340.000 millones de euros que, prácticamente, han ido en su totalidad a la adquisición de títulos que han crecido un 275% en un periodo tan corto. Estos valores están constituidos en su mayoría por deuda pública. Por otro lado, el Banco Central ha reducido la financiación en monedas distintas del euro, a residentes en la zona euro casi en un 90%, alrededor de 180.000 millones de euros, para adquirir con ese importe oro, cuyas posiciones han crecido en 114.000 millones (un 52%) y financiar, igualmente en monedas distintas del euro, a no residentes con el resto (un crecimiento del 48%). En pocas palabras: el Banco Central Europeo ha dejado de financiar bancos para financiar estados, y sus inversiones en moneda extranjera ha preferido dedicarlas a no residentes en la zona euro y al atesoramiento de oro (que al fin y al cabo es otra moneda, o casi diría la única moneda), que ha subido fuertemente.
Por el lado de la financiación recibida, el Banco Central Europeo ha visto caer en 140.000 millones de euros los depósitos en euros de bancos (han retirado el 30% de sus saldos en el BCE) y en 260.000 millones de euros los depósitos con no residentes (han retirado el 90%de sus saldos en el BCE). La suma de estas retiradas de depósitos del Banco Central Europeo, 400.000 millones de euros, suponen una caída del 20% en su financiación. Vamos, que el que tiene problemas para financiarse es el propio Banco Central Europeo. Esto lo ha solucionado en tres partes iguales reduciendo otro tipo de activos, emitiendo moneda y derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (que no deja de ser una emisión de moneda) y, por último, gracias a los beneficios provenientes de la revalorización de sus activos netos.
Recapitulemos: la financiación bancaria ha caído porque ha caído la del BCE a estas instituciones, que se han visto obligadas, incluso, a retirar sus depósitos en este último. No cabe duda que estos dos movimientos eran necesarios, dado el exceso de liquidez -o de financiación si lo prefieren- que había en el momento del estallido de la crisis. Pero es que el exceso de financiación lo había provocado previamente el mismo instituto emisor. El BCE, por un lado, ha incidido en esta política de reducción de la liquidez en la zona euro aumentando la financiación en monedas distintas del euro a no residentes. Por otro lado, ha aumentado fuertemente sus posiciones en oro, lo que le convierte seguramente en uno de los grandes especuladores (y especular no es algo que en mi boca tenga connotaciones negativas) en esta moneda. Además, el oro, de manera consecuente con todo lo anterior, es una inversión que se realiza a costa de no financiar a otros, a diferencia de la compra de títulos o la concesión de préstamos.
El retrato que nos sale es bueno y nos permite desenmascarar muchas de las críticas de las autoridades políticas al sector financiero. Críticas que para ser consistentes debieran dirigirse al Banco Central Europeo, si fueran capaces de entender lo que suponen los movimientos anteriores, y que no se puede entregar tanto poder al comité de dirección de dicho instituto emisor.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 24 de septiembre de 2010
Lo pequeño es hermoso
Llegó el viernes. Muy destacado día en los calendarios porque abre paso al fin de semana, ese espacio temporal para el ocio y el descanso con la familia. En este blog es el día que yo les recomiendo un libro. Hoy he pensado que podrían adquirir, o pedir prestado en alguna biblioteca, un texto de un autor alemán que estudió en Inglaterra y en los Estados Unidos. Se llama Ernst Schumacher, como el piloto de fórmula uno, salvo que este último se llama Michael. Ya ven como llamarse Ernesto tiene, a veces, importancia. Y ser alemán, porque si no se apellidaría Zapatero, que es lo que quiere decir su apellido. El libro se llama Lo pequeño es hermoso. Se publicó por primera vez en 1973 y tiene constantes reediciones desde entonces. Según The Times es uno de los cien libros más influyentes publicados tras la segunda Guerra Mundial.
El título y el momento en que se editó, hace que los ecoprogresistas hablen de este texto con simpatía, como si formara parte de la revolución ideológica de mayo de 1968. Pero eso es porque no se han leído más que el título. Schumacher publicó este texto cuatro años antes de su muerte, como una recopilación de artículos suyos, tras convertirse al catolicismo en los años cincuenta del siglo pasado, influido por autores como Chesterton, Belloc o Fray Vincent McNabb, y por las encíclicas papales referentes a la doctrina social.
Los artículos desarrollan una crítica al grandiosismo de los sistemas económicos, tanto socialistas como capitalistas, desarrollados durante el siglo XX para incidir, como hace algún otro autor -por ejemplo, Röpke, comentado ya en este blog-, en la necesidad de una economía en la que la medida sea el hombre. El profesor Schumacher forma parte, con dichos autores, de un modelo económico de sociedad libre, es decir, no socialista, enemigo de la concentración de la propiedad y del dirigismo político de lo económico, como en la socialdemocracia que padecemos. El modelo se conoce como distributismo, por su traducción del inglés, y en España lo podemos encontrar similar en autores tradicionalistas. Así que ya saben, busquen Lo pequeño es hermoso, de Ernst Schumacher. Se lee fácil.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
El título y el momento en que se editó, hace que los ecoprogresistas hablen de este texto con simpatía, como si formara parte de la revolución ideológica de mayo de 1968. Pero eso es porque no se han leído más que el título. Schumacher publicó este texto cuatro años antes de su muerte, como una recopilación de artículos suyos, tras convertirse al catolicismo en los años cincuenta del siglo pasado, influido por autores como Chesterton, Belloc o Fray Vincent McNabb, y por las encíclicas papales referentes a la doctrina social.
Los artículos desarrollan una crítica al grandiosismo de los sistemas económicos, tanto socialistas como capitalistas, desarrollados durante el siglo XX para incidir, como hace algún otro autor -por ejemplo, Röpke, comentado ya en este blog-, en la necesidad de una economía en la que la medida sea el hombre. El profesor Schumacher forma parte, con dichos autores, de un modelo económico de sociedad libre, es decir, no socialista, enemigo de la concentración de la propiedad y del dirigismo político de lo económico, como en la socialdemocracia que padecemos. El modelo se conoce como distributismo, por su traducción del inglés, y en España lo podemos encontrar similar en autores tradicionalistas. Así que ya saben, busquen Lo pequeño es hermoso, de Ernst Schumacher. Se lee fácil.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 23 de septiembre de 2010
Los impuestos, impuestos son
Los impuestos no se llaman impuestos por casualidad. No se denominan contribuciones voluntarias, donaciones graciosas o liberalidades solidarias. Se llaman impuestos porque nos los imponen con el Boletín Oficial del Estado, el Código Penal, la Guardia Civil y la Dirección General de Prisiones si hace falta. No porque el Estado tenga que hacer uso de todo su aparato represor me parecen mal los impuestos. Al fin y al cabo, muchos de los servicios públicos que recibo, mejorables o no, los considero imprescindibles, como la defensa exterior, la seguridad interior y la justicia. De lo demás hablamos otro día.
Quien no parece tener claro el carácter coactivo de los impuestos es la ministra de economía, que ha afirmado: "Si preguntásemos a esas personas que tienen más capacidad, veremos que están dispuestas a hacer un esfuerzo adicional, estarían de acuerdo". Es decir, sin tanto circunloquio, que los ricos estarán encantados de que les suban los impuestos. La verdad es que creo que no debemos abandonar la vía que nos abre la ministra. En vez de planteárnoslo como una posibilidad, que lo convierta en un acto: pregunte a cada individuo si quiere pagar, contribuir más, y a los que le respondan afirmativamente cóbreles. A los demás, déjenos como estamos. O lleve su razonamiento más lejos: cobre impuestos sólo a los que quieran pagarlos. Reduciríamos mucho el gasto público porque no necesitaríamos inspectores de Hacienda, ni policías persiguiendo delitos fiscales, ni jueces juzgando a delincuentes fiscales…
Todos sabemos que no lo va a hacer porque, como dice el profesor francés Pascal Salin, la democracia occidental se ha convertido en un sistema por el que unos votan que se les cobre a otros. Si cree que debe subir los impuestos, súbalos. Lo que no es de recibo es la incertidumbre y la indefinición con la que manejan los términos -como, por ejemplo, la palabra rico o la expresión de capacidad económica alta- con los que pretenden ocultarnos que todos los que tenemos una nómina, deberemos contribuir más a las arcas públicas en un futuro muy próximo.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Quien no parece tener claro el carácter coactivo de los impuestos es la ministra de economía, que ha afirmado: "Si preguntásemos a esas personas que tienen más capacidad, veremos que están dispuestas a hacer un esfuerzo adicional, estarían de acuerdo". Es decir, sin tanto circunloquio, que los ricos estarán encantados de que les suban los impuestos. La verdad es que creo que no debemos abandonar la vía que nos abre la ministra. En vez de planteárnoslo como una posibilidad, que lo convierta en un acto: pregunte a cada individuo si quiere pagar, contribuir más, y a los que le respondan afirmativamente cóbreles. A los demás, déjenos como estamos. O lleve su razonamiento más lejos: cobre impuestos sólo a los que quieran pagarlos. Reduciríamos mucho el gasto público porque no necesitaríamos inspectores de Hacienda, ni policías persiguiendo delitos fiscales, ni jueces juzgando a delincuentes fiscales…
Todos sabemos que no lo va a hacer porque, como dice el profesor francés Pascal Salin, la democracia occidental se ha convertido en un sistema por el que unos votan que se les cobre a otros. Si cree que debe subir los impuestos, súbalos. Lo que no es de recibo es la incertidumbre y la indefinición con la que manejan los términos -como, por ejemplo, la palabra rico o la expresión de capacidad económica alta- con los que pretenden ocultarnos que todos los que tenemos una nómina, deberemos contribuir más a las arcas públicas en un futuro muy próximo.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
La Tasa Tobin es una mala idea
Antes de ayer, el inquilino de la Moncloa compareció en las Naciones Unidas dentro de la Reunión de Alto Nivel de los Objetivos del Milenio. Objetivos sobre los que es más optimista que sobre otros que mantiene, dado lo que le queda al milenio para terminar. En su comparecencia, se ha unido a Sarkozy para defender una medida de esas que parecen buenas y no lo son tanto: el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, la denominada Tasa Tobin en honor del profesor que la propuso.
La recaudación pretende que se aplique a la denominada ayuda al desarrollo. Probablemente, la propuesta sea bien acogida por las autoridades occidentales trufadas de buenismo, pero de momento ha sido descalificada por muchos países en vías de desarrollo. Y se preguntarán ustedes por qué estos países más pobres no quieren esta medida. Pues es fácil de entender. Si hay que pagar un impuesto por invertir en el extranjero y otro por desinvertir, algunas inversiones dejarán de realizarse, y lo que quieren esos países es que los mercados inviertan en ellos. Además, cada vez que se compren mercancías y servicios en esos países, habrá que pagar la tasa, lo que encarecerá sus productos y los hará menos competitivos.
En el fondo, esta medida provocará algo parecido a un rearme arancelario de las naciones más favorecidas frente a las menos, y eso ya se ha demostrado en la Historia que sólo provoca pobreza e, incluso, la guerra. Recuerden el periodo de entreguerras europeo del siglo XX. Los territorios en desarrollo, por otro lado, cuando están bien gobernados, no quieren ayudas -que finalmente desincentivan el carácter emprendedor de sus habitantes y arruinarán sus mercados nacionales- y sí atraer inversiones, producir y vender su producción para recomprar a los extranjeros las inversiones que realizaron en sus territorios. Así ha pasado en los países que de verdad han experimentado crecimiento económico en los últimos doscientos años. Así que, señor inquilino, no intente hacerse ahora el simpático con el vecino del norte, porque esta no es sino una mala idea.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La recaudación pretende que se aplique a la denominada ayuda al desarrollo. Probablemente, la propuesta sea bien acogida por las autoridades occidentales trufadas de buenismo, pero de momento ha sido descalificada por muchos países en vías de desarrollo. Y se preguntarán ustedes por qué estos países más pobres no quieren esta medida. Pues es fácil de entender. Si hay que pagar un impuesto por invertir en el extranjero y otro por desinvertir, algunas inversiones dejarán de realizarse, y lo que quieren esos países es que los mercados inviertan en ellos. Además, cada vez que se compren mercancías y servicios en esos países, habrá que pagar la tasa, lo que encarecerá sus productos y los hará menos competitivos.
En el fondo, esta medida provocará algo parecido a un rearme arancelario de las naciones más favorecidas frente a las menos, y eso ya se ha demostrado en la Historia que sólo provoca pobreza e, incluso, la guerra. Recuerden el periodo de entreguerras europeo del siglo XX. Los territorios en desarrollo, por otro lado, cuando están bien gobernados, no quieren ayudas -que finalmente desincentivan el carácter emprendedor de sus habitantes y arruinarán sus mercados nacionales- y sí atraer inversiones, producir y vender su producción para recomprar a los extranjeros las inversiones que realizaron en sus territorios. Así ha pasado en los países que de verdad han experimentado crecimiento económico en los últimos doscientos años. Así que, señor inquilino, no intente hacerse ahora el simpático con el vecino del norte, porque esta no es sino una mala idea.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 21 de septiembre de 2010
La vivienda y el intervencionismo público
Una promotora catalana ha anunciado que ofrecerá, en breve, viviendas de ochenta y cinco metros cuadrados a un precio que no superará los noventa mil euros. Es decir, poco más de mil euros el metro cuadrado, y ello en un municipio como el de Sabadell. Digo esto, porque en España hay pequeñas capitales de provincia donde el precio está por debajo de ese nivel. La noticia es buena, pero no debe confundirnos. El precio de la vivienda no es elevado por los costes de construir. Es muy plausible que estos promotores los abaraten aún más como modo de facilitar el acceso de la población a la vivienda, en propiedad o en alquiler. El precio elevado alcanzado por este bien no ha sido consecuencia de los costes, sino de dos políticas públicas, de las denominadas de demanda -que tanto gustan a los ecoprogresistas-, y de la voracidad fiscal de las administraciones locales.
La vivienda ha subido mucho de precio como consecuencia de la facilidad crediticia de los bancos centrales, animados por los gobiernos. Esta es la primera política de demanda. La segunda, que ha incidido menos, han sido las deducciones fiscales a su adquisición, que ahora se plantean abandonar en muchos lugares del mundo incluido los Estados Unidos. La voracidad fiscal de las administraciones locales ha obrado en España, donde los ayuntamientos han creado una escasez artificial de suelo que ha elevado su precio, y que les ha permitido ganar mucho dinero como grandes tenedores de suelo que eran y, sobre todo, como dueños del sello de recalificación del mismo, porque un suelo no calificado como urbanizable no tiene un gran valor.
En España, además, tenemos el problema del mercado laboral, pues en los mejores momentos del ciclo económico teníamos dos millones de trabajadores en paro, lo que no nos impidió reclamar cinco millones de trabajadores extranjeros que, al llegar, buscaron vivienda. Es decir, el problema de construir no eran sus costes (aunque pueden llegar a serlo) que, una vez excluido el suelo, eran ya bajos, no más de quinientos euros por metro cuadrado en unas calidades sencillas pero dignas. El problema es la costumbre de las autoridades de fijar objetivos plausibles, es decir, que todo el mundo pueda tener una vivienda o una vivienda mejor de la que ya tiene, interviniendo en todos los mercados: el de suelo, el laboral, el de crédito, el de servicios públicos… y en todos a la vez.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La vivienda ha subido mucho de precio como consecuencia de la facilidad crediticia de los bancos centrales, animados por los gobiernos. Esta es la primera política de demanda. La segunda, que ha incidido menos, han sido las deducciones fiscales a su adquisición, que ahora se plantean abandonar en muchos lugares del mundo incluido los Estados Unidos. La voracidad fiscal de las administraciones locales ha obrado en España, donde los ayuntamientos han creado una escasez artificial de suelo que ha elevado su precio, y que les ha permitido ganar mucho dinero como grandes tenedores de suelo que eran y, sobre todo, como dueños del sello de recalificación del mismo, porque un suelo no calificado como urbanizable no tiene un gran valor.
En España, además, tenemos el problema del mercado laboral, pues en los mejores momentos del ciclo económico teníamos dos millones de trabajadores en paro, lo que no nos impidió reclamar cinco millones de trabajadores extranjeros que, al llegar, buscaron vivienda. Es decir, el problema de construir no eran sus costes (aunque pueden llegar a serlo) que, una vez excluido el suelo, eran ya bajos, no más de quinientos euros por metro cuadrado en unas calidades sencillas pero dignas. El problema es la costumbre de las autoridades de fijar objetivos plausibles, es decir, que todo el mundo pueda tener una vivienda o una vivienda mejor de la que ya tiene, interviniendo en todos los mercados: el de suelo, el laboral, el de crédito, el de servicios públicos… y en todos a la vez.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Podar la Administración
Soy poco optimista sobre el comportamiento de nuestros políticos de todo signo, prisioneros como están de la demagogia y lo políticamente correcto. Las soluciones que necesita España en particular, y Occidente en general, son duras, por lo que, cuando un partido las propone, el otro se las critica, y así continuamos en una huida hacia delante en un modelo socioeconómico inviable. Recordarán que la semana pasada defendí los pasos que comienza a anunciar el actual gobierno socialista en las pensiones públicas. En concreto, la posibilidad que apunta de retrasar la edad de jubilación y alargar los periodos de cotización, y que ya han sido censurados por la oposición.
Ayer fue la oposición, en concreto su aspirante a La Moncloa, el que comenzó a hablar de algo que es necesario hacer. Ya veremos lo que tarda el partido gobernante en censurárselo. El aspirante al inquilanato de la Moncloa hablaba de la necesidad de podar las administraciones públicas españolas. Ya es positivo que, como en el tema de las pensiones, se comience a hablar abiertamente del tema. Ahora se trata de esperar a que se haga, y no que se convierta el asunto en mera materia de escándalo político. Grecia, que nos lleva la delantera en la crisis, ha reducido sus corporaciones públicas locales a la cuarta parte. Imagínense reducir en España la administración local y regional en un 75%. ¡Un escándalo! Sin embargo, después de los datos publicados el viernes -un crecimiento del endeudamiento público desde el 47% al 57% del producto interior bruto (PIB) en el último año-, es claro que no podemos continuar así.
La deuda se podrá estar colocando a mejores tipos de interés en las últimas semanas -lo que sin lugar a dudas es una buena noticia-, pero lo importante es que pasar del 47% al 57% del PIB, cuando éste está prácticamente estancado, quiere decir que nuestras administraciones deben, al menos, un 20% más que hace un año. Piensen en lo que supondría en sus economías particulares, un crecimiento del 20% adicional de su deuda en un año sin un incremento en sus activos -sus propiedades-, es decir, para dedicar el crecimiento sólo a cubrir sus gastos corrientes. Creo que lo tienen claro. Aún cuando muchos de sus gastos les pareciesen necesarios, y aunque los tipos del endeudamiento fueran muy buenos, tendrían que plantearse renunciar a algo. Pues eso, tendremos que renunciar a muchos servicios públicos y a las administraciones que los prestan.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Ayer fue la oposición, en concreto su aspirante a La Moncloa, el que comenzó a hablar de algo que es necesario hacer. Ya veremos lo que tarda el partido gobernante en censurárselo. El aspirante al inquilanato de la Moncloa hablaba de la necesidad de podar las administraciones públicas españolas. Ya es positivo que, como en el tema de las pensiones, se comience a hablar abiertamente del tema. Ahora se trata de esperar a que se haga, y no que se convierta el asunto en mera materia de escándalo político. Grecia, que nos lleva la delantera en la crisis, ha reducido sus corporaciones públicas locales a la cuarta parte. Imagínense reducir en España la administración local y regional en un 75%. ¡Un escándalo! Sin embargo, después de los datos publicados el viernes -un crecimiento del endeudamiento público desde el 47% al 57% del producto interior bruto (PIB) en el último año-, es claro que no podemos continuar así.
La deuda se podrá estar colocando a mejores tipos de interés en las últimas semanas -lo que sin lugar a dudas es una buena noticia-, pero lo importante es que pasar del 47% al 57% del PIB, cuando éste está prácticamente estancado, quiere decir que nuestras administraciones deben, al menos, un 20% más que hace un año. Piensen en lo que supondría en sus economías particulares, un crecimiento del 20% adicional de su deuda en un año sin un incremento en sus activos -sus propiedades-, es decir, para dedicar el crecimiento sólo a cubrir sus gastos corrientes. Creo que lo tienen claro. Aún cuando muchos de sus gastos les pareciesen necesarios, y aunque los tipos del endeudamiento fueran muy buenos, tendrían que plantearse renunciar a algo. Pues eso, tendremos que renunciar a muchos servicios públicos y a las administraciones que los prestan.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 17 de septiembre de 2010
No hay economía sana sin banca sana
Es viernes, el día que aprovechamos en este blog para la lectura de un libro de tema socioeconómico. Sin embargo, saben que a veces les he recomendado la lectura de un artículo en una revista, o el visionado de un video interesante. Hoy también vamos a hacer una excepción. Les recomiendo el texto de la intervención de Don Emilio Botín antes de ayer, en la III Conferencia Internacional de Banca que se celebró en Boadilla del Monte, en Madrid. Es un texto que goza de lo que se llama la cortesía del filósofo, aunque don Emilio sea banquero: claridad y brevedad. Apenas once páginas. Pueden conseguirlo en Internet, porque se facilitó a la prensa y algunos portales lo han colgado.
Es probable que aquellos de ustedes que me siguen piensen que lo podría haber escrito yo. Es posible, pero no alimenten mi vanidad. Que yo pudiera haber escrito ese texto no indica que goce de las capacidades de don Emilio. Sólo indica que ambos compartimos un pensamiento económico riguroso. ¿Qué quiero destacar del texto? Pues dos aportaciones. La primera, que hay que dejar caer a los bancos que no funcionan, y no dedicarles dinero público. Esto me lo han oído decir a mí hasta la saciedad. No se puede pedir esfuerzos a la gente común para sostener instituciones mal gestionadas como, por ejemplo, han sido muchas cajas de ahorro españolas. Tal vez, la conmiseración del poder político con las cajas -y esto lo digo yo- viene porque era ese poder el que las gestionaba.
La segunda aportación de don Emilio coincide con el contenido del post del miércoles de la semana pasada: el nuevo impuesto que se pretende para la banca no es una reforma del fondo de garantía de depósitos como mecanismo asegurador de los mismos -reforma que, en principio, podría plantearse-, sino un mero instrumento de recaudación fiscal que justificará, en el futuro, la obligación del estado de acudir en ayuda de la banca en cuanto tenga problemas. Y eso, a don Emilio y a mí, no nos parece bien. Ya que mi opinión les da lo mismo, háganle al menos caso él. Por lo demás, ya saben, busquen por Intenet la intervención de don Emilio Botín en la III Conferencia Internacional de Banca, que, por cierto, se titula No hay economía sana sin banca sana.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Es probable que aquellos de ustedes que me siguen piensen que lo podría haber escrito yo. Es posible, pero no alimenten mi vanidad. Que yo pudiera haber escrito ese texto no indica que goce de las capacidades de don Emilio. Sólo indica que ambos compartimos un pensamiento económico riguroso. ¿Qué quiero destacar del texto? Pues dos aportaciones. La primera, que hay que dejar caer a los bancos que no funcionan, y no dedicarles dinero público. Esto me lo han oído decir a mí hasta la saciedad. No se puede pedir esfuerzos a la gente común para sostener instituciones mal gestionadas como, por ejemplo, han sido muchas cajas de ahorro españolas. Tal vez, la conmiseración del poder político con las cajas -y esto lo digo yo- viene porque era ese poder el que las gestionaba.
La segunda aportación de don Emilio coincide con el contenido del post del miércoles de la semana pasada: el nuevo impuesto que se pretende para la banca no es una reforma del fondo de garantía de depósitos como mecanismo asegurador de los mismos -reforma que, en principio, podría plantearse-, sino un mero instrumento de recaudación fiscal que justificará, en el futuro, la obligación del estado de acudir en ayuda de la banca en cuanto tenga problemas. Y eso, a don Emilio y a mí, no nos parece bien. Ya que mi opinión les da lo mismo, háganle al menos caso él. Por lo demás, ya saben, busquen por Intenet la intervención de don Emilio Botín en la III Conferencia Internacional de Banca, que, por cierto, se titula No hay economía sana sin banca sana.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 16 de septiembre de 2010
Pues habrá que jubilarse más tarde
Ya saben ustedes que los gobiernos y yo no somos grandes amigos. Creo que en Occidente, el pensamiento económico riguroso se ha abandonado por parte de las autoridades, más preocupadas -como el padre consentidor- por ser queridas -es decir, votadas- ahora, que por alcanzar objetivos buenos y estables a largo plazo. Sin embargo, nuestro actual gobierno parece que, al menos en el tema de las pensiones, empieza a pensar en el futuro más allá de su horizonte temporal.
Retrasar la edad de jubilación es una buena medida. Cuando un individuo comenzaba a trabajar entre los quince y veinticinco años, según el nivel educativo alcanzado, y se jubilaba a los sesenta y cinco, había contribuido durante cuarenta y cinco años, de media, para cobrar una pensión durante cinco, que era la esperanza de vida tras la jubilación. Actualmente, un individuo cotiza, como media, diez años menos y pretende cobrar pensión durante quince años más. Esto es insostenible y, nos guste o no, tenemos que admitirlo, aunque la demagogia política pasada nos haya hecho creer que lo era.
No es sólo un problema del sistema de reparto en el que se basan las pensiones públicas -que exigiría para su éxito poblaciones altamente crecientes-, sino que también lo sería en un sistema de capitalización -en el que se basan las pensiones privadas-, que exigiría, para su éxito, rentabilidades muy altas sostenidas en el tiempo. Para que las pensiones no sean de subsistencia, no nos toca más que ahorrar, a través de un sistema público o privado -esta es otra discusión-, durante más tiempo para cobrarlo en menos. Como ven, es el ahorro y no el consumo lo que asegura el crecimiento. Así, que en este tema no se dejen arrastrar por la oposición y tengan un pensamiento positivo: trabajar es bueno. Todos sus sueños de infancia y juventud pasaban por llegar a trabajar y alcanzar la independencia económica. No los abandonen antes de tiempo y jubílense más tarde.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Retrasar la edad de jubilación es una buena medida. Cuando un individuo comenzaba a trabajar entre los quince y veinticinco años, según el nivel educativo alcanzado, y se jubilaba a los sesenta y cinco, había contribuido durante cuarenta y cinco años, de media, para cobrar una pensión durante cinco, que era la esperanza de vida tras la jubilación. Actualmente, un individuo cotiza, como media, diez años menos y pretende cobrar pensión durante quince años más. Esto es insostenible y, nos guste o no, tenemos que admitirlo, aunque la demagogia política pasada nos haya hecho creer que lo era.
No es sólo un problema del sistema de reparto en el que se basan las pensiones públicas -que exigiría para su éxito poblaciones altamente crecientes-, sino que también lo sería en un sistema de capitalización -en el que se basan las pensiones privadas-, que exigiría, para su éxito, rentabilidades muy altas sostenidas en el tiempo. Para que las pensiones no sean de subsistencia, no nos toca más que ahorrar, a través de un sistema público o privado -esta es otra discusión-, durante más tiempo para cobrarlo en menos. Como ven, es el ahorro y no el consumo lo que asegura el crecimiento. Así, que en este tema no se dejen arrastrar por la oposición y tengan un pensamiento positivo: trabajar es bueno. Todos sus sueños de infancia y juventud pasaban por llegar a trabajar y alcanzar la independencia económica. No los abandonen antes de tiempo y jubílense más tarde.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
El fracaso de las políticas de demanda
Hoy les voy a proponer que miremos más allá de nuestras fronteras, y nos sacudamos las discusiones de bajo tono que, en materia económica, mantenemos en general en España. Para ello, les propongo que nos planteemos la discusión que se sostiene estas últimas semanas en Estados Unidos, acerca de la educación universitaria privada. Sobre esta industria, ha declarado un antiguo gestor de hedge fund -esas instituciones que representan mejor que nadie, el prototipo perverso que algunos medios de comunicación aplican a la especulación financiera-, que es más destructiva socialmente que la de las hipotecas sub-prime. Y esto lo ha declarado ante el Congreso de los Estados Unidos después de abandonar el mercado financiero para dedicarse al educativo.
El Congreso norteamericano está investigando el fuerte incremento en los impagos de los préstamos públicos a estudiantes, para realizar estudios superiores. Estos impagos han alcanzado unas cifras elevadísimas, como consecuencia de una política pública de facilidad crediticia durante los años previos a la crisis -como hicieron con los préstamos para adquisición de vivienda-, y la voracidad comercial de las universidades privadas en la captación de nuevos alumnos. El esquema del mercado inmobiliario se ha reproducido en el mercado educativo superior privado norteamericano. A saber, unas autoridades que se plantean un objetivo plausible: que más amplias capas de la población accedan a una vivienda y educación mejor; un incremento de la financiación fácil que, desde los bancos centrales y las sociedades hipotecarias semipúblicas en un caso, y desde las autoridades públicas educativas en otro, se inyecta en el mercado a través de compañías privadas -los bancos y las universidades-; una inflación de precios y de títulos académicos; y, finalmente, una alta morosidad.
El Estado, con sus políticas dirigidas, empobrece a la población y enriquece temporalmente a determinados sectores empresariales que ahora, además, se encuentran con un exceso de capacidad instalada y la amenaza de quiebra. De las acciones en bolsa de los bancos no les hablo porque ya saben ustedes que han caído mucho. Las de las universidades privadas entre el 50% y el 70% en los últimos meses. Ambas políticas fracasadas son ejemplos de lo que defienden los socialdemócratas: políticas de demanda, es decir, políticas en las que desde el presupuesto público, utilizando muchas veces el sector privado como correa de transmisión, se aumenta artificialmente la adquisición por parte del público.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
El Congreso norteamericano está investigando el fuerte incremento en los impagos de los préstamos públicos a estudiantes, para realizar estudios superiores. Estos impagos han alcanzado unas cifras elevadísimas, como consecuencia de una política pública de facilidad crediticia durante los años previos a la crisis -como hicieron con los préstamos para adquisición de vivienda-, y la voracidad comercial de las universidades privadas en la captación de nuevos alumnos. El esquema del mercado inmobiliario se ha reproducido en el mercado educativo superior privado norteamericano. A saber, unas autoridades que se plantean un objetivo plausible: que más amplias capas de la población accedan a una vivienda y educación mejor; un incremento de la financiación fácil que, desde los bancos centrales y las sociedades hipotecarias semipúblicas en un caso, y desde las autoridades públicas educativas en otro, se inyecta en el mercado a través de compañías privadas -los bancos y las universidades-; una inflación de precios y de títulos académicos; y, finalmente, una alta morosidad.
El Estado, con sus políticas dirigidas, empobrece a la población y enriquece temporalmente a determinados sectores empresariales que ahora, además, se encuentran con un exceso de capacidad instalada y la amenaza de quiebra. De las acciones en bolsa de los bancos no les hablo porque ya saben ustedes que han caído mucho. Las de las universidades privadas entre el 50% y el 70% en los últimos meses. Ambas políticas fracasadas son ejemplos de lo que defienden los socialdemócratas: políticas de demanda, es decir, políticas en las que desde el presupuesto público, utilizando muchas veces el sector privado como correa de transmisión, se aumenta artificialmente la adquisición por parte del público.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 14 de septiembre de 2010
Basilea 3 - Capital 8
Ya saben ustedes que nos fuimos de vacaciones con un acuerdo, el 26 de julio, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que nos amenazaba con reformas a la vuelta de las mismas. La primera de las reformas, un incremento de las exigencias de recursos propios de primera categoría y, en concreto, del capital con capacidad de absorber pérdidas, se aprobó el domingo por la tarde. Una segunda, referente a la definición y establecimiento de niveles de liquidez, la aplaza el Comité para su sesión de Seúl del próximo noviembre.
Pero vamos a comentar brevemente lo del domingo: la exigencia de recursos propios mínimos sigue básicamente en un 8% de los activos ponderados por riesgo, como hasta ahora, al que se suma como novedad un tramo adicional (amortiguador en traducción literal) del 2,5%. La reforma es positiva en tanto aumenta desde el 2% hasta el 4,5% la parte de la exigencia total de recursos propios, que continúa básicamente igual, como hemos dicho anteriormente, que debe cubrirse con capital ordinario y beneficios no distribuidos. Es decir, con acciones suscritas por inversores cuya remuneración dependerá de los beneficios del banco, y que perderán sus aportaciones si llegan a cosecharse pérdidas. Pasar del 2% al 4,5%, en lo que en la jerga se llama el core capital, es aumentar las exigencias en este tramo de los fondos propios en un 125%, sin haber incrementado, salvo por el funcionamiento del tramo adicional, las exigencias de recursos propios totales.
Está claro que de la experiencia de la crisis, las autoridades han concluido que un 8% de coeficiente de recursos propios no era insuficiente, sino que lo que era insuficiente era el núcleo duro de ese 8%: el 2% de core capital. Esto ya lo pensábamos muchos, porque el 6% restante se cubría con títulos de acreedores con condiciones especiales de riesgo, y esas condiciones especiales no se les han aplicado. Las condiciones no se han aplicado, en muchos casos, con el beneplácito de las autoridades, para no perjudicar a pequeños inversores ni desprestigiar más a los mercados financieros ni a las entidades bancarias como colocadoras de productos financieros inadecuados. Así, por ejemplo, todos tenemos en mente casos en los que se ha permitido pagar cupones a títulos preferentes por entidades en pérdidas, contraviniendo de este modo la legislación.
Hay una lección en todo esto, y es que una regulación sencilla y unos contratos también sencillos (las acciones ordinarias lo son, las preferentes no) no sólo dan más seguridad al público, como ya sabíamos, sino también a las entidades. Más le valdría a muchas entidades haber explicado que lo que colocaban era una acción, que casi todo el mundo lo entiende, que una preferente, que lo entienden pocos. Es cierto que esta vía más sencilla habría impedido el crecimiento de las cajas de ahorros hasta los extremos que lo han hecho, pero eso no sé si es un argumento en contra o más bien a favor de mi postura. Volviendo al acuerdo, vemos que las entidades tienen un plazo hasta 2019 para adaptarse, que comienza en 2013. El problema, pues, de cumplir con la nueva norma se retrasa en el tiempo. Ya veremos si los mercados tienen para entonces la capacidad para absorber las emisiones de papel que van a producirse, o de convencer a los actuales tenedores de preferentes y de deuda subordinada para que accedan a convertirse en accionistas ordinarios. Además, en los próximos años vamos a tener la competencia de la refinanciación de la deuda soberana, especialmente problemática si los crecimientos de las principales economías continúan tan bajos. En cualquier caso, y pese a lo que digan las autoridades, esto no soluciona el riesgo sistémico que padecemos.
La reforma del sistema financiero no es, como creen algunos, la de la banca privada, sino la de la banca central que es la que lo crea. Errores en la gestión y deshonestitades seguirán produciéndose, y para ello los coeficientes que vienen, y probablemente los que había, son suficientes. Otra cosa son los errores y deshonestidades en la ejecución de la política monetaria, porque esos no se absorben con ningún coeficiente. En cualquier caso, al menos hasta noviembre, vamos a estar entretenidos creyendo que esto es la solución a la crisis. Luego ya veremos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Pero vamos a comentar brevemente lo del domingo: la exigencia de recursos propios mínimos sigue básicamente en un 8% de los activos ponderados por riesgo, como hasta ahora, al que se suma como novedad un tramo adicional (amortiguador en traducción literal) del 2,5%. La reforma es positiva en tanto aumenta desde el 2% hasta el 4,5% la parte de la exigencia total de recursos propios, que continúa básicamente igual, como hemos dicho anteriormente, que debe cubrirse con capital ordinario y beneficios no distribuidos. Es decir, con acciones suscritas por inversores cuya remuneración dependerá de los beneficios del banco, y que perderán sus aportaciones si llegan a cosecharse pérdidas. Pasar del 2% al 4,5%, en lo que en la jerga se llama el core capital, es aumentar las exigencias en este tramo de los fondos propios en un 125%, sin haber incrementado, salvo por el funcionamiento del tramo adicional, las exigencias de recursos propios totales.
Está claro que de la experiencia de la crisis, las autoridades han concluido que un 8% de coeficiente de recursos propios no era insuficiente, sino que lo que era insuficiente era el núcleo duro de ese 8%: el 2% de core capital. Esto ya lo pensábamos muchos, porque el 6% restante se cubría con títulos de acreedores con condiciones especiales de riesgo, y esas condiciones especiales no se les han aplicado. Las condiciones no se han aplicado, en muchos casos, con el beneplácito de las autoridades, para no perjudicar a pequeños inversores ni desprestigiar más a los mercados financieros ni a las entidades bancarias como colocadoras de productos financieros inadecuados. Así, por ejemplo, todos tenemos en mente casos en los que se ha permitido pagar cupones a títulos preferentes por entidades en pérdidas, contraviniendo de este modo la legislación.
Hay una lección en todo esto, y es que una regulación sencilla y unos contratos también sencillos (las acciones ordinarias lo son, las preferentes no) no sólo dan más seguridad al público, como ya sabíamos, sino también a las entidades. Más le valdría a muchas entidades haber explicado que lo que colocaban era una acción, que casi todo el mundo lo entiende, que una preferente, que lo entienden pocos. Es cierto que esta vía más sencilla habría impedido el crecimiento de las cajas de ahorros hasta los extremos que lo han hecho, pero eso no sé si es un argumento en contra o más bien a favor de mi postura. Volviendo al acuerdo, vemos que las entidades tienen un plazo hasta 2019 para adaptarse, que comienza en 2013. El problema, pues, de cumplir con la nueva norma se retrasa en el tiempo. Ya veremos si los mercados tienen para entonces la capacidad para absorber las emisiones de papel que van a producirse, o de convencer a los actuales tenedores de preferentes y de deuda subordinada para que accedan a convertirse en accionistas ordinarios. Además, en los próximos años vamos a tener la competencia de la refinanciación de la deuda soberana, especialmente problemática si los crecimientos de las principales economías continúan tan bajos. En cualquier caso, y pese a lo que digan las autoridades, esto no soluciona el riesgo sistémico que padecemos.
La reforma del sistema financiero no es, como creen algunos, la de la banca privada, sino la de la banca central que es la que lo crea. Errores en la gestión y deshonestitades seguirán produciéndose, y para ello los coeficientes que vienen, y probablemente los que había, son suficientes. Otra cosa son los errores y deshonestidades en la ejecución de la política monetaria, porque esos no se absorben con ningún coeficiente. En cualquier caso, al menos hasta noviembre, vamos a estar entretenidos creyendo que esto es la solución a la crisis. Luego ya veremos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Los parados ya no son lo que eran
El contenido de este post lo publiqué aquí hace casi un año. En concreto, el 26 de octubre de 2009. Y ya les advertía de algunas cosas que han terminado ocurriendo. Les reproduzco un párrafo de aquel post:
"Es cierto, como afirman el Gobierno y los Sindicatos, que las personas con menores niveles de formación son la mayoría de las que se están incorporando al paro. A partir de aquí se construyen algunas conclusiones que aparentan ser lógicas, que no se dicen en alto, pero se dejan sobrentender: lo que los parados necesitan es formación, y la culpa del paro la tienen muchos de ellos por no haberse formado suficientemente. Y también -¿por qué no?- que no puede considerarse parado al que no reúne los requisitos mínimos de formación para incorporarse al mercado laboral, por lo que, mientras usted reciba formación, no es un parado".
Ayer, el usufructuario de la Moncloa lo dijo de manera explícita: "Debemos tener una visión distinta de lo que es desempleo y empleo. Una persona, cuando está formándose está trabajando para un país…". Esta forma de jugar con las palabras no tiene más intención que jugar con los números. La afirmación es cierta para los adolescentes y los jóvenes, hasta un momento determinado. Posteriormente puede ser aconsejable, o incluso necesario, estudiar, pero un adulto que quiere trabajar y no encuentra trabajo es un desempleado aunque estudie, ya sea por placer o por obligación.
No le quiten importancia a estas afirmaciones del usufructuario de La Moncloa, porque las autoridades terminarán exigiendo un nivel mínimo de estudios para poder considerar a un individuo como parado. El que no lo alcance será un trabajador si tiene trabajo y un pre-trabajador si no lo ha alcanzado, pero nunca un parado. De ese modo, la responsabilidad de la situación de desempleo será de dicho individuo pero no de las autoridades. Estoy de acuerdo en que todos tenemos mucha responsabilidad en lo que nos ocurre, pero entonces no nos diga, señor usufructuario, que usted puede arreglar nuestras vidas. Por cierto, ¿por qué no se retira una temporada a estudiar? No se preocupe por las cifras del paro, usted no cuenta.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
"Es cierto, como afirman el Gobierno y los Sindicatos, que las personas con menores niveles de formación son la mayoría de las que se están incorporando al paro. A partir de aquí se construyen algunas conclusiones que aparentan ser lógicas, que no se dicen en alto, pero se dejan sobrentender: lo que los parados necesitan es formación, y la culpa del paro la tienen muchos de ellos por no haberse formado suficientemente. Y también -¿por qué no?- que no puede considerarse parado al que no reúne los requisitos mínimos de formación para incorporarse al mercado laboral, por lo que, mientras usted reciba formación, no es un parado".
Ayer, el usufructuario de la Moncloa lo dijo de manera explícita: "Debemos tener una visión distinta de lo que es desempleo y empleo. Una persona, cuando está formándose está trabajando para un país…". Esta forma de jugar con las palabras no tiene más intención que jugar con los números. La afirmación es cierta para los adolescentes y los jóvenes, hasta un momento determinado. Posteriormente puede ser aconsejable, o incluso necesario, estudiar, pero un adulto que quiere trabajar y no encuentra trabajo es un desempleado aunque estudie, ya sea por placer o por obligación.
No le quiten importancia a estas afirmaciones del usufructuario de La Moncloa, porque las autoridades terminarán exigiendo un nivel mínimo de estudios para poder considerar a un individuo como parado. El que no lo alcance será un trabajador si tiene trabajo y un pre-trabajador si no lo ha alcanzado, pero nunca un parado. De ese modo, la responsabilidad de la situación de desempleo será de dicho individuo pero no de las autoridades. Estoy de acuerdo en que todos tenemos mucha responsabilidad en lo que nos ocurre, pero entonces no nos diga, señor usufructuario, que usted puede arreglar nuestras vidas. Por cierto, ¿por qué no se retira una temporada a estudiar? No se preocupe por las cifras del paro, usted no cuenta.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 13 de septiembre de 2010
Reformar la banca central
Ya les he explicado alguna vez que los profesionales y académicos llamamos Acuerdos de Basilea, o simplemente Basilea, a los acuerdos que los supervisores bancarios de los países que conforman el G-20 -las principales economías del mundo- toman en dicha ciudad suiza aprovechando la hospitalidad del Banco Internacional de Pagos, conocido por sus siglas en inglés BIS. Los acuerdos se refieren a normas de solvencia exigibles a los bancos.
Hasta ahora ha habido dos grandes acuerdos, los de 1988 y 2004, y ahora se está perpetrando el tercero: Basilea III. Digo perpetrando porque en la demagogia publicista que caracteriza a las autoridades occidentales, estos grandes acuerdos en materia de legislación se presentan como la solución casi inmediata a los problemas que nos afligen, y no son eso. Por ejemplo, el acuerdo anterior, Basilea II, de 2004, no impidió la crisis que arrastramos y que comenzó en 2007. Es imposible que la evitara, porque las normas que se derivan de estos acuerdos imponen a los banqueros un sistema prudente de gestión que pueden minimizar los riesgos que asumen, pero no evitar los riesgos que se derivan de una gestión imprudente de la política monetaria que realizan los bancos centrales, auténticos culpables de la crisis.
Esta semana nos bombardearán con las bondades del acuerdo de Basilea III -se lo anuncio hoy que estamos a lunes- que, en cierto modo, corrige Basilea II. Parecerá que ya nunca más habrá crisis bancarias, pero usted y yo sabemos que eso no será así. Primero, porque como en cualquier actividad, siempre habrá algunos que cometan errores y otros que cometan deshonestidades. Pero, sobre todo, porque con el sistema de banca central que padecemos en Occidente, las crisis sistémicas no pueden desaparecer.
Periódicamente, las autoridades tendrán la tentación de calentar un poquito la economía, que no pasa nada. Algo así como la muchacha que deja a su novio jugar un poquito por debajo de la camisa. Y cuando el calor entra por las venas del sistema bancario, esto ya no hay quien lo pare… como al novio. La reforma del sistema financiero no es la de la banca privada, como insisten las autoridades, sino la de la banca central. Otra cosa sólo nos conduce a embarazos no deseados.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Hasta ahora ha habido dos grandes acuerdos, los de 1988 y 2004, y ahora se está perpetrando el tercero: Basilea III. Digo perpetrando porque en la demagogia publicista que caracteriza a las autoridades occidentales, estos grandes acuerdos en materia de legislación se presentan como la solución casi inmediata a los problemas que nos afligen, y no son eso. Por ejemplo, el acuerdo anterior, Basilea II, de 2004, no impidió la crisis que arrastramos y que comenzó en 2007. Es imposible que la evitara, porque las normas que se derivan de estos acuerdos imponen a los banqueros un sistema prudente de gestión que pueden minimizar los riesgos que asumen, pero no evitar los riesgos que se derivan de una gestión imprudente de la política monetaria que realizan los bancos centrales, auténticos culpables de la crisis.
Esta semana nos bombardearán con las bondades del acuerdo de Basilea III -se lo anuncio hoy que estamos a lunes- que, en cierto modo, corrige Basilea II. Parecerá que ya nunca más habrá crisis bancarias, pero usted y yo sabemos que eso no será así. Primero, porque como en cualquier actividad, siempre habrá algunos que cometan errores y otros que cometan deshonestidades. Pero, sobre todo, porque con el sistema de banca central que padecemos en Occidente, las crisis sistémicas no pueden desaparecer.
Periódicamente, las autoridades tendrán la tentación de calentar un poquito la economía, que no pasa nada. Algo así como la muchacha que deja a su novio jugar un poquito por debajo de la camisa. Y cuando el calor entra por las venas del sistema bancario, esto ya no hay quien lo pare… como al novio. La reforma del sistema financiero no es la de la banca privada, como insisten las autoridades, sino la de la banca central. Otra cosa sólo nos conduce a embarazos no deseados.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 10 de septiembre de 2010
Justicia sin Estado
Ya es viernes. El primer viernes del nuevo curso escolar para los adultos, como usted y yo para los que el año comienza en septiembre, aunque los niños y los jóvenes todavía disfrutan de vacaciones. Y ya saben ustedes lo que ocurre en este blog todos los viernes: que el pelmazo del autor les envía a la biblioteca o a la librería a por un libro. Esta semana quiero comentarles un texto del profesor de la Universidad del Estado de La Florida, Bruce Benson, que se llama Justicia sin Estado.
Como ustedes saben, los partidarios del Estado mínimo defienden que las funciones del mismo deben circunscribirse a la justicia, la seguridad y la defensa. El profesor Benson constata que en los últimos años, los servicios privados de seguridad y el arbitraje han crecido fuertemente en Occidente, lo que vendría a demostrar -para él- la incapacidad de los estados modernos para prestar estos servicios de manera satisfactoria. Sobre esta base el texto que les recomiendo nos hace plantearnos si podemos seguir afirmando que el orden público y la Justicia deben continuar siendo competencias exclusivas del sector público.
La tesis puede compartirse o no, pero la discusión rigurosa de la misma, a la que nos somete Benson, no deja de ser apasionante. La postura, de admitirse, nos presenta que el anarcocapitalismo -casi sin presencia intelectual en España, pero no así en otros países- puede ser algo más que una mera discusión académica. Si quieren mi opinión, les diré que soy partidario de la institución del Estado, aunque no lo parezca a veces por lo crítico que soy hacia ella, porque creo que tiene una base moral. Es el abandono de esa base moral que justifica el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, lo que ha producido la ineficacia pública que sirve al autor que les comento, para justificar la privatización de la Justicia y la Seguridad. Como ven, la discusión es atractiva. Así que no lo duden y lean Justicia sin Estado, de Bruce Benson.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Como ustedes saben, los partidarios del Estado mínimo defienden que las funciones del mismo deben circunscribirse a la justicia, la seguridad y la defensa. El profesor Benson constata que en los últimos años, los servicios privados de seguridad y el arbitraje han crecido fuertemente en Occidente, lo que vendría a demostrar -para él- la incapacidad de los estados modernos para prestar estos servicios de manera satisfactoria. Sobre esta base el texto que les recomiendo nos hace plantearnos si podemos seguir afirmando que el orden público y la Justicia deben continuar siendo competencias exclusivas del sector público.
La tesis puede compartirse o no, pero la discusión rigurosa de la misma, a la que nos somete Benson, no deja de ser apasionante. La postura, de admitirse, nos presenta que el anarcocapitalismo -casi sin presencia intelectual en España, pero no así en otros países- puede ser algo más que una mera discusión académica. Si quieren mi opinión, les diré que soy partidario de la institución del Estado, aunque no lo parezca a veces por lo crítico que soy hacia ella, porque creo que tiene una base moral. Es el abandono de esa base moral que justifica el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, lo que ha producido la ineficacia pública que sirve al autor que les comento, para justificar la privatización de la Justicia y la Seguridad. Como ven, la discusión es atractiva. Así que no lo duden y lean Justicia sin Estado, de Bruce Benson.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Sobre la deuda de los ayuntamientos
El Gobierno ha rectificado su decisión de esta primavera de prohibir a los ayuntamientos el endeudamiento. No es la primera vez que lo hace. Al día siguiente de la publicación en el BOE de dicha prohibición, eliminó la entrada en vigor inmediata de la norma para que lo hiciera a partir del próximo 1 de enero, provocando de esa manera algo así como un tonto el último de alcaldes ante los mostradores de los bancos.
Ahora, el Gobierno levanta la prohibición y establece unas limitaciones al endeudamiento de las corporaciones locales, basadas en la situación financiera de las mismas y en la finalidad de la financiación recibida. Nada que decir a la rectificación. Parece más razonable que sea así, porque no todos los municipios tienen la misma solvencia. Dejando a un lado que esto no confirma sino que la señora Salgado debe ser la señora a la que se refiere Verdi en su ópera Rigoletto cuando afirma que la dona e mobile qual piuma al vento, la nueva norma, a grandes rasgos, no es sino el rescate de una anterior y, además, con tanto cambio, ha devenido en ineficaz.
Antes de todo este baile legal, el endeudamiento de los ayuntamientos ya estaba tasado. Eran frecuentes los conflictos entre los alcaldes -que al fin y al cabo son interinos- y los probos funcionarios de los cuerpos de secretarios e interventores de administración local, puesto que estos últimos, conocedores de la norma, solían advertir a los primeros de la imposibilidad legal, en muchos casos, de endeudarse. Estos conflictos se solucionaban, en ocasiones, a favor de los primeros -los alcaldes- removiendo de sus puestos a los funcionarios en algunos casos, o diseñando operaciones que formalmente podían escapar del control legal.
No necesitábamos norma nueva tanto como más apoyo a los funcionarios. Pero es que, además, como he dicho, la nueva norma va a ser ineficaz en su pretensión de desahogar a los ayuntamientos. Primero, porque sólo permite el endeudamiento para inversión en infraestructura, cuando las corporaciones lo necesitan para hacer frente a su gasto corriente. Segundo, porque al menos los bancos (no sé las cajas que controlan los políticos), con este devenir de leyes, tienen claro que prestar a los municipios es convertir la liquidez, ahora que no andan sobrados, en hielo y para siempre.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Ahora, el Gobierno levanta la prohibición y establece unas limitaciones al endeudamiento de las corporaciones locales, basadas en la situación financiera de las mismas y en la finalidad de la financiación recibida. Nada que decir a la rectificación. Parece más razonable que sea así, porque no todos los municipios tienen la misma solvencia. Dejando a un lado que esto no confirma sino que la señora Salgado debe ser la señora a la que se refiere Verdi en su ópera Rigoletto cuando afirma que la dona e mobile qual piuma al vento, la nueva norma, a grandes rasgos, no es sino el rescate de una anterior y, además, con tanto cambio, ha devenido en ineficaz.
Antes de todo este baile legal, el endeudamiento de los ayuntamientos ya estaba tasado. Eran frecuentes los conflictos entre los alcaldes -que al fin y al cabo son interinos- y los probos funcionarios de los cuerpos de secretarios e interventores de administración local, puesto que estos últimos, conocedores de la norma, solían advertir a los primeros de la imposibilidad legal, en muchos casos, de endeudarse. Estos conflictos se solucionaban, en ocasiones, a favor de los primeros -los alcaldes- removiendo de sus puestos a los funcionarios en algunos casos, o diseñando operaciones que formalmente podían escapar del control legal.
No necesitábamos norma nueva tanto como más apoyo a los funcionarios. Pero es que, además, como he dicho, la nueva norma va a ser ineficaz en su pretensión de desahogar a los ayuntamientos. Primero, porque sólo permite el endeudamiento para inversión en infraestructura, cuando las corporaciones lo necesitan para hacer frente a su gasto corriente. Segundo, porque al menos los bancos (no sé las cajas que controlan los políticos), con este devenir de leyes, tienen claro que prestar a los municipios es convertir la liquidez, ahora que no andan sobrados, en hielo y para siempre.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Gravando a los bancos
Ahora los estados quieren cobrarse de todo el sector bancario las ayudas que dieron a algunos. La tasa no evitará episodios de crisis como los que hemos vivido, sino que justificará las futuras ayudas al sector. Ya no se pretende evitar las crisis futuras, sino sobrellevarlas, porque no se quiere aprender de los errores del pasado: los bancos centrales, con su emisión de dinero sin respaldo, son los culpables. Los estados que han animado a los bancos centrales a financiarlo todo, incluido sus déficit, a través de su red de franquicias, constituida actualmente por
los bancos privados, y estos últimos que, como en toda actividad regulada hasta el extremo, resultan interesadamente irresponsables de sus actos, son cómplices. Me parece bien que los bancos aseguren sus depósitos, pero con un sector asegurador privado en el que haya relación entre las primas, los riesgos y los capitales asegurados. Y que no asegure más que eso. Todo lo demás es más de lo mismo: subvención e intervención.
Y admítanme un consejo: descofíen siempre del Gobierno.
los bancos privados, y estos últimos que, como en toda actividad regulada hasta el extremo, resultan interesadamente irresponsables de sus actos, son cómplices. Me parece bien que los bancos aseguren sus depósitos, pero con un sector asegurador privado en el que haya relación entre las primas, los riesgos y los capitales asegurados. Y que no asegure más que eso. Todo lo demás es más de lo mismo: subvención e intervención.
Y admítanme un consejo: descofíen siempre del Gobierno.
El aseguramiento público de los depósitos bancarios
Subirle los impuestos a la banca es popular, lo que no quiere decir que sea justo ni que tenga sentido. Ahora, la Unión Europea y España también anuncian una tasa para las entidades de depósito. Se justifica, según las autoridades, para hacer frente a posibles crisis futuras del sector. La verdad es otra. El afán es meramente recaudatorio, lo que no es malo en sí mismo, porque las arcas públicas andan exangües. Lo criticable está en que esta tasa justificará las futuras ayudas al sector.
Nadie podrá discutir al sector la protección y la garantía del Estado en caso de problemas en el futuro, porque ha pagado por ello. Además, de manera ilimitada porque, a diferencia de los actuales fondos de garantía de depósitos, con estas aportaciones no se pretende constituir un patrimonio separado con el que socorrer a las entidades en dificultades. Claro que algunos me dirán, y con razón, que tampoco se ha hecho ahora con el patrimonio de los fondos de garantía. Más bien al contrario. Como dichos fondos eran insuficientes, los estados han acudido en auxilio del sector, sin límite.
Nada tengo en contra del aseguramiento de los depósitos bancarios, pero sí en contra el aseguramiento público de los mismos. La experiencia de estos años me da la razón. En el aseguramiento público no guardan relación las contribuciones realizadas por las entidades con los capitales asegurados, que han sido ilimitados. Esto es ineficiente desde un punto de vista económico. Imaginen qué ocurriría si las compañías aseguradoras privadas no estimasen las primas en función del riesgo, y limitasen las cantidades aseguradas. Por otro lado, imaginen cuánto se va a disparar la irresponsabilidad de los gestores bancarios si el sector cuenta con la garantía del Estado.
Si quieren, obliguen a los bancos a asegurar sus depósitos como nos obligan a los demás a tomar el seguro a terceros en nuestros automóviles, pero dejen a otras compañías privadas fijar el precio y las cantidades que están dispuestas a cubrir. Quítenle esta responsabilidad al Estado y, lo que es más importante, a nuestros bolsillos. Asegurar depósitos bancarios en estas condiciones será un negocio ruinoso para las arcas públicas, que no son sino nuestros bolsillos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Nadie podrá discutir al sector la protección y la garantía del Estado en caso de problemas en el futuro, porque ha pagado por ello. Además, de manera ilimitada porque, a diferencia de los actuales fondos de garantía de depósitos, con estas aportaciones no se pretende constituir un patrimonio separado con el que socorrer a las entidades en dificultades. Claro que algunos me dirán, y con razón, que tampoco se ha hecho ahora con el patrimonio de los fondos de garantía. Más bien al contrario. Como dichos fondos eran insuficientes, los estados han acudido en auxilio del sector, sin límite.
Nada tengo en contra del aseguramiento de los depósitos bancarios, pero sí en contra el aseguramiento público de los mismos. La experiencia de estos años me da la razón. En el aseguramiento público no guardan relación las contribuciones realizadas por las entidades con los capitales asegurados, que han sido ilimitados. Esto es ineficiente desde un punto de vista económico. Imaginen qué ocurriría si las compañías aseguradoras privadas no estimasen las primas en función del riesgo, y limitasen las cantidades aseguradas. Por otro lado, imaginen cuánto se va a disparar la irresponsabilidad de los gestores bancarios si el sector cuenta con la garantía del Estado.
Si quieren, obliguen a los bancos a asegurar sus depósitos como nos obligan a los demás a tomar el seguro a terceros en nuestros automóviles, pero dejen a otras compañías privadas fijar el precio y las cantidades que están dispuestas a cubrir. Quítenle esta responsabilidad al Estado y, lo que es más importante, a nuestros bolsillos. Asegurar depósitos bancarios en estas condiciones será un negocio ruinoso para las arcas públicas, que no son sino nuestros bolsillos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 7 de septiembre de 2010
Krugman y la segunda guerra mundial
Ayer, el Presidente Obama anunció una rebaja de impuestos y un aumento del gasto en infraestructuras como modo de reactivar la economía norteamericana, que no termina de salir adelante. Nuestra vicepresidenta económica debió de sentirse en fuera de juego, dada la identificación política que el gobierno español pretende con la administración norteamericana, y defendió la austeridad española. No voy a entrar en la polémica entre dos gobiernos impacientes, a los que sólo preocupan las encuestas y poco el bienestar a largo plazo de sus ciudadanos, dado que, en el largo plazo, sólo les interesa su situación económica personal.
Sin embargo, sí voy a pararme en las declaraciones del premio Nobel de Economía de 2008, el norteamericano Paul Krugman, que andaba criticando hasta ayer, supongo, a su presidente por la falta de estímulos fiscales para sacar a su país de la recesión. El señor Krugman ha comparado la actuación de Obama en 2010 con el error del presidente Rooselvelt en 1937, de no apostar por un elevado déficit público para estimular la economía. Y para prueba final de la rectificación que este presidente demócrata de entonces aplicó con éxito, nos muestra la segunda guerra mundial. Nos insiste en el éxito económico que supuso llegar al endeudamiento del 200% del PIB de 1940, que provocó la guerra y el consiguiente relanzamiento para la economía norteamericana.
Espero que, a pesar de su tinte progresista, ni Obama ni el usufructuario de La Moncloa le hagan mucho caso al profesor Krugman. Más que nada porque la guerra costó, en términos de vidas humanas, un 2% de la población mundial de entonces, lo que en términos actuales serían 130 millones de persona y entonces fueron unos 70 millones. No me supongan por esto pacifista. Eso se lo dejo a Krugman, que es progresista.
Me parece que el esfuerzo anglonorteamericano en la segunda guerra mundial estaba plenamente justificado, como la carrera de armamento de los años 80 que terminó provocando el colapso económico de la Unión Soviética. Esta última carrera fue promovida por Reagan, que contaba entre sus asesores, a pesar del diferente signo político, con el profesor Krugman. Por la supervivencia todo gasto es poco, y si fracasas que te busquen los tenedores de deuda pública. La guerra puede ser una excusa para el déficit público, pero la crisis no puede ser una excusa para la guerra. Ni como hipótesis. Con estos premios Nobel de Economía y de la Paz estamos listos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Sin embargo, sí voy a pararme en las declaraciones del premio Nobel de Economía de 2008, el norteamericano Paul Krugman, que andaba criticando hasta ayer, supongo, a su presidente por la falta de estímulos fiscales para sacar a su país de la recesión. El señor Krugman ha comparado la actuación de Obama en 2010 con el error del presidente Rooselvelt en 1937, de no apostar por un elevado déficit público para estimular la economía. Y para prueba final de la rectificación que este presidente demócrata de entonces aplicó con éxito, nos muestra la segunda guerra mundial. Nos insiste en el éxito económico que supuso llegar al endeudamiento del 200% del PIB de 1940, que provocó la guerra y el consiguiente relanzamiento para la economía norteamericana.
Espero que, a pesar de su tinte progresista, ni Obama ni el usufructuario de La Moncloa le hagan mucho caso al profesor Krugman. Más que nada porque la guerra costó, en términos de vidas humanas, un 2% de la población mundial de entonces, lo que en términos actuales serían 130 millones de persona y entonces fueron unos 70 millones. No me supongan por esto pacifista. Eso se lo dejo a Krugman, que es progresista.
Me parece que el esfuerzo anglonorteamericano en la segunda guerra mundial estaba plenamente justificado, como la carrera de armamento de los años 80 que terminó provocando el colapso económico de la Unión Soviética. Esta última carrera fue promovida por Reagan, que contaba entre sus asesores, a pesar del diferente signo político, con el profesor Krugman. Por la supervivencia todo gasto es poco, y si fracasas que te busquen los tenedores de deuda pública. La guerra puede ser una excusa para el déficit público, pero la crisis no puede ser una excusa para la guerra. Ni como hipótesis. Con estos premios Nobel de Economía y de la Paz estamos listos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 6 de septiembre de 2010
El próximo exministro de Trabajo
Ya estamos casi todos de vuelta, y la verdad es que no sé qué contarles este primer día de curso, pero les recomiendo un par de cosas: la primera, que no se crean eso del síndrome post-vacacional porque es mentira. Esto que nos pasa a usted y a mí, y por lo que nos cuesta tanto arrancar, se ha llamado toda la vida pereza, y contra pereza, ya sabe, diligencia. La segunda, no se dejen arrastrar por ese pesimismo actual tan en boga en los medios de comunicación por el que casi parece una desgracia haber acabado las vacaciones y enfrentarse a la pereza consiguiente a la vuelta. Lo que es una desgracia es no haberse podido ir de vacaciones y seguir sin trabajo, o encontrarse sin él, a la vuelta.
En este sentido, el que lo ha hecho de miedo, como suele decirse, es el señor ministro de Trabajo, que va a empalmar las vacaciones de verano con todo el mes de septiembre como ministro dimisionario. Así, cobra de ministro, pero no decide ni hace nada de ministro porque se va a ir y, de paso, los sindicalistas, que han convocado huelga para el 29, mientras mentan a su madre, aseguran al usufructuario de la Moncloa que la del próximo titular de trabajo se incorpora limpia e inmaculada. Todo un detalle.
Casi, casi se demuestra con todo este suceso que la cartera de trabajo no sirve para nada, como casi reconoció su titular hace unos meses cuando aseguró que casi no tenía competencias porque estaban transferidas a los gobiernos regionales. Así que como él no tenía casi competencias y los consejeros de las comunidades autónomas estarían pidiendo que les diesen más, sólo la República Sudafricana, con un 25% de paro, supera al campeón mundial de fútbol en desempleo, que supera ligeramente el 20%, entre las 42 principales economías del mundo. Pero no haga mala sangre con la política hoy que comienza el curso, ni durante este año. Espere poco de los políticos, su suerte depende de usted y poco va a cambiar en el corto plazo por la acción de éstos. Si está sin trabajo, busque, emprenda y fórmese. A los políticos exíjales mucho, créales muy poco o nada pero, sobre todo, no yerre con su voto en la próxima convocatoria electoral.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
En este sentido, el que lo ha hecho de miedo, como suele decirse, es el señor ministro de Trabajo, que va a empalmar las vacaciones de verano con todo el mes de septiembre como ministro dimisionario. Así, cobra de ministro, pero no decide ni hace nada de ministro porque se va a ir y, de paso, los sindicalistas, que han convocado huelga para el 29, mientras mentan a su madre, aseguran al usufructuario de la Moncloa que la del próximo titular de trabajo se incorpora limpia e inmaculada. Todo un detalle.
Casi, casi se demuestra con todo este suceso que la cartera de trabajo no sirve para nada, como casi reconoció su titular hace unos meses cuando aseguró que casi no tenía competencias porque estaban transferidas a los gobiernos regionales. Así que como él no tenía casi competencias y los consejeros de las comunidades autónomas estarían pidiendo que les diesen más, sólo la República Sudafricana, con un 25% de paro, supera al campeón mundial de fútbol en desempleo, que supera ligeramente el 20%, entre las 42 principales economías del mundo. Pero no haga mala sangre con la política hoy que comienza el curso, ni durante este año. Espere poco de los políticos, su suerte depende de usted y poco va a cambiar en el corto plazo por la acción de éstos. Si está sin trabajo, busque, emprenda y fórmese. A los políticos exíjales mucho, créales muy poco o nada pero, sobre todo, no yerre con su voto en la próxima convocatoria electoral.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 2 de agosto de 2010
El intervencionismo que no cesa
El pasado día 26 se nos despachó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con una nota de siete páginas, en la que nos informaba de los avances que han hecho desde diciembre de 2009 en la reforma de determinadas cuestiones sobre el capital y la liquidez de las entidades. Además, nos emplazaban para septiembre, como si no hubieran superado la asignatura, para una nueva nota. No les voy a contar el contenido íntegro, porque aunque el texto es corto (siete páginas) requiere muchas lecturas para asimilarlo, pero sí un párrafo que en mi opinión es, cuando menos, peligroso.
Es peligroso porque aumenta eso que se ha llamado el riesgo moral de las entidades. Solemos decir que el riesgo moral es mayor en economía cuando las consecuencias negativas de las decisiones de un agente son soportadas por otros agentes que, sin embargo, se ven escasamente beneficiados de las decisiones con consecuencias positivas. Es lo que algunos criticamos de las ayudas públicas a la banca o de algunos mecanismos de apoyo a este sector: los beneficios de la actuaciones de los equipos directivos de los bancos son para estos mismos equipos directivos y los accionistas de los bancos, pero las pérdidas son asumidas por el sector público y, en último término, por los contribuyentes. Un esquema como este incentiva los comportamientos más arriesgados, que son los que más beneficios y pérdidas pueden generar, porque el decisor sólo soporta los beneficios.
El párrafo en cuestión nos informa de que el Comité está estudiando un mecanismo que permita a los supervisores bancarios tomar una participación en el capital, con la consiguiente inyección de recursos desembolsados por el supervisor, de aquellas entidades con dificultades para obtenerlos en una situación crítica en el mercado. Sería algo así como una línea de financiación permanente de capital para todas las entidades bajo la responsabilidad de una autoridad supervisora, de la que se dispondría cuando dicha autoridad lo considerase necesario para salvar una institución. Las entidades de crédito privadas se han convertido poco más o menos, lo he apuntado muchas veces, en franquicias de un banco central que las utiliza para distribuir liquidez en el territorio en que la moneda que emite es de curso legal. Este mecanismo convierte a las entidades en más franquicias aún, pues el franquiciador, el banco central, les asegura a través de otra agencia, el supervisor bancario, el buen fin de su negocio en cualquier caso.
Está claro que las autoridades desconfían del mercado y no le dejan operar hasta sus últimas consecuencias: la bancarrota, pero que no abrazan los postulados últimos de su forma de actuar y razonar: nacionalización de la banca. Todo esto sin entrar en los problemas concretos que surgirán de aprobarse este mecanismo, pues la decisión de inyectar, la cuantía y el momento de la misma, se prestan a todo tipo de discrecionalidades. Aunque no lo crean, cuando veo avanzar de esta manera los postulados intervencionistas, me acuerdo de mi abuelo cuando decía que si para esto hemos ganado una guerra. Los países occidentales resistieron durante setenta y cinco años al bloque soviético: un desastre en lo económico, para terminar con un modelo aún peor en muchos aspectos de continuar así.
Lo que se nos avecina es un sistema financiero, desde el que se controla la totalidad del económico, en el que la nomenclatura se apropia de los beneficios y nos traslada las pérdidas a los contribuyentes en aras de un bien común que se sustenta en el miedo. El miedo deberían sentirlo los directivos bancarios y sus accionistas cada vez que toman una decisión si les hiciésemos responsables de la misma. Las autoridades podrían dejar de sentirlo si abandonasen el discurso de que ellos son los garantes de nuestro bienestar económico, porque como no es verdad ni pueden lograrlo, se quitarían un enorme peso de encima.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Es peligroso porque aumenta eso que se ha llamado el riesgo moral de las entidades. Solemos decir que el riesgo moral es mayor en economía cuando las consecuencias negativas de las decisiones de un agente son soportadas por otros agentes que, sin embargo, se ven escasamente beneficiados de las decisiones con consecuencias positivas. Es lo que algunos criticamos de las ayudas públicas a la banca o de algunos mecanismos de apoyo a este sector: los beneficios de la actuaciones de los equipos directivos de los bancos son para estos mismos equipos directivos y los accionistas de los bancos, pero las pérdidas son asumidas por el sector público y, en último término, por los contribuyentes. Un esquema como este incentiva los comportamientos más arriesgados, que son los que más beneficios y pérdidas pueden generar, porque el decisor sólo soporta los beneficios.
El párrafo en cuestión nos informa de que el Comité está estudiando un mecanismo que permita a los supervisores bancarios tomar una participación en el capital, con la consiguiente inyección de recursos desembolsados por el supervisor, de aquellas entidades con dificultades para obtenerlos en una situación crítica en el mercado. Sería algo así como una línea de financiación permanente de capital para todas las entidades bajo la responsabilidad de una autoridad supervisora, de la que se dispondría cuando dicha autoridad lo considerase necesario para salvar una institución. Las entidades de crédito privadas se han convertido poco más o menos, lo he apuntado muchas veces, en franquicias de un banco central que las utiliza para distribuir liquidez en el territorio en que la moneda que emite es de curso legal. Este mecanismo convierte a las entidades en más franquicias aún, pues el franquiciador, el banco central, les asegura a través de otra agencia, el supervisor bancario, el buen fin de su negocio en cualquier caso.
Está claro que las autoridades desconfían del mercado y no le dejan operar hasta sus últimas consecuencias: la bancarrota, pero que no abrazan los postulados últimos de su forma de actuar y razonar: nacionalización de la banca. Todo esto sin entrar en los problemas concretos que surgirán de aprobarse este mecanismo, pues la decisión de inyectar, la cuantía y el momento de la misma, se prestan a todo tipo de discrecionalidades. Aunque no lo crean, cuando veo avanzar de esta manera los postulados intervencionistas, me acuerdo de mi abuelo cuando decía que si para esto hemos ganado una guerra. Los países occidentales resistieron durante setenta y cinco años al bloque soviético: un desastre en lo económico, para terminar con un modelo aún peor en muchos aspectos de continuar así.
Lo que se nos avecina es un sistema financiero, desde el que se controla la totalidad del económico, en el que la nomenclatura se apropia de los beneficios y nos traslada las pérdidas a los contribuyentes en aras de un bien común que se sustenta en el miedo. El miedo deberían sentirlo los directivos bancarios y sus accionistas cada vez que toman una decisión si les hiciésemos responsables de la misma. Las autoridades podrían dejar de sentirlo si abandonasen el discurso de que ellos son los garantes de nuestro bienestar económico, porque como no es verdad ni pueden lograrlo, se quitarían un enorme peso de encima.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
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