Reformas amarillas

Por fin el Gobierno aprobó esta mañana (ayer para ustedes cuando lean esto) el denominado Real Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero. En el momento de escribir este artículo, poco después del Consejo de Ministros que lo ha aprobado, no disponemos del texto legal sino de la referencia que publica dicho consejo todos los viernes sobre sus acuerdos y, eso sí, de un magnífico archivo de power point de seis diapositivas, incluyendo portada. Sin embargo, algunas cosas podemos decir si luego el texto publicado en el BOR no desmiente a la referencia ni al power point.

El Gobierno nos indica que su motivación ha sido despejar las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema financiero, mediante el aumento de los recursos propios (en concreto, el capital principal o core capital), y la reforma del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el objetivo de reforzar la solvencia y facilitar la canalización del crédito. Vamos a ver si esto tiene sentido. Facilitar la canalización del crédito, como dice el Gobierno, no sé muy bien qué quiere decir, porque los canales son los que son: las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cajas rurales). Si están obstruidos no es por falta de fondos propios, sino porque la liquidez no abunda en el mercado, y porque la solvencia de los posibles beneficiarios del crédito es, en esta situación de crisis, dudosa.

La liquidez, además, depende, en mucho si no en todo, de la política monetaria del Banco Central Europeo y no de nuestro Gobierno. Si por facilitar la canalización del crédito queremos decir que el crédito va a fluir más abundantemente tras el aumento de los requerimientos de recursos propios, y en concreto del core capital, al sistema, esto es literalmente falso. Un aumento de dichos requerimientos es una reducción de la capacidad de endeudamiento de las entidades, lo que es lógico porque estaban sobreendeudadas. El incremento de dicho capital principal sólo quiere decir que de cada 100€ que las entidades prestan a partir de ahora 8€ los tendrán que poner sus accionistas, o al menos no ser exigibles por ningún tipo de acreedor, en lugar de 2€ como era hasta ahora. Visto así, las entidades han pasado de tener un apalancamiento (relación entre acreedores y patrimonio neto) de 49 a 1, a uno de 11,5 a 1.

Así, para cumplir con el nuevo nivel de apalancamiento, las entidades sólo tienen dos vías: aumentar core capital o reducir crédito, o una combinación de ambas políticas. Como conseguir tantos recursos para su patrimonio neto va a ser difícil -máxime cuando hay que financiar, además, los vencimientos de deuda pública y de las entidades, y el déficit público- el crédito, insisto, se reducirá. Y los tipos que se aplican al mismo, subirán. Lo que no facilitará la evolución de la morosidad.

Por otro lado, el Gobierno nos dice, como les indicaba antes, que las medidas son para despejar las dudas sobre la solvencia de las entidades. La obligación de incrementar el capital principal hará más solventes a las entidades, no cabe duda, pero lo que necesitaban los inversores no es que se aumente la solvencia futura, sino que se reconozcan las pérdidas pasadas y, en su caso, se repongan fondos en el caso de que sea necesario. Parece que se ha hecho al revés: pongan fondos, reconocemos pérdidas y luego ¿qué?…si sigue faltando habrá que reponer pero hasta los nuevos límites, muy elevados en comparación con los que se exigen en otros países, lo que colocará a las entidades españolas en mala situación para la competencia internacional. Al fin y al cabo, Basilea III exige estos niveles de composición del capital que exigimos ya en España a partir de 2019. A pesar de todo, mejor esto que nada si no fuera por la nacionalización, que concentrará en manos del Gobierno el mal uso que de su poder han hecho los gobiernos regionales, y todo por no haberse puesto las autoridades centrales antes rojas que ahora amarillas.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La carrera de las cajas de ahorros

El jueves 27 comenzó el desfile de cajas hacia su nuevo destino: la conversión en bancos. La Caixa anunció la transformación de su sociedad tenedora de participaciones empresariales, Criteria, en un banco en el que integraría su negocio financiero. Y se quedaría como mera tenedora del 81 por ciento de las acciones del nuevo banco. Al día siguiente, Unimm, la unión de tres pequeñas cajas catalanas, anunciaba la creación de un banco que se quedaría de matriz y al que traspasaría su negocio bancario. Ayer, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), en el que se integran varias cajas –entre las que destacan la de Madrid y Bancaja–, anunciaba su intención de salir a bolsa. Las motivaciones pueden ser distintas en los tres casos, pero guardan, sin duda, puntos comunes tras el anuncio del Gobierno el lunes 24 de nacionalizar, primero, y privatizar, después, las cajas que no alcanzasen los niveles mínimos de solvencia exigidos.

El primero, que especialmente pesa en las catalanas –y en la nota que emitió Unimm más especialmente todavía–, asegura la supervivencia de la institución caja de ahorros, aunque sólo sea como tenedora de las acciones de un banco. Se evita así la transformación de las cajas en bancos y se preserva el control de los políticos sobre una fundación tenedora de acciones de un banco que, con sus dividendos, financiará obras sociales y diversos puestos de interés para los mismos. No podemos olvidar, en este sentido, las declaraciones de algunos políticos regionales catalanes sobre su rechazo a la conversión de las cajas, al menos las que denominan como suyas, en bancos.

La segunda, tal vez un poco obvia tras el anuncio del Gobierno y que ha pesado mucho en todas estas decisiones, la posibilidad de salir a los mercados para obtener fondos propios en forma de capital a fin de cumplir con las mayores exigencias de lo que se denomina core capital. Las emisiones de acciones ayudarán, además, a solucionar algunos problemas de liquidez que resultan llamativos (BFA anunciaba ayer una necesidad de financiación para 2011 y 2012 de 20.821 millones, un 1,99 por ciento del PIB).

En el caso de La Caixa también ha debido pesar la recomendación del documento consultivo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de diciembre de 2009 en el que recomendaba que, en el nuevo marco de Basilea III, los intereses minoritarios no se tuvieran en cuenta como capital ordinario o, lo que es lo mismo en último término, como core capital. Con la conversión de Criteria en banco, sus antiguos accionistas minoritarios, que tendrán el 19 por ciento, podrían dejar de tener esta consideración siempre que, a efectos de cumplimiento de la normativa sobre recursos propios, se declare matriz al banco y no se fuerce a su consolidación con la caja tenedora del paquete mayoritario.

Visto así, el nuevo banco se encuentra con un incremento de su core capital del 23 por ciento sin ampliar capital ni someterse a los mercados. Al fin y al cabo, a las cajas meramente tenedoras de participaciones no parece razonable aplicarles la normativa de solvencia una vez que no tienen depósitos del público. Esperemos a las próximas semanas, porque está claro que, como en el colegio, parece que alguien ha dicho tonto el último.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.