Esperando a septiembre

Publicó el Banco de España (BdE) el pasado 19 los datos de evolución de la morosidad hasta junio del presente año. No hubo sorpresas a pesar del fuerte crecimiento de la tasa de Morosidad que, en seis meses, ha pasado del 10,43% al 11,61% (más de un 11,31% en términos relativos y en sólo medio año). No hubo sorpresas, a pesar de que todo el aumento se produjo en los últimos tres meses, pues marzo cerró con una tasa del 10,47%. Esperábamos esto y lo esperamos de nuevo cuando salgan los datos de septiembre.

Me perdonarán la inmodestia, pero lo anunciamos Lorena Gómez y yo mismo en estas páginas el pasado 14 de mayo: las cartas circulares a las entidades de los directores generales del Banco de España del pasado 30 de abril denunciaban muy claramente que los Estados financieros del sector no reflejaban adecuadamente la morosidad del mismo, por lo que le conminaban a hacerlo antes del 30 de septiembre próximo. Y así parece que está sucediendo. No es pues un aumento de la morosidad, al menos tan acusadísimo, el que estamos viendo, sino su debido reflejo contable. Está aflorando lo que podríamos tildar de morosidad encubierta, por el mecanismo de las refinanciaciones, hasta la fecha.

El crédito no crece o decrece según para quién. Desde los máximos a diciembre de 2008, su volumen ha caído en un 16,7% para todos. Sin embargo, para actividades productivas, distintas de las que mencionaré a continuación, lo ha hecho en un 25,1% mientras que para actividades inmobiliarias y sus relacionadas sólo lo hizo en un 4,5%. En banca, como en tantas cosas en la vida, a veces parece que son los buenos los que pagan los vidrios rotos por los malos.

El sector financiero, sobreendeudado, ha obtenido la liquidez para hacer frente a sus vencimientos de deuda en los mercados no renovando a empresarios distintos de los inmobiliarios, mientras que, a estos últimos, les ha ido refinanciando sus créditos, antes que obligarles a vender sus activos, tan poco líquidos, a cualquier precio. Al final se ha quemado tejido empresarial con la esperanza de mantener calentitos los precios de los inmuebles, porque ni siquiera se pretendía, por imposible, salvar el sector inmobiliario. Esto ha sido como querer mantener encendido un alto horno con carbón vegetal: la desforestación.

Ya sé que no les cuento nada que no sepan, pero la intervención pública (la política monetaria del BCE, la regulación de solvencia según los Acuerdos de Basilea y los beneficios fiscales) que creó el crédito fácil y lo dirigió a una actividad concreta, ha intentado después repartir entre todos las pérdidas, incidiendo así más en su error. La culpa, como siempre, es del mercado porque no funciona como queremos. Algo así como lamentarse de que el motor de explosión no funciona con agua mineral o, lo que es más grave, los niños pequeños no se alimentan con buen whiskey de malta. Si usted cree todo esto último, o es un ignorante o es propietario de un manantial y un campo de cebada en Escocia.

Pero como les anunciaba, la financiación no crece o decrece según para quien. Para las Administraciones Públicas españolas ha crecido en un 112% desde diciembre de 2008, pero no por igual para todas ellas: un 117% para la central, un 161% la regional y un 35% la local, que como sólo representa, está última, el 4,6% de la deuda pública en circulación, es a la que imponen las otras dos los mayores recortes, por ejemplo: eliminando por ley las retribuciones de millares de concejales de pequeños municipios, retribuciones que no venían siquiera devengando, o forzando la fusión de los saneados con los sobreendeudados, en otro ejemplo más de las bondades del tamaño, que tan buenos resultados nos ha dado en banca.

Cuando casi desaparezca la administración local pequeña (la única en la que todavía se ejerece a veces la democracia directa) querremos reinventarla, como las denominadas prácticas financieras de inclusión social (¡menuda pedantería!) o microcrédito, ahora que han desaparecido las cajas de ahorros y los montes de piedad, y comienzan a resurgir por doquier establecimientos, gracias a Dios no regulados, de empeño.

Será, pues, difîcil ver afluir el crédito al sector privado mientras continúen los elevados déficit púlicos y la normativa sobre solvencia bancaria incentive la compra de deuda pública por parte de las entidades, y esperemos a septiembre para ver si ya hemos superado la asignatura de la transparencia siempre tan morosa.

Contabilidad y finanzas públicas

El Nobel de economía J. K. Galbraith, en su obra Breve Historia de la Euforia Financiera, analiza los procesos especulativos y las crisis financieras y concluye que el elemento común de todas ellas se fundamenta en un doble proceso: la especulación y el endeudamiento, que deviene sistemáticamente en un proceso de euforia especulativa y a su ineludible colapso.

El segundo de los conceptos, más conocido dentro del ámbito financiero como apalancamiento, es un concepto básico para la gestión empresarial, concepto que parte dela consideración de que el uso de fuentes de financiación ajena es bueno y adecuado siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

En primer lugar, que dicho pasivo sólo represente un medio para anticipar decisiones económicas, pero asumiendo que en un momento determinado habrá que devolverlo, por lo que la capacidad de generar liquidez de las inversiones realizadas deben ser capaces de cubrir tanto el principal como los intereses devengados.

En segundo lugar, y en línea con lo anterior, la rentabilidad económica de las inversiones realizadas debe ser capaz de superar el coste del endeudamiento en forma de intereses u otros conceptos.

Ambas condiciones, fáciles e intuitivas de entender desde el ámbito doméstico, parece no quedar tan claro dentro de la gestión de las cuentas públicas. La rentabilidad dentro del ámbito público tiende a medirse en función de un rédito social, quedando el análisis financiero roto para elegir el volumen adecuado de deuda a soportar y de intereses financieros a imputar en el déficit público de ejercicios posteriores.

Asimismo, existe una tendencia generalizada a considerar sólo deuda pública los títulos emitidos por el Estado, dejando en un segundo plano la deuda del sector público estatal o los posibles pasivos contingentes generados por beneficios sociales concedidos a los ciudadanos. Dichas deudas, perfectamente reflejadas dentro dela contabilidad del sector empresarial en forma de pasivos ciertos o de provisiones o incluso pasivos contingentes no son reflejados de la misma forma dentro del sector público, no reflejando, o en su caso infravalorando, su valor dentro de la carga futura del Estado.

En este sentido, la evolución de las finanzas públicas se han soportado en insistentes déficits públicos, en los que la generación de ingresos no son capaces de compensar el gasto corriente en aras de cumplir con programas políticos y sociales comprometidos, pagando con endeudamiento futuro servicios públicos calificados de esenciales, evitando generar tributos a corto plazo, derivando en un aplazamiento en su implantación o subida a momentos posteriores, probablemente en ciclos políticos diferentes.

Ciertamente los poderes públicos son conocedores de los riesgos derivados del endeudamiento y de los costes derivados del mismo. Es por ello que en el momento actual se ha apostado por introducir cambios legales para limitar el gasto, limitando el uso político del déficit. Si bien como concepto general no parece una mala propuesta, y en este sentido podríamos aplaudirla, entraña un engaño nada inocente.

El déficit público no es más que la diferencia entre ingresos y gastos, y es esa misma cifra la que acotamos, pero no definimos a qué nivel. Es decir, podemos cumplir con el precepto constitucional delimitación de déficit con niveles de gasto bajos o con niveles elevados, sin más que buscar la compensación por parte de los ingresos del Estado. La flexibilidad y la capacidad de recaudar en el futuro será el único elemento limitativo del gasto, pero con ello no hemos acotado a los diferentes gobiernos y su deseo de más y mejores servicios a costa de endeudamiento a largo plazo.

La “D” de deuda con la que se escribe la crisis actual (no duden en leer el interesante texto del profesor J.M. Gay de Liébana) no hace sino reconocer el mal uso del apalancamiento y los efectos en la actividad económica y en la economía real, y advierte de la necesidad de introducir medidas de control dentro del ámbito financiero. Dicha vigilancia debe realizarse en el terreno de las entidades financieras pero de manera precisa en el terreno de los poderes públicos.

El endeudamiento privado, en cierta medida forjado por lanecesidad de precios del dinero barato e incentivos a la financiación por parte del sector bancario, se solapa y se oculta con el problema del sector público: su excesivo endeudamiento y especialmente su inadecuado registro contable. El 90 por ciento de deuda pública bruta sólo es un mero indicador del problema. Y es en este punto donde debemos resaltar como el marco normativo contable vigente define como pasivos a las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

A estos efectos, se entiende incluidas las provisiones, esto es, deudas con un cierto carácter contingente en cantidad o precio pero de estimación fiable. Este criterio parece no ser igual en el terreno público, lo que deriva en que ciertos compromisos futuros no tienen un reflejo tan claro dentro de las cuentas públicas.

En este orden de cosas las últimas semanas han sido llamativas al respecto de los argumentos anteriores con la presencia de dos “eventos” que han puesto en evidencia tales problemas. En primer lugar, la necesidad de reformar el sistema de pensiones. El modelo actual presenta importantes quiebras, que a la hora de resolverlas deben partir de una idea general: pagar menos. Las reuniones que se iniciarán a lo largo del mes de septiembre tienen el cometido de ajustar a nuevos criterios actuariales el valor razonable de uno de los pasivos más importantes del sector público: el pago de pensiones.

El segundo evento, quizá menos llamativo al suceder en tierras foráneas, es el vencimiento de operaciones de permuta financiera en tipos de cambio realizadas a lo largo dela década delos 90 por parte de algunos Estados, con la finalidad de facilitar el cumplimiento delos requisitos establecidos para el acceso al euro. Lamentablemente dichos Swaps de tipo de cambio devienen en la actualidad en futuros pagos que supondrán incrementar el déficit público, y por ende una nueva necesidad de financiación.

Si dichas operaciones se hubieran reflejado por su valor razonable se habría identificado adecuadamente el pasivo devengado, así como en su caso –que no ha sido– de un posible activo. Ambos problemas ponen en evidencia dos cuestiones importantes; en primer lugar la inadecuada aplicación de criterios contables para la valoración de dichas operaciones y más que ello su falta de revelación.

Si de la reunión para ajustar el sistema de pensiones se revelara claramente la variación del pasivo del Estado por dicho concepto, conociendo la cifra previa de partida, el electorado sería consciente de que el nuevo cálculo actuarial no ha hecho sino reducir parte delos derechos hasta ahora adquiridos. Un coste imposible de enjuagar pese a la alegría de haber apuntalado el sistema de pensiones.

En segundo lugar, la aplicación de criterios contables empresariales para la determinación del valor razonable de las operaciones de permuta habría permitido analizar en el corto plazo el éxito del que contrató tal operación, o en su caso acusarle de haber comprometido inadecuadamente un producto que en la actualidad deviene en un pasivo a las arcas públicas.

En definitiva, debemos valorar especialmente el ingente volumen de endeudamiento con la que se escribe la crisis actual, pasivos que en el marco dela contabilidad nacional suelen devenir al margen del análisis de la deuda pública y del déficit. Ello evidencia un problema importante, esto es, el hecho de que muchas deudas se generan en el largo plazo, no se reflejan adecuadamente en las “cuentas anuales” de los Estados y, por tanto, la posible quiebra en el que muchos estarían si empleáramos la lógica del marco normativo contable vigente. Acotar desde el terreno legal el déficit delas administraciones no es en sí mismo una mala noticia, pero tampoco es una solución a la generación de deudas futuras.

Ante la necesaria pregunta que deviene de la anterior argumentación de si la solución es más Estado o más Mercado, la respuesta sólo puede ser única: menos déficit y menos endeudamiento. No obstante, no es ahora el momento de platicar sobre una reducción del déficit público que tan sólo intenta arreglar problemas de un sistema que no ha interpretado adecuadamente las lecciones básicas de análisis financiero: la utilidad y el fin último del endeudamiento, esto es, la posibilidad de haber hecho uso dela deuda pública en el momento necesario para incentivar la actividad económica y especialmente para realizar inversiones rentables tanto social como económicamente.