La desaparición de la banca (y del Estado)

La banca se ha convertido en un servicio público de provisión privada que está abandonando el que debería ser su objeto social. Como toda institución que abandona su objeto social, está condenada a desaparecer o a mutar en otra cosa, aunque no cambie su nombre. El negocio de banca se ejerce bajo patente pública, lo que ha echado alas espaldas del Estado toda una serie de obligaciones: regulación, supervisión, prestar garantía de su solvencia... que le comienzan a pesar más que las ventajas de que venía disfrutando: financiación ilimitada de su déficit, control del crédito y, por tanto, de la actividad empresarial.

La finalidad de la banca debiera ser canalizar el ahorro hacia la inversión, pero en Occidente no se ahorra. Las políticas y el discurso públicos potencian en exceso el consumo, el público y el privado, para lo que Occidente creía haber encontrado la piedra filosofal: la monetización delos déficit, públicos y privados, mediante la emisión de moneda que se utiliza para financiarlos.

En esta situación a la población le cuesta entender el papel de la banca, circunscrita a servir de canal para aumentar la base monetaria –que hace el correspondiente banco central– y el crédito, a cambio de una remuneración: el diferencial entre el tipo de interés que fija este último (0,5 por ciento en la Unión Monetaria Europea) y el de los bonos públicos o los créditos privados, en su caso, si el riesgo de estos últimos le parece asumible.

Además, si yerra en la evaluación del riesgo privado, siempre está el Estado para asumir los problemas que esto pueda generar a la solvencia del sector para hacer frente a sus compromisos con los depositantes. Compromisos que, en último término, son públicos porque así lo recoge la legislación y para ello se han constituido los correspondientes mecanismos de garantía de los depósitos.

Este esquema justifica poco la existencia de una banca privada y así una parte numerosa dela ciudadanía, no necesariamente toda ella radical, comienza a preguntarse por qué el crédito no se dirige directamente desde los bancos centrales a los necesitados del mismo sin la intervención privada que, además, cuesta unos importantes recursos, en forma de beneficios bancarios, que podrían dejarse en manos del Estado y de los beneficiarios del crédito.

De hecho, el movimiento de concentración bancaria, auspiciado por las autoridades con la excusa de la solvencia del mismo, va en esa dirección. Si finalmente la banca va a ser de titularidad pública, puesto que no se justifica la privada para el negocio que viene desarrollando, lo que tendremos es un único banco o, como mucho, distintas agencias públicas de canalización del crédito según especialidades: público estatal, público local, agrícola y ganadero, industrial, consumo, etc…

Todo un despropósito aunque parezca razonable a la vista de los párrafos anteriores. El sistema bancario que padecemos es, si no el último reducto de la planificación central soviética, sí el más evidente en una economía que se llama de libre mercado y no lo es. La concentración, insisto que promovida por el Estado, es la lógica del sistema bancario para financiar los continuos déficit públicos (una especie de keynesianismo asimétrico) que hemos adoptado y el modo de huida hacia delante del Estado en su situación de clara insolvencia.

La política de concentración se extiende a todo lo que rodea al sistema y no sólo a la reducción del número de entidades, con el consiguiente aumento del tamaño de las mismas. Así se concentran los reguladores, para evitarla correspondiente competencia entre los mismos, los supervisores para aumentar el control público de las instituciones bancarias, las directrices sobre precios en la mejor tradición soviética... con lo que el Estado va ampliando su objeto social más allá del que le es propio con el peligro que ello supone: su desaparición por inviable, una tragedia a todas luces, o su conversión en una cosa distinta, y claramente peor de lo que debe ser.

Esa parte de la población más radical no defiende, aunque esa sea su sana intención, el Estado cuando exige que absorba las funciones del sistema bancario, sino que, más bien al contrario, lo alimenta como a una oca para hacer foie. Los banqueros que piensan que la salvaguarda de su sector es lo público, aunque algunos no lleguen a verlo en el transcurso de sus vidas, terminarán convirtiendo sus bien remunerados empleos en puestos de trabajo de la función pública. Debemos pensar que o banca y Estado, separados, o ni banca ni Estado, pero juntos. Una paradoja.

Morosidad y buenas intenciones

El pasado 30 de abril el Banco de España envió a las asociaciones de entidades de crédito una serie de criterios sobre el tratamiento contable que dichas entidades deber dar a las refinanciaciones y reestructuraciones de deuda. Dichos criterios no se recogieron en una nueva norma, puesto que no eran sino la interpretación que el Banco de España (BdE) daba a la que actualmente está en vigor. Así, el supervisor simplemente remitió dos cartas, de los directores generales de regulación y de supervisión respectivamente, a dichas asociaciones adjuntándoles un brevísimo documento de cuatro páginas. Poco hay en el fondo que decir sobre la bondad de la interpretación que el supervisor hace de su propia norma: rezuma la claridad la prudencia que le caracterizaron tradicionalmente y sorprenden por lo sorprendente, valga la redundancia, que resulta siempre la aplicación del sentido común a lo que es obvio.

Sin embargo, los comentarios del BdE en su escrito, muestran muchas de las preocupaciones pasadas y aún presentes en nuestras instituciones. BdE reconoce que estas operaciones de refinanciación y reestructuración son necesarias para la gestión del riesgo de las entidades en clientes que están atravesando dificultades, pero sólo cuando estas dificultades son transitorias, de tal manera que no son admisibles simplemente como un modo de soslayar el reconocimiento contable de los deterioros en las carteras. De hecho, en las cartas de los directores generales se destacan dos cosas: en estos momentos la mitad de los créditos refinanciados o reestructurados no están clasificados como normales y el anuncio que hace la supervisión es su intención de seguir este tema en profundidad. Así, ésta última le pide a las instituciones que le den una vuelta a sus carteras de créditos, a la vista del documento que ahora se les envía, antes del 30 de septiembre próximo. De nuevo, como ocurrió cuando el RD 18/2012 (De Guindos II) incrementó los deterioros de los créditos para promoción inmobiliaria en situación de normal, es claro que no tenemos seguridad sobre lo que luce en algunos balances.

Es positivo, no cabe duda, el encomio del BdE en que al guía de interpretación que ahora publica sirva para unificar la que hacen las distintas entidades, de modo que permita la comparabilidad de la información que ahora emiten las mismas. Bajo nuestro punto de vista, la norma que trataba todo este asunto (el famoso Anejo IX de la CBE 4/2004) era ya razonablemente clara pero, en cualquier caso, la claridad nunca es excesiva. Resulta, insistimos, más sorprendente que haya que incidir en determinadas cuestiones como que la decisión sobre si refinanciar o no deba basarse en el análisis de la capacidad de pago del prestatario; que las condiciones de la refinanciación deban corresponder a un plan de pagos realista, o que las entidades de crédito deban contar con estimaciones del valor de las garantías actualizadas y acordes con el mercado. Asimismo, no deja de llamar la atención la exigencia de que las nuevas operaciones no gocen de periodos largos de carencia, que impiden preciar la capacidad real de pago del prestatario, si se quiere que puedan llegar a considerarse como normales. Y todo ello, por lo obvio que nos parece, insistimos, que dichos criterios ya estaban reflejados en la norma.

Sin embargo, el que habla en alto, si no espanta, al menos manifiesta sus miedos y avisa a su alrededor. La política de renovación de las entidades en los próximos meses intentará ajustarse de manera más estrecha a estas indicaciones, por lo que cabe esperar que aumenten las dificultades para los prestatarios con problemas. En concreto, y por las indicaciones que se derivan del documento del BdE, cabe esperar un incremento en las exigencias de nuevas garantías a los deudores, un alargamiento en los plazos de las operaciones, para facilitar la capacidad de pago, pero un acortamiento de los periodos de los de intereses, para evitar las situaciones de crecimiento constante de la deuda. Es posible que al acabar septiembre, y como consecuencia de la indicación de revisión de las carteras de créditos refinanciados, las cifras de morosidad publicadas sean más altas que ahora. Nos atrevemos a decir que ello no será indicativo de que efectivamente sea así, tanto como de que existe actualmente mucha morosidad encubierta de buenos propósitos e intenciones. Ha llegado el tempo de abandonarlos.

Las amenazas para la banca

En tiempos de turbación, no hacer mudanza es la conocida máxima ignaciana que parece que no opera en nuestro panorama sociopolítico ni, por ende, en el legislativo ni en el bancario. Es difícil en un panorama tan convulso hacerse a la idea de hacia dónde camina nuestro sector bancario. Tal vez más que poder hablar de cuál puede ser su situación final, podamos hablar de las amenazas que se ciernen sobre el mismo.

La concentración. Estamos asistiendo a una concentración del sector bancario. La concentración no es buena en ningún sector a pesar de la pasión de las autoridades económicas por favorecerla en el de las entidades de depósito. Las crisis no las provocan nunca la caída de las pequeñas entidades, sino de las grandes, las llamadas sistémicas. Sin embargo, parece que junto a un pequeñísimo grupo de entidades muy grandes puede subsistir otro, relativamente amplio en número, de muy pequeñas entidades (en el caso español claramente identificado con el de las cajas rurales) que todavía nos puedan hacer creer que hay algo de competencia en el mercado.

El mercado bancario es un mercado altamente intervenido. Las entidades ejercen la actividad no sólo sometidas a la autorización previa, sino a un control de precios y cantidades que, por mor de la actuación del banco central, podemos calificar de indicativo.

Sin embargo, ese control indicativo comienza a ser un control grosero, como demuestran las actuaciones del Banco de España tendentes a establecer una fijación en el precio de los depósitos bancarios. Teníamos una pequeña libertad de precios que ahora se reduce, si a eso le añadimos la reducción del número de entidades, antes comentado, y la concentración de una gran cuota del mercado en unas pocas entidades, nos encontramos con un panorama en el que el consumidor de servicios bancarios ve muy reducida su capacidad de influencia a la hora de contratar.

Inseguridad jurídica. Esta es la mayor amenaza para el sector y, lo que es más grave, para el buen funcionamiento de los mercados y de la sociedad en su conjunto. Puede que las actuaciones de la banca no hayan sido todo lo ajustadas a derecho o éticas, que no es lo mismo aunque debieran serlo en muchos casos, que debieran ser. Sin embargo, no podemos movernos en un universo mutante en lo que al Derecho que se aplica a las entidades y a las relaciones con ellas.

Comencemos por el principio: el Derecho que se aplica a las entidades está cambiando en todo momento. Los cambios, por ejemplo, en la regulación que afecta a su solvencia o en el régimen de reconocimiento contable de los deterioros de sus activos está en todo momento en entredicho.

Las modificaciones legales en estos aspectos son constantes lo que no permite una mínima planificación de la gestión de las instituciones. Un buen gestor puede enfrentarse a lo que caracteriza al mercado: su evolución constante, pero no a un marco legal permanentemente en cambio.

Además, un marco legal siempre en revisión cambia lo que debería ser una gestión de carácter económico por otra de carácter meramente político. Las ventajas no se obtienen del mercado, sino del legislador. De este modo, el maridaje que se ha producido entre la dirección de las entidades y la dirección política de la Administración, que tantas críticas ha suscitado por los riesgos que supone y los resultados en que se ha concretado en el pasado reciente, aumenta.

Luego está el Derecho que se aplica a las relaciones de las entidades con terceros. La contratación con los bancos bien puede haber sido muy defectuosa, pero no podemos sustraerle a los tribunales la interpretación individual de los casos en favor de una justicia basada en criterios sociológicos o en meros prejuicios que siempre se basan, ambos: criterios y prejuicios, en la importancia del número.

Ahí tenemos a nuestro Parlamento erigiéndose en corte de arbitraje de la comercialización de participaciones preferentes, en el intento de que las calificadas como cláusulas abusivas por ninguna autoridad competente queden derogadas sin un acto legislativo que clarifique el asunto, o el cambio retroactivo de la legislación hipotecaria con el argumento de que es una legislación muy antigua. Este último argumento, el de que una regulación determinada lleva muchos años en vigor, merece una reflexión aparte.

Una regulación antigua, precisamente por antigua, debe hacernos pensar que no debe ser tan mala cuando durante tanto tiempo ha respondido a las necesidades sociales. La normativa necesita tiempo para desplegar sus efectos y no puede estar en todo momento adaptándose a los tiempos porque el tiempo cambia todos los días.

Por último, la gran fuente de inestabilidad legal son las autoridades. Ahí tenemos el caso chipriota. No es sólo la indecisión que han demostrado en el mismo, sino el poco respeto que han demostrado a la regulación de las que ellas mismas se han dotado, muy probablemente porque se piensan todopoderosas porque tienen la capacidad de cambiarla y con ello creen que la realidad. La realidad, sin embargo, es tozuda y choca con el voluntarismo si no está basado en la verdad.

Necesitamos pues un marco permanente en lo legal y actuar como si creyéramos, si no creemos, en los principios que informan las sociedades libres: la responsabilidad individual de los actos o, lo que es lo mismo, la libertad. La gran amenaza para la banca, el sector en el que pervive con más fuerza los principios de la planificación central soviética, es este: su incardinación dentro del sector público.

Dicha incardinación se está llevando a cabo, como hemos indicado, por varias vías: la toma de control como modo de salvar las entidades ineficientes por parte del Estado y una regulación permanentemente en mutación, fenómenos que hacen cada vez más dependiente la dirección de las entidades de la del Estado, así como la necesidad del Estado de financiar permanentemente sus déficit, lo que ha convertido a este último en un rehén, a su vez, del sector financiero.

Necesitamos romper esta conexión si queremos asegurar la viabilidad de las entidades bancarias que sólo podrán hacerlo si son fieles a su objeto social: la canalización del ahorro a la inversión productiva.