La remuneración de las participaciones preferentes

Creo que alguna vez les he hablado de las participaciones preferentes, y no precisamente bien. No porque la figura me parezca mal: al fin y al cabo las partes pueden contratar lo que deseen siempre que no vaya contra la ley o las buenas costumbres. Lo que me ha parecido mal es el modo de comercializarlas. Muchas entidades las colocaron entre sus clientes sugiriendo que eran prácticamente imposiciones a plazo fijo pero con un interés bastante más alto. Lo del interés era cierto porque el suscriptor de las mismas corría mucho riesgo. Al menos, tres: un mayor riesgo de insolvencia pues no están garantizadas por el fondo de garantía de depósitos mientras que las imposiciones sí; de liquidez, como han podido ver aquellos clientes que han necesitado recuperar anticipadamente su dinero y han vendido las participaciones con importantes pérdidas sobre su nominal y, por último, el riesgo que nos interesa ahora.

Las participaciones preferentes de acuerdo con sus condiciones contractuales y legales sólo pagan intereses en el caso de que el emisor tenga beneficios, de tal modo que ahora mismo habría muchas entidades que podrían plantearse que no deberían pagar estos intereses, con el consiguiente escándalo que eso podría llegar a suponer. Escándalo que nace no de la realidad legal y contractual que son las participaciones preferentes, sino del modo en que se comercializaron porque, probablemente, muchos clientes desconocen la misma aunque firmaran los contratos correspondientes. Y hete aquí que nuestro supervisor bancario ha decidido, para favorecer una fusión de cajas, por supuesto, permitir a una de ellas el pago de los intereses de sus participaciones preferentes a pesar de estar en pérdidas, con el argumento de que lo contrario habría generado incertidumbres entre los clientes y depositantes de la misma.

No sé muy bien qué pensar salvo que ahora, las agencias de calificación extranjeras deberían, en consecuencia, rebajar la calificación de todas las entidades españolas que han emitido preferentes pues, en cierto modo, han dejado de serlo y la finalidad de las mismas era aumentar la solvencia de los emisores.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La galleguidad como argumento

Les dije ayer que esta semana sería de pasión para alguna caja amenazada de intervención, salvo que llegase a algún acuerdo de fusión, y hete aquí que anoche, el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia anunció la fusión de las dos cajas de ahorros de la región: Caixanova y Caixa Galicia. Anuncia algo, que le guste o no, no está del todo en sus manos, porque como reconocía deben aprobarlo los consejos de administración de las dos instituciones, y hay algunos problemas. Una de las cajas, la que parece que está mejor, exige unas ayudas públicas mayores y más baratas, porque el tipo de interés que se aplica a estas ayudas es alto, alrededor del 7% o el 8%, de acuerdo con el riesgo de las operaciones y las exigencias de la Unión Europea. La otra caja no tiene siquiera aprobadas sus cuentas anuales e informe de auditoría de 2009, y tiene de plazo legal hasta mañana y parece que no será mañana cuando las apruebe. Vamos, que todavía le dan un disgusto al señor Feijoo y alguien le demuestra que en Galicia, a parte de él, también está el apóstol Santiago y no siempre todo sale como quiere.

Pero lo más importante para mí son los argumentos de tipo técnico-económico que se han utilizado: la operación está basada en la solvencia, lo que parece razonable, y lo que es más importante: la galleguidad. La galleguidad es un argumento para justificar una operación que debiera ser sólo económica y si fuera política, en el noble sentido de esta palabra, debiera hablarse del bien común. Pero como lo que se utilizan son argumentos bastardos en lo político, porque los económicos no se exigen en el fondo, el bien común nos trae al pairo, y exigimos la galleguidad para justificar la operación.

Imagino que una entidad tan gallega como la resultante no cobrará intereses a los gallegos por sus préstamos y les pagará el doble de los depósitos, mientras que a los no gallegos nos tratará peor. ¡Ah! ¿no? la galleguidad no supondrá una discriminación a favor de los gallegos porque la caja se iría al garete. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Feijoo? Pues de lo de siempre, que usted ha ganado las elecciones y le han tocado dos cajitas en suerte y no las va a soltar.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

¿Por qué no se fusionan las cajas de ahorros?

Este fin de semana último ha habido muchos rumores que aseguraban que el Banco de España iba a intervenir una caja de ahorros. Los rumores se apoyaban en la amenaza que el gobernador había hecho hace unas semanas a algunas cajas en mala situación en el sentido de que o bien se fusionaban o las intervenía. Finalmente, cuando escribo estas líneas, parece que nada ha pasado aún, pero está claro que esta semana va a ser de pasión para algunos.

Además, esta el otro problema del que les he hablado alguna vez: los 99.000 millones de euros, sí han leído bien, 99.000, que el Gobierno aprobó para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el llamado FROB, que deben utilizarse, de ser necesarios, para estas operaciones de fusión y saneamiento antes del 30 de junio o, de lo contrario, habrá que pedir autorización a la Unión Europea. Y claro, quedan tres meses y aquí no se mueve nadie salvo en Cataluña, para aprovechar las ayudas del gobierno español, porque las fusiones más razonables, las transcomunitarias, no gustan a los políticos que no quieren perder la cajita que les tocó en suerte. ¿Pero por qué no se interviene si es que es necesario? o ¿por qué no se fusionan las entidades si esa es la solución alternativa?

La segunda pregunta se la he respondido ya y la primera porque lo que se tienen que intervenir son cajas, no bancos, y los responsables de las cajas no son banqueros sino políticos. Ya se intervino una caja hace un año, dirigida por un político. Ahora parece que hay que intervenir varias porque no se fusionan y no pueden acceder, por tanto, a las ayudas del FROB. Pero es que su intervención sería la demostración, no del fracaso de las cajas como dicen algunos, sino de un modelo de cajas politizadas como otras tantas instituciones muy importantes para el funcionamiento correcto de nuestra economía y nuestro modelo social. La politización de las cajas ha sido algo parecido a la desamortización de las manos muertas en el siglo XIX, la excusa de un grupo de aprovechados para, con el argumento de la racionalización, poner bienes del común o de otros a su disposición sin coste y sin responsabilidades.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Estado contra Mercado

Es viernes, así que ya saben lo que les toca. Hoy les voy a remitir a un texto de un conocidísimo economista por su participación en los medios de comunicación: mi admirado profesor Carlos Rodríguez Braun. Ya saben, ese amable hispano argentino que siempre nos pregunta cómo nos va a pesar del Gobierno. En esta ocasión les voy a recomendar un texto que publicó hace tiempo, diez años, pero que ahora está más en boga que nunca y que todavía pueden conseguirlo en las librerías, según me consta.

El texto es Estado contra Mercado, que además tiene la ventaja de ser un texto que se lee fácilmente en un fin de semana. El profesor Rodríguez Braun es claro en sus escritos y sorprendente en sus conclusiones, y siempre les arrancará una sonrisa. En el fondo les demostrará que para combatir el intervencionismo excesivo que padecemos, lo primero que necesitamos es emplear bien el lenguaje y no dejarnos atrapar por la dialéctica destilada durante todo el siglo XX por los totalitaristas, y que actúa como una auténtica trampa en la que muere la lógica.

Es claro que todo el espectro político actual, sólo lo que los políticos instalados llaman extremos, se salvan, participan de una mentalidad común según la cual el poder político no sólo representa el bien común, sino que lo conoce y sabe cómo alcanzarlo cuando a la vista de lo que ocurre no es así. Pero como son inasequibles al desaliento, si usted lo denuncia le dirán que les faltaron los instrumentos, que necesitaban más intervención, más Estado, para alcanzar sus objetivos porque siempre aparece el mercado para fastidiarles sus planes. Ya saben que el mercado es para los intervencionistas como el mar para un niño que pretende meterlo en una piscina. Y así no hay modo de ordenar la sociedad según su visión. Así que no lo olviden; léanse Estado contra Mercado del profesor Rodríguez Braun.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Que se cumpla la Ley

La salvación de España como nación parece que está en Portugal, única zona de la península donde casi el 40% de la población desea con orgullo ser española, y de los diputados de CIU, la única formación que pone un poco de sentido común en nuestro parlamento. Así, el señor Durán se felicitaba por la proposición de ley que aprobaron ayer, por su iniciativa, los diputados para reducir el plazo de pago de las administraciones a treinta días. El objetivo es alcanzar ese plazo a comienzos de 2013, mediante la reducción progresiva del plazo actual de sesenta días, según la ley vigente.

Pero el verdadero problema no es ése: cobrar en treinta días a partir de 2013. El verdadero problema es que, a pesar del plazo legal actual de sesenta días, la Administración Central tarda 140 días de media en pagar, la Autonómica 150 y la Local 238 días. No hace falta cambiar la ley actual: sesenta días de plazo desde la presentación de la factura hasta el cobro está muy bien. Lo que hace falta es que la Ley, la vigente -no necesitamos una nueva- se cumpla. Si las pequeñas empresas que han entregado bienes y prestado servicios a las administraciones públicas estuvieran cobrando en los sesenta días que marca la ley actual, les aseguro que la situación de las mismas no sería la que es.

La reducción legal de los plazos no sirve de nada si las empresas no tienen instrumentos ejecutivos para exigir ante los tribunales, mediante el embargo si fuera preciso, que se les pague. Instrumentos, que con más o menos fortuna sí tienen para exigir que les paguen sus deudores privados y que permiten que incluso en tiempos de dificultad, la liquidez circule y las relaciones comerciales continúen con más o menos éxito. La situación de muchas de nuestras PYMES no puede esperar a 2013 para que le reduzcan sobre el papel el plazo para cobrar su deuda. Les basta con que se las paguen ahora dentro de los 60 días que marca la ley que no se cumple, y que se le reconozcan los instrumentos que le permiten exigir a los deudores privados que paguen de manera inmediata.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La culpa nunca es de los gobiernos

Ya saben lo que le ha pedido la OCDE a los treinta y un países miembros, las naciones más ricas del mundo: que reduzcan los estímulos fiscales que han utilizado sus gobiernos para reactivar su actividad económica, y que reduzcan su gasto público, porque la deuda pública ha alcanzado niveles insoportables. Ya ven ustedes el corto recorrido, apenas un par de años, que han tenido las medidas que nos iban a sacar de la crisis: no nos han sacado y ya hay que retirarlas. Vamos, que nos hemos puesto el supositorio para el estreñimiento, pero como hemos visto que era peor pues ahora hay que expulsarlo. Vamos, que nos lo hemos puesto un ratito.

Todo esto no muestra sino que las autoridades se han negado a aceptar que la crisis la provocaron ellas y han querido echar la culpa a la Sociedad para después aparecer como salvadores de la misma. Ahora, como no salvan a nadie y es peor continuar en el error, comienzan a aplicar la ortodoxia económica: los excesos se solucionan con austeridad. El endeudamiento excesivo con el que se ha financiado un consumo excesivo se corrige ahorrando. Esto lo saben todos ustedes y las finanzas de la Nación son la suma de la de todos ustedes y las del Gobierno.

El problema es que los gobiernos no han actuado con la prudencia con la que actúan ustedes. Las medidas públicas hasta ahora han llevado el déficit público de los miembros de la OCDE a una media del 8,25% del PIB y han hecho crecer su deuda pública desde un 70% hasta un 100% del PIB en los últimos tres años, lo que supone un crecimiento relativo de más del 40%. Es decir, estas medidas han ido en la dirección contraria. Además, la OCDE ha desaconsejado gravar el consumo con figuras como el IVA (¿les suena?) o los impuestos sobre la renta, y han recomendado buscar los ingresos fiscales en la imposición sobre los bienes inmuebles o los derechos de emisión de gases contaminantes que, por cierto, no es sino un mecanismo de mercado que atribuye los derechos de propiedad sobre el aire que respiramos al Estado como modo de preservarlo. Sin embargo, las autoridades continuarán culpándonos de sus errores a la vez que impidiéndonos responsabilizarnos de nuestras decisiones.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Grecia y su responsabilidad

Hacer el griego puede llegar a tener nuevas acepciones. Por ejemplo, puede querer llegar a decir algo así como: yo me lo gasto pero tú me lo pagas, porque a mí ahora me viene mal. Porque no otra es la actitud del Gobierno griego y de su primer ministro Yorgos Papandreu (hasta que me alcanza la memoria, después de Pericles los gobernantes de Atenas se llaman todos Papandreu). Resulta que el Gobierno griego ha llevado la deuda pública hasta niveles insostenibles que ha ocultado a la Unión Europea mediante los artificios contables oportunos. Ahora que está al borde de la insolvencia, insulta a sus prestamistas tildándolos de especuladores porque le han renovado la misma al 6,3% cuando Alemania paga sólo el 3,3% y, no conforme con ello, se queja de la insolidaridad alemana y atenta contra el sentido común cuando afirma que sería un fracaso de la Unión Europea -y no sólo de Grecia- el castigo y la sanción a este país.

Indudablemente, el pueblo griego no tiene la culpa de haber escogido al grupo que le gobierna, pero ese grupo no puede pretender que sean el resto de los europeos quienes asumamos las consecuencias. Si queremos devolver el sentido a la democracia, los votantes tienen que asumir los errores o la mala suerte de sus elecciones. La idea de que las decisiones nunca tienen coste porque el Estado siempre vendrá a reponerme las pérdidas, que se está cargando ese mecanismo de asunción de responsabilidades económicas que es el mercado, se está trasladando a la política donde esperamos que los errores de una administración sean asumidos por otras de orden superior, un organismo internacional o una entidad multilateral.

Por otro lado, claro que Alemania paga menos que Grecia, pero eso no es porque los alemanes sean más altos y más rubios que los griegos, la señora Merkel sea mujer en lugar de hombre como Papandreu, o conservadora en lugar de socialista como Papandreu, sino porque el gobierno de la señora Merkel está menos endeudado y, además, no ha mentido, como el de Papandreu.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Filolsofía de mercado

Aunque es jueves les voy a enviar a la librería. Ya se lo imaginaban ustedes dado que el fin de semana es largo y mañana es festivo. Otra vez voy a recomendarles un texto de ética, o más bien habría que decir de filosofía, escrito por un profesor que ha prestado mucha atención a la institución del mercado y a sus fundamentos filosóficos y éticos. El libro tiene un título incluso divertido: Filosofía del Mercado. Y se subtitula el mercado como forma de comunicación. El autor es Jesús de Garay, y casi puede decirse que este texto es la continuación de otro que publicó en 1993 y que se titulaba, más divertido aún si cabe, El juego: una ética para el mercado. Digo que más divertido porque muchos pensarán que en eso se ha convertido el mercado, pero eso es confundir los mercados financieros con el mercado y, sobre todo, la apariencia que da el mercado financiero con su fondo.

Lo más importante que subyace en el texto es que el mercado no es sino una forma de comunicación. No la única, ni probablemente la más importante, pero no es sino una forma de comunicarnos con los demás. No otra cosa hacemos cuando actuamos en el mismo y lo hacemos a diario con un gran número de decisiones que se transforman en actos u omisiones que transmiten información a los demás. Estoy muy de acuerdo con el profesor de Garay, tan de acuerdo que la actitud hacia el mercado de los regímenes totalitarios e intervencionistas es la mejor prueba de que el mercado es una forma de comunicación.

Fíjense que lo primero que intenta todo gobierno es controlar las comunicaciones y cuanto más poderosas pueden llegar a ser esas comunicaciones, más interés y empeño pone en controlarlas. El mercado es una fuente de comunicaciones a lo largo de toda una sociedad que los gobiernos pretende controlar para, a su vez, controlar los mensajes, y ello siempre bajo la excusa de nuestro bien que sólo ellos, los del gobierno, conocen. Así, que como este fin de semana es largo, no lo duden y dediquen un rato al libro del profesor Jesús de Garay, Filosofía de Mercado.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El Gobierno británico y la Unión Europea

Pues éste que leen hoy es mi artículo número 100 en este espacio que algunos me han pedido que rellene con las peregrinas ideas que sobre Economía, con la excusa de la actualidad, se me vienen ocurriendo. ¿Y de qué quiero hablarles hoy? Pues de la polémica que tiene montada el Gobierno laborista británico a propósito de un informe de la Unión Europea que dice que dicho Gobierno es muy optimista sobre el futuro del crecimiento económico de Gran Bretaña y que será difícil, como pretende, que reduzca a un 3% de su Producto Interior Bruto su déficit, que anda por el 12% (poco más alto que el español y sólo superior al griego).

La Unión Europea le pide más reducción del gasto público y el Gobierno británico dice que tal reducción pone en peligro el crecimiento económico. En pocas palabras, el Gobierno de su Graciosa Majestad ha contestado que no tienen ni idea, y en Londres se ha montado, no sé si la de San Quintín que decimos, o dado que son ingleses mejor habría que decir la de San Crispín. Pues como ustedes sabrán en ambas batallas, las celebradas los días de San Quintín y de San Crispín, los perdedores fueron los franceses y los vencedores los españoles en la primera, y los ingleses en la segunda.

Pero vamos a lo que vamos. La oposición conservadora, o Tory, como gustan allí de decir, afirma que los eurócratas llevan razón y que es el Gobierno el que no tiene ni idea. Lo que supone un cambio de posición respecto de Europa, pues los conservadores son, por lo general, más euroescépticos que los laboristas. En cualquier caso, el encaje de la Unión Europea en la política económica de los estados comienza a ser un problema, porque o le damos autoridad o mejor que no opine, con independencia de la bondad o no de sus juicios. En mi opinión, cuantos más gobiernos haya en Europa mejor, al menos podemos comparar e incluso, con un poco de suerte, irnos si no nos gusta. Pero en cualquier caso, del rifi-rafe entre laboristas y conservadores ustedes pueden sacar dos conclusiones: o bien que los laboralistas en el gobierno son igual en todas partes, o bien que la condición humana es igual en todas partes. ¡Quédense con la que más les guste!

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El Tribunal Supremo y el aceite de oliva

Ahora que le van a subir el IVA, es posible que en los próximos meses le suba el aceite. Ese magnífico aceite de oliva que se produce en España y que tanto nos gusta, no sólo para cocinar sino para consumir crudo en una buena tostada por las mañanas. ¿Y por qué esperamos que suban los precios? Pues porque el Tribunal Supremo le ha dado la razón a una sociedad denominada CECASA, después de que la perdiera ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, primero, y la Audiencia Nacional después, que mostraron mejor conocimiento sobre lo que son los intereses generales que lo que hace ahora el Supremo.

¿Y cuál era la pretensión de CECASA, una sociedad participada por las cooperativas de producción de aceite y las almazaras? Pues no otra que la creación de una sociedad que almacene y retire del mercado los excesos de producción de aceite de algunos años, los de abundante producción, con el fin de evitar las caídas de precios esperadas en tales años. La idea será recuperar la inversión en almacenes y los gastos de almacenamiento, sacando al mercado el producto retirado en los años de producción más baja y precios más altos. No cabe duda de que una actuación como la pretendida por CECASA, tal vez debería haber provocado la defensa de los consumidores por parte de los tribunales, en lugar de los de los productores. Al menos en una sociedad que siempre presume de defender al débil.

Sin embargo, tampoco tengo claro que los consumidores merezcan más defensa que los productores. Lo que más me irrita es el desconocimiento que todos, los tribunales y la propia CECASA, han mostrado sobre el funcionamiento de los mercados y la justicia. Los productores entran en una espiral de costes de almacenamiento que no saben dónde va a parar porque siempre les interesará no dejar caer los precios. Lo más posible es que acaben produciendo un aceite que no quieran vender jamás y acabemos con el aceite como con la producción láctea: produciendo para tirar, para sostener los precios. El gran perjudicado: el consumidor primero, y la caridad después. Porque me dirán ustedes qué sentido tiene producir para destruir antes que bajar los precios, con la necesidad que pasan algunos.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El mercado funciona

Lehman Brothers presentó declaración de quiebra el 15 de septiembre de 2008, hoy hace justo año y medio. Y eso es lo mejor que se pudo hacer con semejante conjunto de comportamientos, no ilegales sino inmorales, a la vista del informe que ha presentado la firma legal encargada por un juzgado de Nueva York de estudiar lo ocurrido. En unos días se cumplirá el primer aniversario de la última intervención de una entidad de depósito española. Me temo que dentro de seis meses seguiremos sin saber nada a pesar de que la entidad intervenida es infinitamente más pequeña que el banco norteamericano que les he citado. En cualquier caso, las consecuencias del informe presentado al juzgado de Nueva York no se harán esperar.

Recuerden, si no, lo que ocurrió en el caso Enron: se descubrió que el comportamiento de la auditora, la primera del mundo en aquel momento, había dejado mucho que desear y desapareció de la faz de la Tierra en pocas semanas, menos de un mes. Ahora, parece que la firma auditora actúo al menos de manera negligente, no podemos afirmar que dolosamente como en el caso Enron, pero esa será suficiente para desatar una cadena de responsabilidades, que en Europa desconocemos, y que se llama sociedad libre o mercado, que explica por qué al otro lado del Atlántico se recuperarán antes a pesar de la FED, la Reserva Federal, que ha decidido europeizarse. Lo mismo puede que le llegue a pasar al despacho de abogados que Lehman Brothers tuvo que buscarse en Londres, porque en Estados Unidos nadie se prestaba a ello, para bendecir las prácticas que le permitieron contabilizar las cosas de tal modo que pudo seguir engañando a todo el mundo un ratito más. No les hablo de otros que reciben lo suyo en el informe: el supervisor norteamericano y las agencias de calificación.

Ya sé que algunos de ustedes me dirán que cómo afirmo que el mercado funciona después de que el auditor, el abogado y el calificador de crédito aparezcan, como suele decirse, pringados. Pues porque el mercado no consiste en que los comportamientos inmorales no existen, sino en que tienen consecuencias y graves. Exactamente lo contrario de lo que ocurre cuando se produce la intervención pública. Y si no me creen, hablamos en seis meses.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

¿Qué es la economía?

Viernes, viernes, viernes. No sé ustedes, pero yo necesitaba ya un viernes, aunque sea de Cuaresma, para no perder la esperanza en que al final de toda semana, por dura que sea, hay siempre un sábado y un domingo para descansar y, lo que es muy importante, para dedicarse a la noble afición de la lectura. Esta semana les traigo un libro gordo, pero fácil de leer. Se llama ¿Qué es la Economía? y está escrito por un conjunto de veintiocho autores -profesores y economistas de prestigio-que aportan cada uno a la obra aquellos aspectos en los que son considerados grandes especialistas. La obra fue coordinada por uno de ellos, el profesor Ramón Febrero.

El libro es fácil de leer porque no necesitan comenzar por la página primera y continuar hasta la última, sino que ustedes pueden ir escogiendo aquellos temas de la economía que más les interesan y leer el capítulo correspondiente, que siempre será una pequeña obra maestra que les introducirá con rigor en el mismo. Prácticamente cualquier asunto o aspecto de la economía sobre el que estén interesados está tratado en el libro y pueden introducirse en el mismo, para luego ir más allá si lo desean haciendo simplemente caso de la bibliografía que cada autor recomienda al final de cada capítulo.

Me parece especialmente interesante la parte segunda del libro, donde los profesores Sánchez Molinero, Huerta de Soto y Barceló nos explican los enfoques básicos de la economía: el neoclásico, el austriaco y el de la reproducción, así como la parte tercera dedicada al papel del Estado en la economía que, como saben, en mí constituye casi una obsesión. Por último, destacar el papel del coordinador, el profesor Febrero, porque le ha dado coherencia al libro y no ha permitido que sea sólo un conjunto de buenos artículos sino una auténtica obra para adentrarnos en lo que es la Economía como ciencia. Así que no olviden acercarse a la librería y adquirir ¿Qué es la Economía? obra colectiva coordinada por Ramón Febrero.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Los planes de pensiones

¿Es vergonzoso tener un plan de pensiones privado? Parece que lo es. Pues a mí me parece que no. Y tener un plan de pensiones privado, aunque lo tenga el ministro de Trabajo no es una muestra de desconfianza al sistema público de pensiones. Es tan sólo una manera de ahorrar como otra cualquiera pero que disfruta de una serie de ventajas fiscales con las que el Estado lo potencia, a diferencia de otras formas como comprar deuda pública, una segunda vivienda, unas acciones… Como toda forma de ahorrar es un ejercicio de responsabilidad del que lo hace, que quiere asegurarse que es capaz de sostenerse por sus propios medios y sin resultar una carga para otros en el futuro.

Es una hipocresía que los políticos señalen a los que tienen planes de pensiones pero mantengan incentivos a los mismos. Si es una vergüenza que algunos tengan planes de pensiones privados, ¿por qué los incentiva? Y que conste, que su incentivación no me parece un reconocimiento de que haya problemas con el sistema público. Los problemas en el público deben ser independientes de que existan o no sistemas privados. Lo que sí sería interesante es que, a diferencia del sistema actual que nos hace prisioneros de los productos que los bancos y las aseguradoras nos ofrecen como planes privados de pensiones, porque son los únicos que gozan de determinados beneficios fiscales, el sistema fiscal permitiera que cada individuo delimitara el perímetro de activos a los que quiere dedicar su ahorro de cara a su jubilación, y que la adquisición de los mismos gozara de los incentivos fiscales que ahora sólo reconocen a los planes de pensiones privados como los conocemos actualmente.

No les cuento nada que no exista en otros países. En cualquier caso, que la gente ahorre ni es vergonzoso ni demuestra tendencia política alguna, sino sentido común, y merece la admiración de todos los demás. Sin embargo, ya vieron ayer que el inquilino de La Moncloa afirmó que no tenía, cuando hace unos años dijo que sí, y todo porque ahora ahorrar para la vejez parece que no es progresista. Sobre todo cuando se tiene el futuro asegurado, por lo que se ve.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La especulación y las administraciones públicas

Los ingresos públicos españoles son los que más han caído en los dos últimos años en toda la Unión Europea. Parte se debe a que España es uno de los países a los que la crisis más ha afectado, y parte a que los ingresos de nuestras administraciones habían crecido de manera muy fuerte como consecuencia del denominado boom inmobiliario. En el fondo, nuestras autoridades han sido uno de los grandes beneficiarios de la denominada burbuja inmobiliaria. La burbuja la originó la liquidez abundante del Banco Central Europeo, un crecimiento de la población inmigrante a pesar de las tasas de desempleo no inferiores al 10% en ningún momento, y una oferta de suelo que los ayuntamientos aseguraron que fuera escasa para que les generara abundantes ingresos. Es decir, todo un cúmulo de decisiones políticas erróneas.

Los especuladores, los constructores y los inmobiliarios no fueron los culpables, sino los cooperadores necesarios de los ayuntamientos, una vez que el Banco Central Europeo y nuestro Ministerio de Trabajo crearon las condiciones, de libro, para la aparición de la especulación que siempre alguien termina por aprovechar. En este caso: insistimos, una coalición de empresarios y ayuntamientos. Pero también las aprovechó el Ministerio de Economía, que cobraba los impuestos sobre el Valor Añadido y sobre Transmisiones Patrimoniales sobre abundantes transacciones a cada vez precios más altos. Y las comunidades autónomas, que tienen cedidos porcentajes importantes de estos dos impuestos. Y estos impuestos fueron pagados por los que adquirieron viviendas en estos años: los que cambiaron y los que accedieron a una primera vivienda o una segunda por primera vez.

Las autoridades no quisieron luchar contra la especulación porque ellas participaban de la misma. Sin embargo, se les llena la boca de echar la culpa al mercado que adulteraron con liquidez abundante, escasez artificial de suelo en un país escasamente poblado y necesidad de importar población habiendo desempleados. Como además nuestras administraciones se acostumbraron a los ingresos fáciles de la especulación y ajustaron rápidamente sus gastos a sus nuevos ingresos, ahora tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero la culpa nunca es de ellos.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Las cajas de ahorro y el final del FROB

Se acerca el 30 de junio. Algunos de ustedes me dirán que queda mucho y otros que cómo pasa el tiempo. La verdad, todos la sabemos, es que según y para qué la fecha está muy cerca: menos de cuatro meses nos separan del comienzo de esos dos que evocan a vacaciones, piscinas, siestas y cambio de hábitos. Pero en cualquier caso: ¿qué ocurre el 30 de junio? Dos cosas: la primera, carente de importancia, es que se acaba la conjunción planetaria de dos líderes progresistas a ambos lados del Atlántico porque el de este lado deja de presidir la Unión Europea. La segunda, de más importancia, que se acaba el periodo para que las entidades de depósito, bancos y cajas, soliciten las ayudas que necesiten del FROB. El FROB no es la onomatopeya del croar de una rana, sino el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, aunque más bien habría que decir Cajaria, porque se creó pensando en las cajas y porque entre los aspectos particulares de nuestra crisis financiera está que son las cajas las que están en peor situación, sin que parezca que de los bancos podamos decir nada más que están pasando una muy mala racha.

¿Y qué importancia tiene que llegue el 30 de junio? Pues que las ayudas que no se hayan solicitado para esa fecha ya no podrán solicitarse, y el Gobierno español necesitará una nueva autorización de la Unión Europea para poner en marcha un nuevo plan de ayudas si fuera necesario. Claro que si después de más de ocho meses, casi nadie ha solicitado ni parece que vaya a solicitar dichas ayudas en el plazo que queda, es que no deben ser necesarias y nuestras cajas deben estar mejor de lo que creíamos. Parece que sólo un conjunto de cajas catalanas han hecho los deberes y que como están dentro de una misma comunidad autónoma española no hay problemas políticos para su fusión, lo que las permite acogerse a dicho fondo.

En el resto de la Nación todo son problemas para las fusiones transcomunitarias, las únicas con sentido como les he explicado otras veces, y, o bien, sólo se habla de fusiones intracomunitarias o de fusiones impropias como eso de los Sistemas Integrales de Protección, o SIP, porque son los mecanismos que han encontrado los caciques locales para no perder el control de la cajita que les tocó, o viene tocando, en la suerte de las elecciones autonómicas. En la dirección de las cajas, los técnicos deben estar sintiendo vértigo ante las caras de mus de los políticos, pues aquí parece que todos llevan 31, pero es que junio sólo tiene 30 días.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Hacia un monopolio financiador

Pues ya saben que entre las medidas que propone el trío que forma la comisión anticrisis de la crisis que nunca existió está la de que el ICO financie a las pequeñas empresas de manera directa, utilizando para ello la red de las entidades bancarias. Este es el último paso en la degeneración del sistema bancario que padecemos, donde los bancos privados han terminado por convertirse en franquicias de un Estado que los utilizó primero como dispensadores de liquidez y ahora como puntos de venta del crédito. Recuerden que hasta hace poco los bancos centrales ponían a disposición de la banca privada toda la liquidez necesaria para que éstos la hicieran llegar al público, pero eso sí: asumiendo ellos, los bancos privados, el riesgo de impago. Ahora, estas entidades financieras, que han aprendido lo peligroso que es esta política de liquidez para todos, han decidido no asumir riesgos, por lo que sus sucursales sólo actuarán como puntos de comercialización del crédito público. En esto como en otros aspectos, el sistema político ha confundido que todo el mundo tiene derecho al crédito con el crédito para todos. Lo que ha generado el descrédito.

No cabe duda de que el préstamo público es visto como una solución por el pequeño empresario que se ve en la necesidad de obtener financiación para continuar con su negocio. Y a quien Dios se la de… ya saben. Sin embargo, esta actuación pública terminará por instalarse en el sistema, y si ya es malo, aunque inevitable, que el Estado actúe en régimen de monopolio, peor terminará siendo que seamos prisioneros de un único financiador: el Estado. Un financiador que actuando en régimen de monopolio no sólo estará sujeto a todas las arbitrariedades que caracterizan al poder político, sino que terminará por no distinguir entre buenos y malos pagadores, porque la diferencia, cuando se entra en esta dinámica, estará sólo en si la operación se refinancia, no en si se cancela o no. De los poderosos sólo nos protege que haya muchos, no que haya uno más poderoso que nadie. Mejor mil banqueros que quieran cobrar que uno sólo que refinancie todas mis deudas hasta la muerte, porque sólo es libre el hombre que no debe.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Soros el especulador

No sé si han leído las últimas declaraciones de George Soros, ese operador en los mercados que se hizo famoso porque sus posiciones contra el Banco de Inglaterra y la libra esterlina en 1992, supusieron la expulsión de ésta del sistema monetario europeo. También en aquella época se posicionó contra nuestra peseta que fue devaluada hasta tres veces en un 25%. George Soros es eso que los políticos llaman con desprecio un especulador. A mí me parece un tipo que entiende los mercados financieros como nadie y saca ventajas de los errores políticos, pero claro, cada vez que Soros hace dinero algún gobierno queda de estúpido y eso no le gusta nada al afectado.

Pues bien, las últimas declaraciones del señor Soros son interesantes porque vienen a corroborar algunas de las afirmaciones que he hecho en este blog, y ya que no soy tan rico como él, al menos me gusta creer que soy casi tan listo. Pero vamos a las declaraciones que tienen el valor de hacerlas alguien con un conocimiento de los mercados poco habitual y extraordinario. Soros ha afirmado que el euro tiene fallo porque hay “un banco central común, pero no hay un Tesoro común”, por lo que el euro, que está siendo sometido a una dura prueba (aquella a la que le somete él mismo entre otros) “quizá no sobreviva a la crisis de Grecia”. Imagínense cómo puede acabar el tema si se desata la crisis de la deuda de algún país de la zona euro un poco más grande que Grecia.

El señor Soros apunta a que el problema está en que los países con fuertes déficit fiscales no pueden, en la zona euro, devaluar su moneda, que en su momento desapareció estableciendo un tipo fijo con el euro, como modo de reequilibrar sus déficit. Esto ha supuesto, como ya les he indicado alguna que otra vez, un incentivo para los gobiernos de la zona euro más irresponsables en el control de su gasto público, pues han trasladado a los demás una parte importante de su irresponsabilidad.

Quien no parece que vaya a poder salvarse de las consecuencias de sus actos es el gobierno de su graciosa majestad, pues con un déficit público de tamaño greco-español no forma parte del euro. Pero esta noticia no es mala para nosotros. Probablemente acelere la compra de inmuebles en la costa española por parte de los británicos antes de que sus libras se derritan como los helados al sol.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La sobreprotección

Algunos de ustedes me preguntan si preveo un recrudecimiento de la crisis financiera. Algo así como una réplica tras el terremoto. La verdad es que soy poco amigo de pronósticos, pero no creo que las actuaciones de las autoridades hayan sido algo más que meros maquillajes. Hay indicios que no me hacen ser optimista, como la situación de sobreendeudamiento de determinados estados que pueden ponerlos al borde de la bancarrota, o las noticias de que Soros está apostando contra el euro. Pero no dejan de ser rumores.

Lo que, sin embargo, sí me parece preocupante son los ataques a las más elementales normas del derecho privado y de la propiedad privada que pueden acabar totalmente con la sociedad occidental, con la excusa de protegerla. Así, el presidente Obama pretende paralizar las ejecuciones hipotecarias con una ley aparentemente bien intencionada que terminará, si se aprueba, por paralizar totalmente, a su vez, el mercado de crédito hipotecario con innumerables consecuencias indeseables.

De momento, el valor de los préstamos hipotecarios de las entidades financieras caerá en picado, lo que afectará a su valor y a la confianza de los depositantes de dichas entidades. Esto podría desatar un pánico financiero mayor que el de hace un par de años, y que se está sosteniendo con ayuda y financiación pública casi ilimitada, o que el de 1929. Desaparecerá, de llevarse a cabo la medida, el crédito para el mercado inmobiliario, dado que la seguridad jurídica habrá desaparecido previamente a su vez, y tan sólo se cruzarán operaciones al contado, con la consiguiente caída en picado de los precios, lo que incentivará aún más al impago de las operaciones anteriores a este supuesto crack. La ausencia de demanda de vivienda, ante la falta de crédito, podría reducir aún más la actividad constructora.

Nada de lo que digo dejará de ocurrir si la medida que se ha sugerido desde la Casa Blanca es aceptada, porque nadie va a prestar si las consecuencias del impago son las mismas que las del pago, las entidades no pueden hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes o si sólo se pueden comprar viviendas al contado. Los actos tienen consecuencias. En política también, aunque las pague el próximo gobernante o la próxima generación.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del gobierno.