Parar, templar y mandar

Los españoles contemplamos atónitos a nuestras autoridades que, claramente, no nos sacan del marasmo económico en el que estamos. Es posible que, como insisten, no fueran ellas las que nos introdujeron en el mismo, pero lo que no podrán negar es que siempre aseguraron que nuestro bienestar económico dependía de su actuación, y está claro que no lo están logrando.

El Gobierno de la Nación no hace más que adoptar muchas medidas coyunturales en un mundo impaciente que pretende que las cosas se arreglen de manera inmediata. Todos los días se asoma al balcón del mercado, y con él los españoles, toma la temperatura y descubre que el calor, medido por la prima de riesgo, no para de subir, lo que le deja el alma helada. Comienzan unos a desconfiar del Gobierno, porque no acierta con las medidas; otros a caer en el desánimo, porque a los mercados o a la Unión Europea, hagamos lo que hagamos, nada les place. No se trata de que el Gobierno intente medidas todos los días para ver si acierta con las que nos solicitan nuestros acreedores internacionales. Se trata de que diagnostique bien el problema y lo ataje.

La visión de corto plazo que constriñe a las autoridades, porque no tienen literalmente para pagar la próxima nómina, les impide comprender que el problema es de más alcance. La clase política, además, tampoco quiere grandes cambios, porque se empieza votando una Ley de Reforma Política y terminas, como les paso a los Procuradores en Cortes en 1975, perdiendo el empleo.

España no puede sostener el Estado que tiene. Subir el IVA, quitar la deducción por adquisición de vivienda habitual, aumentar las retenciones a los autónomos y profesionales liberales, quitarle una paga extra de manera temporal a los funcionarios o incrementar temporalmente el régimen de provisiones bancarias no son reformas estructurales. No son reformas que vayan a asegurar a nuestros acreedores que seremos capaces de pagar nuestra deuda y no podemos dejar de pagarla porque todos los meses ya nos prestan dinero, no sólo para que les paguemos sus intereses, sino para que hagamos frente a otros gastos que no alcanzamos a cubrir con nuestros ingresos.

Tendremos que plantearnos la organización territorial del Estado: el Título VIII de la Constitución de 1978. No se trata de recentralizar, aplicando la teoría pendular de la Historia, aunque tampoco de no recentralizar. Se trata de ser coherentes con nuestra historia y las Comunidades Autónomas no tienen nada de históricas, ninguna de ellas, sino que son un invento muy moderno que nos ha salido muy mal, como casi todo lo que no está basado en ese proceso de prueba y error con el que se calibran las instituciones.

Tendremos que plantearnos cuál es la provisión de bienes y servicios que podemos y queremos costear con impuestos y cuál la que queremos costearnos directamente. Está claro que hay bienes y servicios que sólo el Estado puede producir y proveer: la Justicia y la Seguridad, interior y exterior. Lo demás no tiene por qué hacerlo. Ni siquiera se lo exige la Constitución actual. La Constitución de 1978 sólo le pide al Estado que asegure a los más desfavorecidos el acceso a determinados servicios, pero no que se los provea ni que los produzca.

Entre tanto, las reformas coyunturales que pudieran entenderse como señales de que se van a afrontar las estructurales deberían haber afectado a estos dos aspectos: organización territorial y bienes y servicios públicos. Algo ha habido de las segundas, que afectan al ciudadano, y nada de las primeras, de las que vive la clase política.

La otra gran reforma es la del Sistema Financiero pero en ella está más imbricada la comunidad internacional. No podemos seguir manteniendo un sistema bancario sometido a la planificación central soviética de un banco central. Un sistema bancario que financia los déficit públicos sin límites y las burbujas especulativas que, en aras del pleno empleo, siempre temporal, son favorecidas por la planificación central de la economía por parte de los gobiernos.

Al final las autoridades son corresponsables de los errores de los banqueros y, en cualquier caso, necesitan de los mismos para financiar el déficit y los bancos del privilegio legal que supone poder crear dinero de la nada a partir de una primera simiente que le da el banco central.

Las autoridades españolas y europeas parecen eso que llamamos un pollo sin cabeza. Eso no calma ni a los mercados ni a los ciudadanos. España, sabe que delante de un toro no hay que correr, aunque parezca lo más prudente, sino parar, templar y mandar.

Comprando tiempo

Todo es tan extraño y tan confuso en los últimos tiempos: las autoridades lo presentan todo de un modo y los mercados lo entienden de otro, que ya no sabe uno de que cariz son las noticias que le van llegando. Es claro que no es bueno tener que pedir prestado para poder salvar una dedicada situación financiera, como es el caso para el que se han aprobado las ayudas a nuestra banca. Sin embargo, no cabe duda de que las condiciones son buenas y el importe, finalmente, no es elevado. Aunque, más bien que de importe bajo, habría que hablar de una primera disposición de 30.000 millones de euros, que forzará a España a cumplir sus compromisos si aspira a más. La recapitalización de las antiguas cajas, se hace de manera directa, es decir: la inyección de fondos la hace directamente la Unión Europea (UE). Esto, no cabe duda, da un respiro a nuestra prima de riesgo y, además, hará más exigente el proceso pues su control no se llevará a cabo por políticos locales. Los tipos de interés aplicables son muy buenos: ni siquiera pagarán dichas instituciones lo que pagaría nuestro Estado. Los plazos, aunque largos, puede que no lo sean lo suficiente. Muchas de las entidades los necesitarán aún mayores para poder liquidar su atracón inmobiliario a precios que les permitan hacer frente a los compromisos adquiridos. Al fin y al cabo, muchas de las auxiliadas no son viables y su capacidad de reembolso depende de la liquidación de los activos que han ido asumiendo.

Otro tema es el de las participaciones preferentes. Es lógico que se exija a sus tenedores la asunción de pérdidas, pues con esa condición se emitieron dichos títulos para permitir que computaran como solvencia de los emisores. Lo que no podrá parar la UE, sin embargo, son las sentencias de los jueces españoles que declaren nulos los procesos de comercialización de las participaciones. No nos queda más que esperar y ver si los responsables de las entidades auxiliadas se toman en serio los nuevos compromisos asumidos, si el mercado inmobiliario les ayuda en los próximos quince años y si no hay que devolver muchas de las aportaciones de los partícipes. No hemos arreglado definitivamente nada, pero hemos vuelto a ganar tiempo.