El rugby es un juego británico

Reino Unido ha decidido quedarse fuera de los acuerdos tomados ayer en Bruselas. No necesita estar dentro porque tiene moneda propia. El Gobierno británico compite en el mercado de emisores soberanos ajustando sus déficit con el valor de su moneda. Si estos llegan a ser tan excesivos como para poner en duda su capacidad para hacer frente a su deuda, depreciará o devaluará la libra con las consiguientes consecuencias para su población: una inflación continuada en el primer caso, un empobrecimiento súbito de su población en el segundo. En cualquier caso, los electores británicos sabrán a quien pedir responsabilidades: al inquilino de 10th. Downing Street.

Los Estados de la zona euro competían hasta ahora por un mecanismo que, si me apuran, era todavía mejor: como no podrían emitir la moneda en que estaban cifradas sus deudas, el mercado les iba, como a cualquier emisor privado, cerrando la financiación hasta llegar, incluso, a la suspensión de pagos. No les ha gustado nada la posibilidad que casi han llegado a experimentar. La solución: el pacto fiscal. Si dicho pacto se llevase hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la constitución de un presupuesto público consolidado de todas las administraciones de la Unión y un único obligado último al pago de la deuda de la misma, estaríamos de enhorabuena. A partir de ahí, el Gobierno de la Eurozona competiría con su moneda y sus déficit con los otros Gobiernos del mundo. Tendríamos que plantearnos, entonces, algún sistema de elección popular del gobierno común, responsable ante los ciudadanos de las políticas presupuestarias llevadas a cabo. Sin embargo, no es este el sistema por el que se opta.

Los Gobiernos nacionales europeos han preferido, una vez más, un acuerdo de compromisos de déficit (recuerdan donde quedó el del 3%) e independencia presupuestaria. Eliminan así la competencia entre Estados, al menos dentro de la Unión. La competencia entre Estados es una de las bases de nuestra libertad, aunque no lo crean. Ya que no siempre podemos votar con las manos, déjennos, al menos, votar con los pies como, por otro lado, están haciendo muchos de nuestros connacionales y de nuestras empresas abandonando, en ambos casos, España.

Mientras llega el cumplimiento de los nuevos límites que se han impuesto, aseguran el pago de la deuda en circulación con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el recurso, en última instancia al FMI, pero sin cerrar la cifra que podrían llegar a poner a disposición de los tenedores de bonos públicos europeos. Cualquier cosa, antes de permitir la suspensión de pagos de un Estado europeo. Esperemos que en unos años no sea toda Europa la que sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones. Más Europa no es Europa una y grande. Europa será la tierra de las libertades mientras nos podamos responsabilizar de nuestras decisiones. Los acuerdos de ayer en Bruselas suenan a una disolución de las mismas en el intricado maremágnum de las instituciones comunitarias. Simplifiquemos las cosas: cada Estado debe hacer frente a su endeudamiento y a sus ciudadanos. Todo lo demás es jugar al rugby: patada adelante cuando la línea del contrincante ha avanzado tanto que nos ha achicado todos los espacios. Tal vez los británicos hayan entendido mejor el juego. Lo inventaron ellos.

¿Tendrá cien días el nuevo Gobierno?

A los mercados les ha dado lo mismo que estuviéramos en elecciones para tratar nuestra deuda pública como corresponde al grupo de países en el que estamos: aquellos que pudieran llegar a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones, a la vista de sus cuentas públicas. En otros sitios parece que han derrocado y puesto gobiernos. Aquí nos lo han dejado a nosotros. Pero no por ello la presión se va a parar el día 21. Las declaraciones no valen porque llevamos muchos meses oyendo manifestaciones en España y en el extranjero y no parece que nada cambie de verdad. Ahora es posible que las mismas las haga otro y por esa circunstancia, sólo por esa, es posible que aguanten un poco…pero poco. Otros, por ejemplo Berlusconi, también dijeron que iban a hacer, pero incumplieron. La actitud de las autoridades en Europa no parece que cambie con el color político (¿o sí?). Los tiempos pues se acortan. El que gane tiene poco tiempo para demostrar que algo ha cambiado.

Septiembre de 2008

Volvemos a septiembre de 2008. Cada vez que se barrunta la recesión las autoridades monetarias, que saben que el problema lo crearon ellas, y que están siempre exigiendo en sus boletines la finalización de las ayudas fiscales y monetarias, rebajan los tipos de interés. Ayer el BCE lo hizo en un 0,25%. La recapitalización de la banca es otra forma de decir que las entidades, y toda la economía, tienen que desapalancarse. Es cierto que el desapalancamiento se consigue de un modo lento por nuevas inyecciones de recursos propios en las entidades, y en las empresas, y de otro modo, más rápido, reduciendo el crédito y la liquidez. Sin embargo, cuando esta última forma parece que va a producir el colapso, abren la mano e inyectan liquidez. No se engañen, a medio plazo todos deberemos operar con menos endeudamiento, los bancos también, y hasta que no lleguemos a unos niveles razonables de deuda este sin vivir de los mercados continuará.

¡Cuánta autosatisfacción para dejar de pagar!

No hay más que leerse el documento con las conclusiones de la Cumbre de la Eurozona para sentir una mezcla de vergüenza ajena e indignación ciudadana. ¡Qué contentos están de haberse conocido y de hacer tan bien como hacen las cosas que hacen! Que no sabemos cuáles son pero que son por nuestro bien. Seguro. Las expresiones como “nos congratulamos…” “celebramos…” “acogemos con satisfacción…” abundan. Les ha faltado concederse alguna medalla.

Pero vamos al tema: la quita griega era algo evidente desde hace varios años. La diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, antes de intereses, del presupuesto público griego mostraban que ni recortando estos últimos, ni mejorando la eficiencia recaudatoria, podría Grecia llegar a hacer frente a su deuda, salvo que adoptásemos una solución hiperinflacionista. La solución hiperinflacionista consistía en que el Banco Central Europeo prestase a cualquier Estado miembro de la Eurozona, por el simple hecho de serlo, la liquidez necesaria para hacer frente a su deuda o, al menos, que estuviese dispuesto a admitir el redescuento de la misma por parte de los bancos sin límite. Ahora se reconoce la imposibilidad del impago, se pacta el mismo con los acreedores, y se afloran unas pérdidas que en muchos casos no estaban reconocidas. ¿Por qué no lo estaban? Pues por una interpretación interesada de lo que se denomina en la Normativa Internacional Contable, en concreto la norma 39, de los deterioros que hay que reconocer en las denominadas carteras de inversión a vencimiento.

Una cartera de inversión a vencimiento es un conjunto de bonos cotizados y líquidos, es decir que tienen un valor de mercado al que el tenedor de los mismos puede venderlos en cualquier momento, que se valora a su coste amortizado, es decir: más o menos su precio de adquisición. Es decir, en principio no se reconocen las minusvalías potenciales que pudiera tener la cartera como consecuencia de una caída de su precio en el mercado. Este tratamiento se permite por la sencilla razón de que estos títulos, como bonos que son, prometen el nominal a su vencimiento. Así, quien los clasifica en esta cartera se compromete a recuperar su inversión directamente del emisor al vencimiento y, como no los va a vender antes, las fluctuaciones en el mercado no le afectan. El problema es que la premisa es falsa: es posible que el tenedor pueda aguantar hasta el vencimiento de los títulos y no necesite venderlos antes de tiempo, por lo que no materializaría las pérdidas por la diferencia entre el coste de los títulos y su previos de venta, pero también es posible que sea el deudor, emisor de los títulos, el que no pueda a su vencimiento pagar el nominal comprometido. Esto le puede ocurrir a cualquier deudor que no puede fabricar la moneda en que está denominada su deuda. Le pasa a todo el sector privado, pero no a un Estado que emite la moneda en que se endeuda. De hecho, en la cartera de inversión a vencimiento se pueden clasificar títulos privados, pero hay que contabilizar las pérdidas potenciales por impago del deudor (el denominado deterioro por riesgo de crédito). Y este es el problema, que a los títulos públicos emitidos por países de la Eurozona se les ha tratado como si estuvieran emitidos por un emisor de moneda y no es el caso.

Una correcta aplicación de la norma contable, algo tendrán que decir los que se encargan de que la información financiera sea fiable, nos habría evitado estas discusiones ahora y estas pérdidas que parecen que han aparecido de repente y que, sin embargo, se han ido larvando poco a poco durante estos años de crisis. Nos evitaría, además, la discusión de si la minusvalía es del 2% o del 20%. Sería la que hubiera dictado el mercado, pero claro si hubiéramos contabilizado estas pérdidas antes, es decir: a medida que se fueron produciendo, la financiación bancaria a los estados se habría endurecido antes y/o más. De hecho, en España estas minusvalías se estaban reconociendo como menos recursos propios de los bancos cuando la cartera se clasificaba como de negociación (especulativa) o disponible para la venta (inversión distinta de la de a vencimiento). Sin embargo, el pasado mes de diciembre Banco de España aflojó un poquito aquí y permitió que, en determinadas condiciones, estas minusvalías no restaran de recursos propios. Ahora parece que la Eurozona nos enmienda la plana.

El círculo virtuoso y la burbuja

Parece que estamos en un mundo feliz en donde el crédito fluye sin cesar para todos sus demandantes: el Gobierno, las familias y las empresas. Sin embargo hay dos limitaciones de tipo legal: el coeficiente de caja y el de recursos propios. El primero, porque obliga a que una parte de la liquidez de las entidades sea depositada por éstas, a su vez, en el Banco Central para hacer frente al riesgo de retirada masiva de los depósitos por parte del público. El segundo, porque obliga a que una proporción de la financiación de la Banca Privada no sólo sean obligaciones frente a terceros, sino aportaciones de sus socios. Cuanto mayor es la proporción que estas aportaciones tienen respecto del crédito concedido, menor es el crédito que los bancos pueden conceder, puesto que el bolsillo de los accionistas de los bancos también tiene límite. Hay otro límite más, pero no es legal sino natural: la inflación. Si hay mucha liquidez, ésta vale poco. A veces podemos enmascarar este efecto con políticas públicas que orientan el crédito en favor de determinadas actividades, lo que crea una inflación en una actividad concreta. Es lo que llamamos una burbuja.

De bancos y autoridades

Las propuestas de recapitalización del presidente de la Comisión Europea, señor Durao Barroso, no parecen haber gustado a todos. A mí tampoco, pero eso como comprenderán carece de importancia. Sin embargo, quisiera resaltar también que hay cosas que me han gustado, aunque esto también carece de importancia. En primer lugar, me parece que era redundante decir que los bancos infracapitalizados no deben pagar dividendos. Esto, al menos en España, ya es así y sospecho que en las regulaciones de nuestro entorno también: las entidades con déficit en recursos propios no pueden pagar dividendos porque eso reduce aún más sus recursos propios. Es de cajón. De hecho las autoridades tienen que aprobar estos repartos. Otra cosa es si en alguna ocasión los han aprobado habiendo déficit por aquello de que no cunda el pánico. Lo segundo es lo de que no deben pagar bonus a los directivos mientras estén en esta situación. Esto es más difícil de evitar puesto que tales importes son pagos salariales (altos pero salariales). Si lo que se pretende es que sólo las entidades muy capitalizadas los paguen o alinear los intereses de los accionistas, que quieren un banco capitalizado, con los de los directivos bien podría exigirse a las entidades un incremento en las exigencias de recursos propios por un importe igual a los incentivos pagados a los directivos en los x últimos años. Sólo las entidades con exceso de recursos propios podrían pagar estos importes a costa de reducir dicho exceso o, lo que es lo mismo, renunciando los accionistas a la parte del patrimonio de la entidad que podrían retirar como dividendo en un momento dado.

Durao Barroso insiste en la necesidad de aumentar el grado de capitalización de las entidades. Totalmente de acuerdo. Primero porque les pide que repongan capital hasta los niveles exigidos con anterioridad a la crisis y, segundo, porque pide aumentar estos niveles. Los niveles exigidos con anterioridad a la crisis eran bajísimos: una entidad podía operar prácticamente con un 2% de patrimonio neto porque para completar el 8% de recursos propios que se exigían valían, simplificando, instrumentos de deuda no cubiertos por los fondos de garantía de depósitos. Cualquier deterioro del activo del banco superior al 2%, lo ponía en quiebra técnica. Esta mayor exigencia que plante el Presidente de la Comisión Europea es un reconocimiento implícito de que la regulación sobre recursos propios no era la adecuada.

Este incremento de la capitalización bancaria, imprescindible, es, sin embargo, incompatible con el crecimiento del crédito y las autoridades tienen que asumirlo y que decirlo. No pueden seguir manteniendo el discurso de más capital bancario y más crédito: son incompatibles. La época de expansión crediticia fue posible no sólo porque el Banco Central Europeo aumentó fuertemente la liquidez del sistema sino, además, porque la regulación sobre recursos propios exigía muy pocos de estos últimos. En el fondo, la solución a esta crisis financiera para los bancos es la misma que para usted y para mí: reducción del crédito del que disfrutamos o, en términos técnicopedantes: reducción del apalancamiento financiero.

El señor Durao insiste en que el capital bancario deberá ser en primer lugar privado y yo creo que en último también, salvo que quieran reconocer que ayudan a estas instituciones porque las autoridades son en parte culpables de la situación en la que se encuentran por el mal diseño de la política monetaria y las deficientes exigencias de recursos propios a las mismas. En cualquier caso, y aunque así fuera, no estaría de más romper esa relación de patronazgo del sector público sobre el sector financiero que está contaminando las cuentas del primero, que tampoco es que fueran de lujo. Por último, la referencia a los riesgos sistémicos y la necesidad de acabar con los mismos que hace el Presidente de la Comisión Europea. Los riesgos sistémicos son, como su propio nombre indica, de sistema. No vamos a entrar a señalar, porque está feo, quien tiene la responsabilidad de haber diseñado un sistema de banco central en la que este puede inyectar la liquidez que considere oportuna por un procedimiento de prueba y error y de alto apalancamiento bancario. Sin embargo, no puedo dejar de indicar que en el caso de las denominadas entidades de riesgo sistémico (es decir: aquellas tan grandes que no pueden caer porque arrastran al sistema) la culpa es claramente de las autoridades con su pasión por el tamaño. Las entidades más pequeñas no nos han dado problemas y si cayeran ni lo temeríamos ni podrían chantajearnos.

Los buenos números del rescate bancario

Los números del rescate bancario español no son tan fáciles de calcular como se piensa. El otro día el Gobernador del Banco de España lo cifró en 7.551 millones de euros. El importe era el que correspondía a las ayudas dadas a cuatro entidades que a 30 de septiembre habían requerido la toma de control por parte del Estado para que su patrimonio neto, la diferencia entre sus derechos y sus obligaciones, fuera suficiente para asegurar que estas últimas, las obligaciones o pasivos, pudieran ser atendidas. De esas cuatro entidades, una además disponía de una línea de crédito del FROB de 3.000 millones de euros, para asegurar su liquidez. El FROB ya había dado apoyos en dos bloques de 8.035 millones de euros a cuatro entidades y de 2.155 millones de euros a otras tres.

Pero antes de todo esto, lo recordarán ustedes, tuvimos el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FAAF, que otorgó liquidez por importe de 17.095 millones de euros en cuatro subastas que realizó entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Los apoyos de liquidez, por tanto han sumado hasta la fecha 19.895 millones que, como créditos que son, debieran recuperarse en su totalidad. Los apoyos en forma de recursos propios a las entidades han sumado 17.737 millones de euros. Podrían recuperarse en parte, dependiendo de los precios a los que se deshaga el Estado de sus participaciones en las entidades nacionalizadas. Sin embargo, estas no son las cifras del rescate aunque lo parezcan (37.632 millones de euros que suman ambos conceptos) porque puede llegar el Estado a recibir una parte muy importante de estos fondos.

El verdadero coste del rescate es el encarecimiento de la deuda pública española, de toda la deuda pública, desde que los mercados se apercibieron de que nuestras autoridades habían extendido un aval implícito a todo el sector financiero. Las emisiones de deuda desde finales de 2008 se han encarecido en un 1,2% aproximadamente para todos los plazos de emisión de deuda. En el caso de la emitida por el Estado, su variación desde el inicio de la crisis (tercer trimestre de 2008) ha sido de 240.000 millones (un crecimiento del 82%) lo que supone un encarecimiento de alrededor de 3.000 millones anuales EN los pagos por intereses durante los cinco años que tienen de media nuestras emisiones, es decir 15.000 millones que no volverán jamás. Para los tenedores de la deuda anterior a la crisis (355.000 millones de euros) , la subida de los tipos ha supuesto una pérdida en el valor de sus activos de aproximadamente otros 15.000 millones de euros. Esos son los costes del rescate bancario.

Banca inquietante

La responsabilidad de las autoridades hace que, con frecuencia, la prudencia en sus manifestaciones sea tildada de falta de sinceridad. Parece que ahora dichas autoridades han decidido ser antes sinceras que responsables. Si no, no se entienden las recientes declaraciones de Lagarde ni las más recientes aún del ministro alemán Schäuble, en el sentido de que hay que recapitalizar rápidamente los bancos ante la aparición de problemas “inquietantes”. La recapitalización rápida no parece que pueda llevarse a cabo en las condiciones actuales con dinero privado, dada la falta de liquidez que aqueja a los mercados. Tal vez por eso tenga que hacerse con dinero público, mientras Trichet no reduzca la masa monetaria o eleve los tipos, que es lo mismo, como propone el alemán. Para ayudar a que el desembolso público sea menor, las entidades restringen aún más el crédito al sector privado. No parece que lo que inquiete al alemán sea la nacionalización del crédito. A mí sí, pero me gustaría saber qué es lo que le inquieta, no vaya a ser que sólo sea una excusa.

¡Qué pesadez con las pruebas de esfuerzo!

No hay una segunda posibilidad para causar una primera buena impresión, y eso es lo que les pasa a los pobres test de estrés con que las autoridades económicas europeas nos castigan periódicamente a las comunidades financiera e informativa, en particular, y al público en general. La necesidad de estas pruebas de esfuerzo – dicen que del balance de los bancos, pero yo sospecho que del contribuyente– no sería tal si la regulación sobre solvencia de los bancos en Occidente no hubiera exigido tan poco capital como exigían los acuerdos de Basilea, pese a la propaganda oficial. Ya sé que los defensores del intervencionismo regulatorio –las autoridades, en definitiva– dirán que no se preveía una crisis como ésta, porque fueron ellos quienes la crearon con su absurdo sistema de convertir a los bancos privados en franquiciados de un banco central configurado sólo para financiar déficit públicos sin límite. Ahora este sistema toca a su fin y tienen que convencernos de que no pasa nada, lo que es en sí mismo muy sospechoso. Si hubieran dejado actuar al mercado, las consiguientes quiebras y suspensiones de pagos habrían ya clarificado qué bancos y qué Estados no pueden seguir como hasta ahora, en lugar de estar intentado convencernos por enésima vez de que ya conocen el futuro inevitable y, lo que es más sorprendente, cómo evitarlo. No sé si estoy asistiendo a otra sesión de Regreso al Futuro o de El Día de la Marmota después de la presentación de los resultados de los test este viernes y de que se anunciara que tal vez el año próximo, como se hizo el pasado, haya que repetirlos. Los resultados, por lo demás, son los esperados: es decir, en el caso de España, nuestras cuatro agrupaciones de cajas de ahorros y el banco que ya se anunciaban. Sin embargo, planean algunas dudas graves sobre la metodología, como es el hecho de la utilización de un balance estático que supone dos cosas: que no habrá crecimiento del crédito y que no habrá reasignación del volumen de crédito actual. La primera presunción depende,mientras la creación de moneda no requiera ningún tipo de respaldo metálico, del BCE y de su voluntad de seguir financiando a los Estados mediante el descuento de sus bonos. La segunda depende de la gestión del riesgo que hagan las entidades, pero les será imposible no reducir el crédito al sector privado mientras el público siga con déficit continuos y el volumen total de crédito fijo. Sólo esta última presunción de las pruebas realizadas ayer muestra las dificultades de los test para cumplir con su cometido y por qué las autoridades insisten tanto en el desapalancamiento del sector privado: necesitan todo el crédito para ellas. ¡Que se lo digan a Obama!

Precios atracativos

La pregunta de estos días es si el precio al que se coloca Bankia es o no un regalo. La respuesta es sencilla: en los mercados financieros no hay regalos. Sin embargo, lo que si hay con frecuencia en dichos mercados, y ésta es una de esas ocasiones, es incertidumbre o desconocimiento sobre el valor de las cosas. Cuando eso ocurre, el que está necesitado de la liquidez, en este caso Bankia, se ve obligado a ofrecer precios que, a priori, puedan hacer atractivo el activo que vende, en este caso las acciones. Cuanto mayor es esa incertidumbre a más bajo precio ofrecerá los títulos o, como decimos los financieros, subirá la prima de riesgo que sumará al tipo de interés libre de riesgo para determinar el tipo último al que valorar lo que está vendiendo. Lo que está vendiendo Bankia, en último término, son unos dividendos esperados y la aplicación de ese tipo es lo que llamamos descontar, porque no pagaremos hoy la suma de los dividendos esperados. Al fin y al cabo nuestro beneficio será ese: la diferencia entre el precio pagado y la suma de los dividendos que percibamos.

Los mercados encuentran mucha incertidumbre en los beneficios de Bankia. Al fin y al cabo no parece que la transparencia haya sido el criterio que ha informado, cuando debiera serlo, la elaboración de la información financiera en muchas entidades españolas. Esto se ve más claro cuando uno revisa los ajustes que han realizado muchas de ellas a su solvencia a través de ese cajón de sastre que es el estado de variación de patrimonio neto, en lugar de a través de su cuenta de resultados, pero si los auditores lo han consentido: debe estar bien. Vistas así las cosas es de esperar que, a pesar de la propaganda financiera, las estimaciones de dividendos hayan sido, como es lógico, pesimistas. Salvo, claro está, que a algunos mayoristas les dé lo mismo una estimación ajustada del precio, porque lo que esperan es hacer su negocio con un calentamiento del valor que anime a los minoristas a entrar tarde en el mismo.

Luego están los problemas de gobierno corporativo de una entidad de estas características, porque uno no tiene claro que vaya a dejar de ser una entidad al margen del control político a pesar de tener accionistas. De esto ya tenemos mucha experiencia con las privatizaciones de empresas públicas.

Por último está la premura con la que se ha hecho toda la operación, que no es sino culpa del Gobierno (ésto también, lo siento) al anticipar tantísimo la aplicación del Acuerdo de Basilea III e ir más allá de lo que el acuerdo exigía. Esta actuación ha intentado en todo momento aumentar la solvencia de las entidades por el mecanismo de exigirles más patrimonio neto sin que, por otro lado, quedase claro previamente cuánto necesitaban porque sus operaciones estuvieran bien reflejadas en contabilidad. En el fondo el Gobierno no quería aceptar que tal vez éste no era el sector financiero mejor del mundo, como se le llenó la boca de decir, pero no quería correr el riesgo de que una institución le diese un susto. Solución: exigir un incremento de capital que luego puede ser insuficiente o excesivo, que a su modo ambas cosas no son buenas.

Así, nada ha contribuido a que pudiéramos discernir si el precio al que se ofrecía Bankia era realmente atractivo: problemas en la calidad de la información, dudas sobre la gobernabilidad posterior de la institución y malos ejemplos sobre lo que es la austeridad en las semanas previas a la colocación de las acciones, y prisa, mucha prisa, lo que nunca es bueno para el que vende. Aunque tal vez a los que venden les traiga también sin cuidado, como antes apuntábamos de los mayoristas, pero por otros motivos: al fin y al cabo su negocio está en sus contratos.

Dicho esto les digo lo que vengo diciendo a todos los que me preguntan: la diferencia entre un precio atractivo y otro atracativo se circunscribe a una A.

Cajas: sin huevos para esta tortilla

Para las próximas semanas se prevé la colocación de títulos de capital de los nuevos bancos que han constituido las cajas de ahorros como fruto del proceso de reordenación a que se están viendo sometidas. Recordemos un poco cómo se ha producido dicho proceso. Básicamente las cajas han aportado su actividad bancaria, activos y pasivos, a las nuevas entidades que les han entregado a cambio acciones. De este modo, las cajas han dejado de ser entidades de crédito para pasar a ser accionistas de una nueva entidad de crédito. Las nuevas entidades resultantes presentan unos recursos propios insuficientes para cumplir con la nueva legislación que impulsó el Gobierno. La nueva normativa no era propiamente un incremento de los recursos propios, sino de una parte de ellos: la conocida como capital principal. El capital principal viene más o menos a coincidir con lo que las normas contables denominan patrimonio neto: la parte de la financiación de una entidad que no hay obligación de remunerar ni de devolver y que en caso de liquidación de la entidad recibe lo que queda tras pagar a todos los acreedores. Los recursos propios estarían compuestos por ese capital principal y algunos acreedores que no están cubiertos por los mecanismos de garantía de depósitos y cobran en caso de liquidación después de que lo hayan hecho el resto de los acreedores. Si las cajas aportantes de sus actividades a los bancos hubieran tenido una diferencia entre sus activos (deudores) y pasivos (acreedores) suficientemente alta, las entidades resultantes habrían nacido sin problemas de cumplimiento normativo. Pero es que si dichas diferencias hubieran sido suficientemente altas como para cumplir con la nueva regulación, las cajas no habrían cedido su actividad a los nuevos bancos y habrían continuado de manera independiente del mercado, pero no del poder político. Los nuevos bancos se han creado para poder realizar ampliaciones de capital, de tal modo que nuevos inversores aporten patrimonio neto, es decir aporten activos sin generar deuda a la nueva entidad.

El problema ahora es colocar los nuevos títulos. Algunos problemas no lo son tanto si el mercado funciona libremente: las cajas han aportado un patrimonio, los inversores otro, y en función de los importes aportados se reparten las acciones y, por tanto, el poder de gestión de la nueva entidad. Los problemas pueden venir de la valoración de los activos aportados por las cajas: créditos fundamentalmente. Lo aportado por los inversores será liquidez, algo fácilmente valorable pero muy escaso estos días. Tan escaso que tiene mucho valor y hace que desmerezca la aportación de las cajas, por lo que se transferirá mucho poder de gestión a dichos inversores, pero no tanto como para que los actuales gestores al frente de las cajas pierdan el control de los nuevos bancos. Porque si algo caracteriza a la reestructuración del sistema que estamos llevando cabo en España es que las tortillas se están haciendo con los huevos intactos. Otra posibilidad que intentarán explotar las cajas es su capacidad de colocación de títulos a través de la red de sucursales como modo de evitar, precisamente eso: la transferencia del poder de gestión. Su capacidad de colocación de títulos a precios, o lo que es lo mismo: rentabilidades, que no se compadecen con el riesgo asumido por los suscriptores, ha podido verse en los años anteriores a la crisis con las colocaciones de participaciones preferentes, títulos hipotecarios, deuda subordinada sin que ninguna autoridad haya dicho nada. Nada porque para sostener la errónea política monetaria del Banco Central Europeo era necesaria la refinanciación de las titulizaciones y los recursos propios, que no patrimonio neto, que eran las obligaciones subordinadas y las participaciones preferentes. Esperemos que no ocurra ahora algo parecido para que puedan cumplirse los planes públicos de capitalización de los bancos.

Sin embargo, el problema fundamental es que no hay liquidez en los mercados. Salvo que el BCE vuelva a echar gasolina al fuego. No hay que descartar ningún incendio. Así, por la liquidez que hay compiten muchos emisores. El primero de ellos, el Sector Público que tiene que refinanciar vencimientos de deuda pública y el déficit. El segundo, el Sector Público que tiene que colocar las privatizaciones anunciadas y las que habrá, en su proceso de reducción o downsizing, en anglopedante. El tercero, las entidades financieras que tienen importantes vencimientos en los mercados derivados de los tiempos de la tiulización y las emisiones masivas. El cuarto... Muchos demandantes para tan escasos recursos sobre una población que también tiene que desapalancarse. Habrá que ir, de nuevo, al exterior y el exterior, últimamente, como dice el castizo no hace más que darnos por donde amargan los pepinos.

Vamp Bad Bank

La operación que hace unas semanas presentó el grupo Bankia-BFA es cuando menos curiosa. Vamos a tratar de explicarla de manera sencilla. Básicamente las cajas acogidas al acuerdo de integración en el nuevo grupo han transferido todos sus activos y pasivos a un banco, Banco Financiero y de Ahorrro (BFA) quedando como accionistas del mismo. A su vez, BFA ha transferido sus mejores activos a otro banco: Bankia, quedando el primero como accionista del segundo. Así, el banco malo (BFA), que se ha quedado una cartera de 53.000 millones de euros de activos de baja calidad, es accionista del banco bueno (Bankia), que retiene una cartera de 275.000 millones de activos de calidad razonable.

La participación accionarial del primero en el segundo es el mejor activo de aquél. Los acreedores de BFA corren un gran riesgo pues sus activos, salvo su participación en Bankia, insisto, son de escasa calidad, pero el gran acreedor de BFA es el FROB. Y ya saben ustedes de la conocida doctrina Calvo sobre el dinero público.

La situación final es que Bankia es un banco con un patrimonio neto de 12.000 millones de euros y un capital principal de cerca del 8%, lo que le exige una emisión de capital del entorno de los 2.000-3.000 millones de euros para cumplir con el requerimiento del 10% de capital principal que la legislación exige a las entidades con un endeudamiento en los mercados superior al 20% del total del mismo. Estos nuevos accionistas entran en una entidad muy solvente y no parece que puedan exigir más de un 20% del capital, lo que garantiza a BFA el control sobre Bankia. Y a las cajas sobre BFA. Más de lo mismo.

Además, esta estructura asegura a Bankia un coste de financiación bajo, pues sus acreedores no asumen los riesgos de la cartera de activos de baja calidad que se ha quedado la matriz. Ya saben que las pérdidas y beneficios, por mor de la responsabilidad limitada de los socios, suben de las filiales a las matrices pero no bajan de estas últimas a las primeras. Salvo que las autoridades lo exijan, como se hace en ocasiones para autorizar la concesión de las denominadas fichas bancarias.

BFA, sin embargo, es un banco con un patrimonio neto negativo de alrededor de 2.000 millones de euros, si bien en base consolidada, al integrar Bankia, presenta un patrimonio neto positivo de alrededor de 10.000 millones. Su situación individual se soluciona al permitir las autoridades que la financiación del FROB al nuevo grupo, 4.465 millones de euros, figure a nombre del banco matriz para que complete su déficit de capital principal. Ahora hace falta que BFA pueda devolverlo gracias a los dividendos que reciba de su filial y a una recuperación de la cartera de activos que se ha quedado.

El coste de la ayuda del FROB dirán que supera el coste del endeudamiento de este último como modo de justificar la asistencia. Es cierto, pero también es cierto que es el único acreedor que está dispuesto a prestar al tipo que lo ha hecho al BFA. Si hubiera uno más barato, BFA no habría acudido a él. Dicho de otro modo: la prima de riesgo sobre la deuda pública española que paga BFA, y que constituye el beneficio del FROB, no se compadece con el riesgo que asume el acreedor. Por otro lado, el beneficio del FROB es sólo aparente porque no se le imputa el incremento de la prima de riesgo de la deuda pública española que supone esta asistencia financiera. Incremento que soportan los presupuestos generales del Estado.

Esto es ingeniería financiera, con las connotaciones que quieran ustedes darle a la expresión. En el fondo se trata de un traspaso de solvencia desde nuestro Estado a una de sus entidades, a un coste claramente subvencionado para la segunda y con cargo a los contribuyentes que sostienen al primero.

Por lo demás, la palabra inglesa vamp tiene varias acepciones. Una es la de vampiresa aplicada sólo a las mujeres; otra es la de vampiro pero sólo aplicada a los animales y, por último, la de remiendo o tapa en la suela de un zapato que hace aguas. Elijan ustedes. Todas valen.

Lo que aguante el papel

Parece razonable que el peticionario de una ayuda tenga que explicar cómo va a emplearla. Incluso si es a fondo perdido. Parece razonable que el otorgante exija unos requisitos mínimos con el fin de asegurarse la recuperabilidad de la ayuda concedida o, al menos, el buen empleo de la misma. Sin embargo, esta costumbre tan razonable es absurda cuando la voluntad del otorgante es otorgar y el peticionario primero lo sabe y, segundo, cree que tiene derecho a ello.

Y si el plan no se cumple ¿qué? ¿De quién es la culpa? ¿Del obligado a su ejecución? ¿Del que aprobó un plan que era imposible llevar a cabo como demuestra el hecho de que no se ha cumplido? ¿O de la sempiterna confabulación de los mercados para hacernos fracasar? ¿Y qué importa quién tiene la culpa si no existen responsabilidades? Máxime cuando hasta ahora nadie es responsable. Para hacer favores sólo es necesario un buen corazón. Nada más ni nada menos.

Menos mal que nos queda (ba) Portugal

Este viejo dicho español puede empezar a conjugarse en pasado después de la caída del Gobierno de Socratés y la amenaza de una intervención, que ya es una crónica anunciada, de la economía lusa. Las cifras de la exposición de la banca española en Portugal, un territorio que en muchos bancos se gestionaba como una región más de la península, y probablemente la parte de dicha península en la que más gente hay que quiere ser española, son de susto.

Un tercio de la exposición de toda la banca mundial, 76.000 millones de euros, está en manos de nuestros bancos. De esos 76.000 millones, la exposición a los sectores que más nos preocupan en el corto plazo -los bancos portugueses y el sector público portugués- es de 10.500 millones de euros. Los bonos públicos portugueses y los bonos y acciones bancarias sufrirán en los próximos días un fuerte deterioro en sus valores, que se trasladarán, o debieran trasladarse, a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de nuestras entidades.

Esta transmisión de deterioros, porque el portugués perjudicará a los títulos emitidos por nuestras entidades, no es una buena noticia para estas últimas. Encarecerá el coste de su financiación y abaratará el precio al que se deberán colocar las nuevas acciones que van a emitir los nuevos bancos en que se van a transformar las cajas de ahorros. Sin embargo, el problema mayor será, como suele ser habitual, el que se notará en el largo plazo. Los bancos españoles tienen prestados a residentes en Portugal 50.000 millones de euros. La capacidad de estos residentes de hacer frente a sus obligaciones en el futuro se reducirá como consecuencia de la fuerte elevación de los tipos de interés en la nación vecina, y como consecuencia de las políticas de ajuste que puedan llegar a imponer las autoridades europeas.

Estos efectos a corto -caída del valor de los títulos públicos y bancarios- y a largo -deterioro de los deudores privados portugueses- no estaban, además, contemplados en la rebaja de las calificaciones de crédito de las entidades españolas que publicó ayer Moodys. Dicha rebaja respondía al ajuste lógico que tenía que hacer la calificadora después de la última rebaja al emisor soberano español -el Tesoro-, por lo que no podemos descartar en unos meses otra rebaja adicional a nuestras instituciones financieras, o la rebaja en un plazo más corto de aquellas que han salido indemnes del último recorte.

Ninguna de estas noticias interrelacionadas -problemas en Portugal y rebaja de las calificaciones crediticias de nuestras entidades- navegan en la dirección que el Gobierno siempre anuncia: recuperación del ritmo de concesión de créditos a los sectores productivos y a las familias. Todas estas noticias no son sino la purga de los excesos de la fase de expansión del crédito y que sólo mediante la reducción del sobreendeudamiento, el desapalancamiento que dicen los técnicos, nos permitirá en un futuro no cercano remontar la situación actual.

Les guste o no a nuestras autoridades, estas noticias son las consecuencias inevitables de una mala política monetaria por un lado, y de una crisis posterior que se ha gestionado francamente mal. Los sufrimientos que nos esperan se podrían haber reducido atajando los problemas antes y ayudando menos a los sectores implicados.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Reformas amarillas

Por fin el Gobierno aprobó esta mañana (ayer para ustedes cuando lean esto) el denominado Real Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero. En el momento de escribir este artículo, poco después del Consejo de Ministros que lo ha aprobado, no disponemos del texto legal sino de la referencia que publica dicho consejo todos los viernes sobre sus acuerdos y, eso sí, de un magnífico archivo de power point de seis diapositivas, incluyendo portada. Sin embargo, algunas cosas podemos decir si luego el texto publicado en el BOR no desmiente a la referencia ni al power point.

El Gobierno nos indica que su motivación ha sido despejar las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema financiero, mediante el aumento de los recursos propios (en concreto, el capital principal o core capital), y la reforma del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el objetivo de reforzar la solvencia y facilitar la canalización del crédito. Vamos a ver si esto tiene sentido. Facilitar la canalización del crédito, como dice el Gobierno, no sé muy bien qué quiere decir, porque los canales son los que son: las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cajas rurales). Si están obstruidos no es por falta de fondos propios, sino porque la liquidez no abunda en el mercado, y porque la solvencia de los posibles beneficiarios del crédito es, en esta situación de crisis, dudosa.

La liquidez, además, depende, en mucho si no en todo, de la política monetaria del Banco Central Europeo y no de nuestro Gobierno. Si por facilitar la canalización del crédito queremos decir que el crédito va a fluir más abundantemente tras el aumento de los requerimientos de recursos propios, y en concreto del core capital, al sistema, esto es literalmente falso. Un aumento de dichos requerimientos es una reducción de la capacidad de endeudamiento de las entidades, lo que es lógico porque estaban sobreendeudadas. El incremento de dicho capital principal sólo quiere decir que de cada 100€ que las entidades prestan a partir de ahora 8€ los tendrán que poner sus accionistas, o al menos no ser exigibles por ningún tipo de acreedor, en lugar de 2€ como era hasta ahora. Visto así, las entidades han pasado de tener un apalancamiento (relación entre acreedores y patrimonio neto) de 49 a 1, a uno de 11,5 a 1.

Así, para cumplir con el nuevo nivel de apalancamiento, las entidades sólo tienen dos vías: aumentar core capital o reducir crédito, o una combinación de ambas políticas. Como conseguir tantos recursos para su patrimonio neto va a ser difícil -máxime cuando hay que financiar, además, los vencimientos de deuda pública y de las entidades, y el déficit público- el crédito, insisto, se reducirá. Y los tipos que se aplican al mismo, subirán. Lo que no facilitará la evolución de la morosidad.

Por otro lado, el Gobierno nos dice, como les indicaba antes, que las medidas son para despejar las dudas sobre la solvencia de las entidades. La obligación de incrementar el capital principal hará más solventes a las entidades, no cabe duda, pero lo que necesitaban los inversores no es que se aumente la solvencia futura, sino que se reconozcan las pérdidas pasadas y, en su caso, se repongan fondos en el caso de que sea necesario. Parece que se ha hecho al revés: pongan fondos, reconocemos pérdidas y luego ¿qué?…si sigue faltando habrá que reponer pero hasta los nuevos límites, muy elevados en comparación con los que se exigen en otros países, lo que colocará a las entidades españolas en mala situación para la competencia internacional. Al fin y al cabo, Basilea III exige estos niveles de composición del capital que exigimos ya en España a partir de 2019. A pesar de todo, mejor esto que nada si no fuera por la nacionalización, que concentrará en manos del Gobierno el mal uso que de su poder han hecho los gobiernos regionales, y todo por no haberse puesto las autoridades centrales antes rojas que ahora amarillas.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La carrera de las cajas de ahorros

El jueves 27 comenzó el desfile de cajas hacia su nuevo destino: la conversión en bancos. La Caixa anunció la transformación de su sociedad tenedora de participaciones empresariales, Criteria, en un banco en el que integraría su negocio financiero. Y se quedaría como mera tenedora del 81 por ciento de las acciones del nuevo banco. Al día siguiente, Unimm, la unión de tres pequeñas cajas catalanas, anunciaba la creación de un banco que se quedaría de matriz y al que traspasaría su negocio bancario. Ayer, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), en el que se integran varias cajas –entre las que destacan la de Madrid y Bancaja–, anunciaba su intención de salir a bolsa. Las motivaciones pueden ser distintas en los tres casos, pero guardan, sin duda, puntos comunes tras el anuncio del Gobierno el lunes 24 de nacionalizar, primero, y privatizar, después, las cajas que no alcanzasen los niveles mínimos de solvencia exigidos.

El primero, que especialmente pesa en las catalanas –y en la nota que emitió Unimm más especialmente todavía–, asegura la supervivencia de la institución caja de ahorros, aunque sólo sea como tenedora de las acciones de un banco. Se evita así la transformación de las cajas en bancos y se preserva el control de los políticos sobre una fundación tenedora de acciones de un banco que, con sus dividendos, financiará obras sociales y diversos puestos de interés para los mismos. No podemos olvidar, en este sentido, las declaraciones de algunos políticos regionales catalanes sobre su rechazo a la conversión de las cajas, al menos las que denominan como suyas, en bancos.

La segunda, tal vez un poco obvia tras el anuncio del Gobierno y que ha pesado mucho en todas estas decisiones, la posibilidad de salir a los mercados para obtener fondos propios en forma de capital a fin de cumplir con las mayores exigencias de lo que se denomina core capital. Las emisiones de acciones ayudarán, además, a solucionar algunos problemas de liquidez que resultan llamativos (BFA anunciaba ayer una necesidad de financiación para 2011 y 2012 de 20.821 millones, un 1,99 por ciento del PIB).

En el caso de La Caixa también ha debido pesar la recomendación del documento consultivo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de diciembre de 2009 en el que recomendaba que, en el nuevo marco de Basilea III, los intereses minoritarios no se tuvieran en cuenta como capital ordinario o, lo que es lo mismo en último término, como core capital. Con la conversión de Criteria en banco, sus antiguos accionistas minoritarios, que tendrán el 19 por ciento, podrían dejar de tener esta consideración siempre que, a efectos de cumplimiento de la normativa sobre recursos propios, se declare matriz al banco y no se fuerce a su consolidación con la caja tenedora del paquete mayoritario.

Visto así, el nuevo banco se encuentra con un incremento de su core capital del 23 por ciento sin ampliar capital ni someterse a los mercados. Al fin y al cabo, a las cajas meramente tenedoras de participaciones no parece razonable aplicarles la normativa de solvencia una vez que no tienen depósitos del público. Esperemos a las próximas semanas, porque está claro que, como en el colegio, parece que alguien ha dicho tonto el último.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La desamortización de las cajas de ahorros

El anuncio de las autoridades económicas españolas de un plan de medidas legales y de actuación para atender a las cajas de ahorros, tiene al menos un efecto positivo: ya estamos todos de acuerdo en que el sector de cajas de ahorros atraviesa serias dificultades financieras. No es poco, porque hasta la fecha, el rumor, cada vez más fuerte, era que estaban mal pero dichas autoridades lo negaban. Salvo que pretenden convencernos ahora de que el plan no es porque estén mal, sino para que estén mejor, que todo podría ser. Se habla de que es un proceso de nacionalización, aunque bajo mi punto de vista se parece más a un proceso de desamortización.

Las cajas de ahorros eran hasta hace treinta y tres años un sector sin grandes problemas, que atravesó una crisis, muy pequeña en comparación con la actual, cuya gestión se entregó al poder político local y regional con la Ley de Órganos Rectores (LORCA). Esa entrega desdibujó los derechos de propiedad de las mismas, por lo que los nuevos gestores, sin atribuírselos, ejercieron sus funciones en beneficio de un grupo concreto: el político. Ahora las cajas, como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo y de las decisiones de ese grupo, están en una situación límite para su supervivencia. El Estado pues, se plantea una nacionalización limitada en el tiempo de aquellas cuya inviabilidad ya sea manifiesta en los próximos meses. Posteriormente las entregará, ya con los derechos de propiedad bien definidos, a inversores privados a los que, además, habrá que garantizar de algún modo un valor neto positivo, si queremos que se hagan cargo de las mismas y nos sacudan de esta rémora.

Lo dicho: un proceso de treinta y tres años que ha supuesto la desamortización de un bien del común. La solución se plantea ya como inevitable. La semana pasada todavía las autoridades hablaban de permitir a algunas entidades la actuación en sus ámbitos regionales de influencia: justo como estaban antes de la reforma de finales de los setenta. Para este viaje, no hacían falta las alforjas que se han quedado por el camino. En la confabulación entre el poder político y el económico en que se ha convertido la política económica moderna, porque ya saben ustedes que las leyes de mercado sólo operan para aquellos too little to life, este es un caso especial: es la actuación de un poder político (el central) salvándole la cara a otro (el poder político local y regional) aunque algunos en este último protesten.

Durante los años que dure la nacionalización temporal, el Gobierno de turno acumulará un poder económico inmenso. Ahora mismo, el poder económico de las cajas estaba mal gestionado pero bien repartido. Tan bien repartido que le ha sido imposible a las autoridades centrales, incluso en las ocasiones en que han actuado de buena fe y con razón, doblegar la testarudez de algunos de entregárselo, aunque sólo fuera para solucionarle la papeleta.

La operación se instrumenta ahora como una solución técnica indiscutible: adelantamos y reforzamos, porque para eso somos los más machos, un acuerdo internacional sobre regulación financiera, Basilea III. Basilea III no entra en vigor para el resto del mundo hasta 2013 y sólo exige ese año un 3,5% de financiación en forma de capital más reservas o core capital. En su desarrollo pleno, a partir de 2019, no exige más que un 7% por este concepto. Estableciéndolo en un 8% en unos pocos meses, dejamos fuera de la ley a muchas cajas de ahorros que presentan, o podrían presentar, una situación razonable de solvencia, a pesar de las pérdidas que tuvieran todavía que reconocer o los problemas de liquidez que pudieran afrontar en el inmediato futuro. De paso, dejamos fuera de la ley a muchos bancos, para que la norma parezca más una norma general que una norma particular, que es lo que es. La norma se aprueba poco antes de que se publiquen los resultados del último ejercicio de la mayoría de las entidades afectadas, todas en el caso de las cajas de ahorros, con el fin de que el borrón sea completo, y no parcial como hasta ahora, y quede disimulado con la cuenta nueva que se hará en unos pocos meses. Todo este bagaje técnico se adereza con el mantra del tamaño mínimo, cuando en otros territorios cercanos a nosotros (y en España bajo otra forma social, pero mejor no dar pistas) operan cientos de pequeñas instituciones, como las que ahora desaparecerán en nuestro país, sin problema alguno.

Mientras tanto, los mismos que se cargan las cajas de ahorros (un invento de los franciscanos) apoyan las denominadas iniciativas de inclusión social, que les parecen imprescindibles para que determinados segmentos de la población no queden fuera del acceso al crédito. A esas iniciativas las llaman: microcréditos. Cuando estas iniciativas privadas de la sociedad, por no utilizar el adjetivo social que todo lo enturbia, sean suficientemente grandes, volverán a protegerlas de sus fundadores con la excusa del beneficio público. Cuando estén esquilmadas de nuevo, la racionalidad económica como excusa de la impericia y la falsedad las hará desaparecer otra vez.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

En defensa de los supervisores (nacionales)

Ya saben ustedes que con el comienzo del año comenzaron a funcionar las nuevas autoridades supervisoras europeas, al menos su cúpula directiva, pues el reclutamiento de efectivos entre funcionarios de las autoridades nacionales y el inicio efectivo de tareas se retrasa hasta abril. Me preguntan qué me parece la creación de estos nuevos organismos, creación que, en principio, acojo con poco entusiasmo porque cuanto más presentan las autoridades políticas algo como la solución, más tiendo a desconfiar de ello. Pero como esta actitud, prudente, suele ser calificada como irracional, quiero entrar a revisar la racionalidad de la medida de creación de las nuevas autoridades supervisoras europeas. Vamos a ello.

Las nuevas autoridades se crean porque según el discurso político imperante el sistema financiero se ha colapsado como consecuencia de su infrarregulación, o exceso de liberalización que dicen otros, y como consecuencia de un fallo de supervisión, aunque esto último no se dice con total claridad. En cualquier caso, se viene a plantear que las autoridades políticas no disponían de instrumentos legales suficientes para afrontar esta situación y que los supervisores, además de faltos de medios, han sido algo laxos o miopes. A partir de aquí, los argumentos de siempre: más regulación y más control. Las autoridades políticas nunca fallan: simplemente nunca disponen de todos los medios.

El primer argumento, el de la infrarregulación, es falso. No creo que haya sector más regulado de la actividad económica que el financiero. Así que, en todo caso, podrán las autoridades políticas hablar de legislación defectuosa, siempre que no olviden que la legislación la hacen (o al menos la eligen de entre las que se les propone) esas mismas autoridades, por lo que tendrán alguna responsabilidad. Sin embargo, no creo que el problema sea un defecto técnico de la legislación que es abundante y prolija, tanto que muchas veces es incomprensible, incluso, para los obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Se indica, por ejemplo, que las nuevas autoridades supervisoras podrían bloquear nuevos productos. Esta posibilidad ya la tienen en diversas y variadas formas que van desde el control de la publicidad y del contenido de los contratos, a la necesaria autorización previa o exigencia de cumplimiento de requisitos para la colocación de productos.

El segundo argumento: el de la laxitud o falta de medios de los supervisores también es falso. Por lo menos hasta el estallido de la crisis. Los supervisores, como cualquier autoridad humana, no tienen capacidad predictiva completa en Economía, pero sabían, por experiencia entre otras cosas, que la expansión crediticia del Banco Central Europeo nos llevaría a la crisis, aunque no el momento ni la intensidad de la misma. Sin embargo, no podían pararla porque la expansión del crédito no la decidían los supervisores sino el BCE. Así, no entiendo cómo se argumenta ahora que la nueva autoridad supervisora podrá restringir el crédito cuando la autoridad monetaria decida ampliar la oferta monetaria. Algunos dirán que, al menos, podrían haber desaconsejado el crédito a determinados sectores, pero los que argumentan esto olvidan que las autoridades económicas nacionales decidieron ordenar por otras vías el crédito a esos sectores. De otros problemas añadidos a dicha crisis y con origen en otras legislaciones (pensiones, financiación de entes locales y regionales, etc…) no sabían los supervisores cómo podían afectar a las entidades supervisadas, pero esa no era esa su tarea, sino que lo era de las autoridades políticas.

Sin embargo, he dicho que la laxitud del supervisor es un argumento falso hasta el estallido de la crisis. Desde el estallido, la laxitud ha dependido de la independencia de cada supervisor nacional respecto de sus autoridades políticas y, en cualquier caso, ha estado condicionada al interés de estas últimas de dar una salida a la situación que no pasara por el reconociendo de los graves errores en la dirección de la política monetaria europea. Los supervisores bancarios nacionales podrían haberse equivocado, las autoridades políticas nacionales también, pero las europeas no se equivocan nunca lo que tiene el efecto de exonerar a las de cada país miembro pero no a los supervisores.

Lo que necesitamos es aumentar la independencia de los supervisores respecto de las autoridades políticas. Esto lo podemos alcanzar por diversas vías: la privatización de los fondos de cobertura de los depósitos bancarios, que asumirían la función, puede ser una. Para que funcione la propuesta sólo hace falta restaurar en el sector financiero el Derecho Concursal Común, Si los aseguradores de depósitos quieren ser paneruopeos, globales, locales o turcochipriotas es lo de menos. Junto a ello, hay que eliminar la potestad del BCE de emitir moneda sin respaldo metálico, y ya que recuperamos el respaldo que emita moneda todo el que lo tenga, público o privado. Los supervisores financieros europeos sólo van a servir para vaciar de responsabilidad las autoridades nacionales porque lo dice Europa, como si este fuera un argumento de suficiente autoridad.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El problema de España: los loros

Cada vez que alguien se dirige a un miembro de eso que podemos llamar el establismen (fíjense que tiene la misma raíz latina que stabulus-i) y le sugiere un recorte del alguna partida de gasto público, porque de algún modo habrá que atajar el exceso del mismo, la respuesta es inequívoca: con eso se ahorra poco porque al final es el
chocolate del loro.

Está claro, por tanto, que el problema del déficit público español es mucho más sencillo de solucionar de lo que parecen creer nuestras autoridades, salvo por la contestación que, muy probablemente, encontrarán entre los grupos ecologistas organizados. Se trata, en definitiva, de acabar con la superpoblación de loros chocolatóvoros que nos asola. Es cierto que estos animales no son especialmente prolíficos dado que el chocolate, como es sabido, actúa como inhibidor de la actividad sexual, pero como, por otro lado, su tasa de mortalidad es extraordinariamente baja, como consecuencia de una esperanza de vida prácticamente infinita, la población de los mismos no ha parado de crecer. Además, estas aves tienden, con su envejecimiento, a aumentar la ración diaria de chocolate que necesitan para subsistir, lo que ha encarecido de manera muy alarmante el precio del preciado alimento dulce (el oro marrón lo llaman ya algunos), hasta el punto de que hoy en día es prácticamente imposible hacerse con existencias del mismo para nuestros hijos.

Algunos han propuesto curas de adelgazamiento consistentes en ofrecerles chocolate bajo en calorías, pero los loros han demostrado una pertinaz contumacia en el chocolate alto en contenido graso (por otro lado el único que nos asegura que la actividad reproductora de estas aves se mantendrá en unas tasas moderadas).Así mismo, la dieta de chocolate hipercalórico presenta importantes ventajas, al margen de las apuntadas, porque asegura que los elevados índices de masa corporal (ya saben: peso en kilos dividido entre la altura en centímetros al cuadrado) que estos animales alcanzan ya en sus primeros meses de vidas les imposibilitan para volar. Este abandono temprano de la actividad voladora, si bien no reduce los excrementos que expelen, nos asegura que lo hacen a una altura menos gravosa para el común de los viandantes y, por otro lado, no cabe duda de que ha creado toda una industria de tratamiento de residuos orgánicos que da trabajo a un sector importante de la población. Algunos menos concienciados con la vida natural y las ventajas en términos de empleo del sector de limpieza viaria, abogan por dejar las calles sin limpiar en el convencimiento de que como la especie animal, aunque gruesa, es de menos altura que la humana, terminará desapareciendo ahogada.

Este modo de reducir la superpoblación de loros de España no cuenta, por motivos obvios, con una gran resistencia por parte de los ecologistas que sólo admiten métodos naturales para reducir la misma y, aunque a regañadientes como amantes de los animales que son, reconocen que el acondicionamiento de las calles no es algo que la Pacha Mama o Madre Naturaleza tuviera previsto. Sin embargo, otros aseguran que no es tan claro que dejando de limpiar las vías públicas los acontecimientos se desarrollarán como decimos, dado que el volumen de residuos acumulado requerido para que esto ocurra es tan alto que, muy probablemente, muchos de nosotros lleguemos a tropezar y caer, especialmente nuestros hijos y ancianos, antes de que esto ocurra y terminemos experimentando la misma suerte que los loros.

Llegados aquí, les reconozco que ya no veo tan claro el modo de reducir la superpoblación como les decía al principio mientras los ecologistas no permitan la conveniente adulteración del chocolate, que por otro lado no les preocupa cuando a otras especies se refiere, o el levantamiento de la veda del loro chocolatóvoro. En cualquier caso, dados los temas de mi especialidad, sólo quería proponerles un tema para la reflexión, de vital importancia para las arcas públicas.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.