En defensa de los supervisores (nacionales)

Ya saben ustedes que con el comienzo del año comenzaron a funcionar las nuevas autoridades supervisoras europeas, al menos su cúpula directiva, pues el reclutamiento de efectivos entre funcionarios de las autoridades nacionales y el inicio efectivo de tareas se retrasa hasta abril. Me preguntan qué me parece la creación de estos nuevos organismos, creación que, en principio, acojo con poco entusiasmo porque cuanto más presentan las autoridades políticas algo como la solución, más tiendo a desconfiar de ello. Pero como esta actitud, prudente, suele ser calificada como irracional, quiero entrar a revisar la racionalidad de la medida de creación de las nuevas autoridades supervisoras europeas. Vamos a ello.

Las nuevas autoridades se crean porque según el discurso político imperante el sistema financiero se ha colapsado como consecuencia de su infrarregulación, o exceso de liberalización que dicen otros, y como consecuencia de un fallo de supervisión, aunque esto último no se dice con total claridad. En cualquier caso, se viene a plantear que las autoridades políticas no disponían de instrumentos legales suficientes para afrontar esta situación y que los supervisores, además de faltos de medios, han sido algo laxos o miopes. A partir de aquí, los argumentos de siempre: más regulación y más control. Las autoridades políticas nunca fallan: simplemente nunca disponen de todos los medios.

El primer argumento, el de la infrarregulación, es falso. No creo que haya sector más regulado de la actividad económica que el financiero. Así que, en todo caso, podrán las autoridades políticas hablar de legislación defectuosa, siempre que no olviden que la legislación la hacen (o al menos la eligen de entre las que se les propone) esas mismas autoridades, por lo que tendrán alguna responsabilidad. Sin embargo, no creo que el problema sea un defecto técnico de la legislación que es abundante y prolija, tanto que muchas veces es incomprensible, incluso, para los obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Se indica, por ejemplo, que las nuevas autoridades supervisoras podrían bloquear nuevos productos. Esta posibilidad ya la tienen en diversas y variadas formas que van desde el control de la publicidad y del contenido de los contratos, a la necesaria autorización previa o exigencia de cumplimiento de requisitos para la colocación de productos.

El segundo argumento: el de la laxitud o falta de medios de los supervisores también es falso. Por lo menos hasta el estallido de la crisis. Los supervisores, como cualquier autoridad humana, no tienen capacidad predictiva completa en Economía, pero sabían, por experiencia entre otras cosas, que la expansión crediticia del Banco Central Europeo nos llevaría a la crisis, aunque no el momento ni la intensidad de la misma. Sin embargo, no podían pararla porque la expansión del crédito no la decidían los supervisores sino el BCE. Así, no entiendo cómo se argumenta ahora que la nueva autoridad supervisora podrá restringir el crédito cuando la autoridad monetaria decida ampliar la oferta monetaria. Algunos dirán que, al menos, podrían haber desaconsejado el crédito a determinados sectores, pero los que argumentan esto olvidan que las autoridades económicas nacionales decidieron ordenar por otras vías el crédito a esos sectores. De otros problemas añadidos a dicha crisis y con origen en otras legislaciones (pensiones, financiación de entes locales y regionales, etc…) no sabían los supervisores cómo podían afectar a las entidades supervisadas, pero esa no era esa su tarea, sino que lo era de las autoridades políticas.

Sin embargo, he dicho que la laxitud del supervisor es un argumento falso hasta el estallido de la crisis. Desde el estallido, la laxitud ha dependido de la independencia de cada supervisor nacional respecto de sus autoridades políticas y, en cualquier caso, ha estado condicionada al interés de estas últimas de dar una salida a la situación que no pasara por el reconociendo de los graves errores en la dirección de la política monetaria europea. Los supervisores bancarios nacionales podrían haberse equivocado, las autoridades políticas nacionales también, pero las europeas no se equivocan nunca lo que tiene el efecto de exonerar a las de cada país miembro pero no a los supervisores.

Lo que necesitamos es aumentar la independencia de los supervisores respecto de las autoridades políticas. Esto lo podemos alcanzar por diversas vías: la privatización de los fondos de cobertura de los depósitos bancarios, que asumirían la función, puede ser una. Para que funcione la propuesta sólo hace falta restaurar en el sector financiero el Derecho Concursal Común, Si los aseguradores de depósitos quieren ser paneruopeos, globales, locales o turcochipriotas es lo de menos. Junto a ello, hay que eliminar la potestad del BCE de emitir moneda sin respaldo metálico, y ya que recuperamos el respaldo que emita moneda todo el que lo tenga, público o privado. Los supervisores financieros europeos sólo van a servir para vaciar de responsabilidad las autoridades nacionales porque lo dice Europa, como si este fuera un argumento de suficiente autoridad.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.