Hoy se acaba el primer semestre del año y mañana comienzan muchos de ustedes sus vacaciones de verano. Mañana, además, sube el IVA. El tipo general al 18% desde el 16%, lo que supondrá, para aquellos casos en que el vendedor decida no soportar la subida con cargo a su margen, una subida de los precios del 1,72%. Pero vamos a darle una vuelta al tema.
La crítica más corriente ha sido la de que la subida del impuesto reducirá el consumo, lo que es malo porque lo que necesitamos es incrementarlo. Me recuerda esto a otros sinsentidos, pero esta vez pronunciados por un Premio Nobel de Economía como el profesor Stiglitz, que ha criticado las medidas de austeridad y reducción del gasto público de los gobiernos occidentales. Recuerden que Stiglitz es uno de los asesores económicos de nuestro actual gobierno. Me cuesta entender cómo pretende este profesor reducir el sobreendeudamiento público, por mucho que haya dicho que los que mantenemos posturas como la mía no entendemos que las reglas de administración de una economía doméstica no son aplicables a una economía nacional.
Realmente, no son las reglas de una economía doméstica, sino que son las reglas de cualquier unidad económica -las familias y las empresas-, con independencia de su tamaño. Y no veo por qué no han de ser las del Estado, que sólo se diferencia porque tiene una capacidad de crédito mayor que esas otras unidades, y porque nos puede expropiar parte de nuestra riqueza emitiendo más papel moneda. La idea de que el Estado no está sujeto a las mismas reglas que los demás, no sólo es un problema en Derecho sino que también lo es en Economía.
Pero bien, no cabe duda de que la subida del IVA reducirá el consumo en las rentas más bajas, las que no pueden ahorrar, en un 1,7%, pues gastarán lo mismo pero les darán un poco menos, y la diferencia, para el Estado. Los que ahorran, sin embargo, es posible que consuman lo mismo a costa de ahorrar un poco menos. Como ven, se consumirá y ahorrará menos, a favor del Estado. No lo critico porque tenemos al Estado como lo tenemos, aunque me fastidie mucho pagar impuestos, y la deuda en la que ha incurrido, aunque no nos guste, es nuestra. Lo que necesitamos ahora es que el Estado reduzca su deuda y sus funciones, y nos deje elegir en qué queremos consumir nuestro dinero o si queremos ahorrarlo.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 30 de junio de 2010
martes, 29 de junio de 2010
Las recetas del G-20
Ya ven ustedes que este fin de semana último han estado reunidos los líderes del G-20 para ver, si en un ratito, arreglan lo que costó años -tampoco muchos, pero años- destruir. Cuando hablan de banca y de mercados financieros -uno de los temas que más les preocupan-, todas sus alternativas giran en torno a tres opciones, sin que se atrevan a elegir ninguna en concreto. Están, por así decirlo, en una parálisis permanente que dura ya tres años, salvo para, de vez en cuando, aprobar un paquete de ayudas que aumente el déficit público y evite una quiebra inminente de alguna institución pública o privada.
Pero analicemos las posibilidades. La tasa Tobin, en principio un impuesto a la compra-venta de divisas, aunque se puede ampliar a cualquier transacción del mercado financiero, pretende reducir el número de operaciones especulativas, pues el importe cobrado desincentivaría las de muy corto plazo. No es la peor de las opciones para que los estados recauden -que andan muy necesitados-, pero reduciría la liquidez en los mercados y haría caer los precios de muchos activos financieros, ante las dificultades añadidas por dicha tasa para su venta.
Las exigencias de más fondos propios a la banca, es decir, de nuevas aportaciones de nuevos socios o de los antiguos como modo de aumentar su solvencia, es la solución evidente pero casi imposible porque, dado como están los bancos, es difícil conseguir dichas aportaciones. El aumento de la solvencia, en vez de aumentando los fondos propios, puede venir por reducir los ajenos, es decir, el endeudamiento de los bancos, pero eso reducirá el crédito al sector privado que quieren mantener, a toda costa, unos gobernantes que han emborrachado de liquidez a las empresas y a los bancos.
Por último, la propuesta española: aumentar los fondos de garantía de depósitos. Esta propuesta lo que intenta es ocultar que las autoridades centrales quebraron estos fondos gestionados por las autoridades, con contribuciones privadas al comienzo de la crisis. ¿Y cómo los quebraron? Pues muy sencillamente: aumentando las cantidades cubiertas -en el caso español por cinco- sin el correlato de aumentar las contribuciones. En el fondo imaginen qué pasaría si las autoridades exigieran a las compañías de seguros aumentar varias veces los capitales asegurados sin subir las primas. Pues eso es lo que se hizo. Como ven, la cosa está difícil, pero tampoco se preocupen mucho porque recuerden que su suerte depende más de ustedes que de este grupo de vanidosos que dirige el mundo.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Pero analicemos las posibilidades. La tasa Tobin, en principio un impuesto a la compra-venta de divisas, aunque se puede ampliar a cualquier transacción del mercado financiero, pretende reducir el número de operaciones especulativas, pues el importe cobrado desincentivaría las de muy corto plazo. No es la peor de las opciones para que los estados recauden -que andan muy necesitados-, pero reduciría la liquidez en los mercados y haría caer los precios de muchos activos financieros, ante las dificultades añadidas por dicha tasa para su venta.
Las exigencias de más fondos propios a la banca, es decir, de nuevas aportaciones de nuevos socios o de los antiguos como modo de aumentar su solvencia, es la solución evidente pero casi imposible porque, dado como están los bancos, es difícil conseguir dichas aportaciones. El aumento de la solvencia, en vez de aumentando los fondos propios, puede venir por reducir los ajenos, es decir, el endeudamiento de los bancos, pero eso reducirá el crédito al sector privado que quieren mantener, a toda costa, unos gobernantes que han emborrachado de liquidez a las empresas y a los bancos.
Por último, la propuesta española: aumentar los fondos de garantía de depósitos. Esta propuesta lo que intenta es ocultar que las autoridades centrales quebraron estos fondos gestionados por las autoridades, con contribuciones privadas al comienzo de la crisis. ¿Y cómo los quebraron? Pues muy sencillamente: aumentando las cantidades cubiertas -en el caso español por cinco- sin el correlato de aumentar las contribuciones. En el fondo imaginen qué pasaría si las autoridades exigieran a las compañías de seguros aumentar varias veces los capitales asegurados sin subir las primas. Pues eso es lo que se hizo. Como ven, la cosa está difícil, pero tampoco se preocupen mucho porque recuerden que su suerte depende más de ustedes que de este grupo de vanidosos que dirige el mundo.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 28 de junio de 2010
Aclaración sobre el dinero de españoles en el extranjero
El pasado jueves les hablé sobre la polémica de la fuga de capitales españoles al extranjero. Mi análisis fue políticoeconómico, es decir: analicé las consecuencias y las causas en una economía nacional, de la salida de capitales al exterior. Hoy, lo que quiero es centrarme en los aspectos legales y fiscales de la tenencia de fondos en el extranjero por parte de españoles, porque en los últimos días he oído muchas tonterías.
La legislación española permite a los españoles, residentes o no residentes en España, tener depósitos bancarios fuera sin autorización previa de las autoridades españoles. Las obligaciones de un español residente en España que invierte en el extranjero sus ahorros, se circunscriben a declarar los ingresos que dichas inversiones le producen, y a pagar los impuestos correspondientes. Además, tiene la obligación de comunicar a las autoridades españolas los movimientos de dinero en efectivo. Nada más.
Un español puede llevarse el dinero fuera, además de porque no le gusta cómo está España, porque tiene la intención defraudadora de no pagar impuestos. Pero esta motivación de tipo fiscal es independiente de la primera, que responde al derecho a invertir su patrimonio como mejor quiera. Luego se habla mucho de dinero negro. Conviene separar aquí dos orígenes distintos para el dinero que un particular pretende ocultar al control de las autoridades.
Un origen puede estar en ingresos ocultados al fisco que, bajo mi punto de vista, no deja de ser una infracción de tipo administrativo, aunque pueda llegar a tener carácter penal; y otro origen puede estar en ingresos cuyo origen está en actividades ilegales y muy perseguidas por todos los países occidentales como el narcotráfico, las redes de explotación sexual o el terrorismo. El dinero con este último origen es muy difícil introducirlo en el sistema bancario, en España y en Suiza, porque está, insisto, muy perseguido. Así, que esa bolsa que se ha descubierto en Suiza corresponderá, si acaso, a defraudadores fiscales, y no todos, pero nada más. Lo digo para que no erremos el juicio sobre quiénes son los responsables de esta crisis.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La legislación española permite a los españoles, residentes o no residentes en España, tener depósitos bancarios fuera sin autorización previa de las autoridades españoles. Las obligaciones de un español residente en España que invierte en el extranjero sus ahorros, se circunscriben a declarar los ingresos que dichas inversiones le producen, y a pagar los impuestos correspondientes. Además, tiene la obligación de comunicar a las autoridades españolas los movimientos de dinero en efectivo. Nada más.
Un español puede llevarse el dinero fuera, además de porque no le gusta cómo está España, porque tiene la intención defraudadora de no pagar impuestos. Pero esta motivación de tipo fiscal es independiente de la primera, que responde al derecho a invertir su patrimonio como mejor quiera. Luego se habla mucho de dinero negro. Conviene separar aquí dos orígenes distintos para el dinero que un particular pretende ocultar al control de las autoridades.
Un origen puede estar en ingresos ocultados al fisco que, bajo mi punto de vista, no deja de ser una infracción de tipo administrativo, aunque pueda llegar a tener carácter penal; y otro origen puede estar en ingresos cuyo origen está en actividades ilegales y muy perseguidas por todos los países occidentales como el narcotráfico, las redes de explotación sexual o el terrorismo. El dinero con este último origen es muy difícil introducirlo en el sistema bancario, en España y en Suiza, porque está, insisto, muy perseguido. Así, que esa bolsa que se ha descubierto en Suiza corresponderá, si acaso, a defraudadores fiscales, y no todos, pero nada más. Lo digo para que no erremos el juicio sobre quiénes son los responsables de esta crisis.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 25 de junio de 2010
La ética de la redistribución
Este es el último viernes de junio y el primero del verano, pero en nada difiere para este espacio del resto de los viernes. Así, que vayan a la biblioteca o la librería a por un libro políticamente muy incorrecto, que les recomiendo: La ética de la redistribución , de Bernard de Jouvenel. No es un libro nuevo. Fue publicado por primera vez en 1951, con lo que ya tiene casi sesenta años. Así, podemos afirmar que ha pasado el filtro del tiempo, lo que nos asegura su interés. Es, además, un libro corto -poco más de cien páginas-, por lo que el lunes podrán volver a su oficina con las ideas más claras sobre uno de los tópicos aceptados por el ambiente político de nuestros días: el de que es una función buena, y deseable por tanto, que debe realizar del Estado la de recaudar recursos económicos de los ricos para entregarlo a los pobres.
Dejando al margen lo arbitrario que son las definiciones de rico y de pobre, y el argumento contrario a la redistribución que es la ineficiencia económica que introduce la redistribución, y que es aceptado incluso por los defensores de la misma, lo fundamental en este texto es el análisis de las bases éticas de dicha redistribución. El profesor Jouvenel demuestra que la política de la redistribución, lo que redistribuye principalmente no son los recursos económicos, sino el poder político, desde la población en su conjunto al Estado. Así, dicha población va perdiendo la capacidad de gestionar sus propias vidas y se vuelve estadodependiente.
Como ven, esto es un ataque en toda regla al denominado Estado del Bienestar. Jouvenel estaba acostumbrado a decir cosas políticamente incorrectas. Tan políticamente incorrectas que otra de sus obras, Sobre el poder, causó tanto escozor que tuvo que exiliarse a Suiza desde su Francia natal, y eso que Francia es una democracia. Así que no lo duden, para entender bien el cuento de la función redistributiva del Estado moderno, léanse La ética de la redistribución , de Bernard de Jouvenel. Merece la pena.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Dejando al margen lo arbitrario que son las definiciones de rico y de pobre, y el argumento contrario a la redistribución que es la ineficiencia económica que introduce la redistribución, y que es aceptado incluso por los defensores de la misma, lo fundamental en este texto es el análisis de las bases éticas de dicha redistribución. El profesor Jouvenel demuestra que la política de la redistribución, lo que redistribuye principalmente no son los recursos económicos, sino el poder político, desde la población en su conjunto al Estado. Así, dicha población va perdiendo la capacidad de gestionar sus propias vidas y se vuelve estadodependiente.
Como ven, esto es un ataque en toda regla al denominado Estado del Bienestar. Jouvenel estaba acostumbrado a decir cosas políticamente incorrectas. Tan políticamente incorrectas que otra de sus obras, Sobre el poder, causó tanto escozor que tuvo que exiliarse a Suiza desde su Francia natal, y eso que Francia es una democracia. Así que no lo duden, para entender bien el cuento de la función redistributiva del Estado moderno, léanse La ética de la redistribución , de Bernard de Jouvenel. Merece la pena.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 24 de junio de 2010
La propiedad privada tiene mala prensa
En las últimas semanas se oye con frecuencia hablar de que muchos españoles están trasladando al exterior sus depósitos de efectivo y de valores. Algunos lo critican por un malentendido concepto de solidaridad, y otros lo alaban con la envidia del que no puede hacerlo porque, para su desgracia, nada tiene que trasladar. La crítica por insolidaridad viene a pensar que si el dinero se va del país, las cosas irán peor para todos dentro de las fronteras. Esto último es cierto, en el sentido de que la financiación se irá encareciendo y los que necesiten créditos, por el motivo que sea, los pagarán más caros. Llegado al extremo, podría causar verdaderos problemas de liquidez en el interior.
Sin embargo, olvida que el movimiento de capitales al exterior no es la causa del problema sino una consecuencia. Así, las dictaduras y los regímenes económicos autárquicos suelen imponer fuertes restricciones a la salida de capitales al exterior. Suelen disfrazarse de patriotismo esas medidas que, en el fondo, intentan disimular los errores de una política económica determinada por un lado, y cuya justificación moral es similar a la que impide comprar alimentos o medicinas para sus hijos al que tiene la posibilidad de hacerlo en una situación de penuria generalizada, por otro. En el fondo, nadie mejora porque un afortunado deje de dar de comer a sus hijos cuando la mayoría no puede, pero el malestar que provoca la envidia, se reduce.
La idea, además, de que el Estado puede impedirnos disponer libremente de nuestro patrimonio se basa en un concepto que, en el fondo, no reconoce la propiedad privada y que, aunque no la abole, la deja reducida a una administración privada de bienes públicos. Realmente, en muchos países occidentales, y a pesar de la caída del socialismo que supuso la del muro de Berlín y la Unión Soviética, la propiedad privada tiene mala prensa y la legislación ha recortado mucho el derecho que supone la misma. Básicamente, se puede decir que la propiedad privada es en esos países algo que se tolera, porque la administración privada de los bienes es mejor que la pública, y no porque sea realmente un derecho humano. Recordemos que en la Unión Soviética se llegó a permitir pequeños huertos para el autoconsumo, después de que el comunismo total produjera millones de muertos por hambre. Es decir, se permitió por eficacia, pero no porque la gente tuviera derecho a asegurarse un modo de evitar morir de hambre.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Sin embargo, olvida que el movimiento de capitales al exterior no es la causa del problema sino una consecuencia. Así, las dictaduras y los regímenes económicos autárquicos suelen imponer fuertes restricciones a la salida de capitales al exterior. Suelen disfrazarse de patriotismo esas medidas que, en el fondo, intentan disimular los errores de una política económica determinada por un lado, y cuya justificación moral es similar a la que impide comprar alimentos o medicinas para sus hijos al que tiene la posibilidad de hacerlo en una situación de penuria generalizada, por otro. En el fondo, nadie mejora porque un afortunado deje de dar de comer a sus hijos cuando la mayoría no puede, pero el malestar que provoca la envidia, se reduce.
La idea, además, de que el Estado puede impedirnos disponer libremente de nuestro patrimonio se basa en un concepto que, en el fondo, no reconoce la propiedad privada y que, aunque no la abole, la deja reducida a una administración privada de bienes públicos. Realmente, en muchos países occidentales, y a pesar de la caída del socialismo que supuso la del muro de Berlín y la Unión Soviética, la propiedad privada tiene mala prensa y la legislación ha recortado mucho el derecho que supone la misma. Básicamente, se puede decir que la propiedad privada es en esos países algo que se tolera, porque la administración privada de los bienes es mejor que la pública, y no porque sea realmente un derecho humano. Recordemos que en la Unión Soviética se llegó a permitir pequeños huertos para el autoconsumo, después de que el comunismo total produjera millones de muertos por hambre. Es decir, se permitió por eficacia, pero no porque la gente tuviera derecho a asegurarse un modo de evitar morir de hambre.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 23 de junio de 2010
Apretarse el cinturón
Les recomiendo el artículo que ayer publicó María Jesús Fernández en El Economista. Y se lo recomiendo por tres cosas: la primera, porque es claro; la segunda, porque al rigor de la autora se une lo que le aporta de conocimiento de la situación económica el lugar donde desarrolla su actividad: la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) y, la tercera, porque lo que lean les va recordar mucho a esto que escribo, y a uno le gusta pensar que no es un loco al que se le ha ocurrido la idea genial que nadie ve.
Pero vamos al tema. ¿Qué dice la señora Fernández? Pues que la solución a la situación española no está, como se insiste desde las posturas económicamente correctas, en el consumo sino en el ahorro, en la austeridad. Habla ella de un cambio de modelo económico, pero no basado en los conceptos grandilocuentes o pretendidamente innovadores, sino en algo tan sencillo como reducir el consumo, la inversión inmobiliaria y el modo en que se han financiado ambos: el sobreendeudamiento.
Tenemos que reducir nuestro endeudamiento, y para eso no nos queda otra que consumir menos que lo que producimos, visto tanto desde un punto individual como colectivo. El crecimiento de España en lo económico debe venir de las exportaciones. Es decir, debemos producir, no para consumirlo nosotros sino para que lo consuman otros, como modo de reducir el exceso de financiación recibida y de aumento de la inversión. Ésta -la inversión- se ha visto desplazada por el consumo, y de seguir así continuará reduciéndose, lo que disminuirá nuestra tan cacareada productividad.
La productividad de los trabajadores aumenta cuando el capital invertido aumenta. Es sencillo de entender: un agricultor produce más con un tractor que con una azada. Y no se dejen llevar por el prejuicio del maquinismo: alguien fabrica los tractores y presta multitud de servicios a un agricultor con más poder adquisitivo, y a los obreros cualificados y bien remunerados que producen la maquinaria de uso agrícola. Así que ya saben: hay que apretarse el cinturón porque a la larga nos irá mejor, aunque suframos en el corto plazo. La alternativa es el desastre en un plazo poco más largo que el corto.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Pero vamos al tema. ¿Qué dice la señora Fernández? Pues que la solución a la situación española no está, como se insiste desde las posturas económicamente correctas, en el consumo sino en el ahorro, en la austeridad. Habla ella de un cambio de modelo económico, pero no basado en los conceptos grandilocuentes o pretendidamente innovadores, sino en algo tan sencillo como reducir el consumo, la inversión inmobiliaria y el modo en que se han financiado ambos: el sobreendeudamiento.
Tenemos que reducir nuestro endeudamiento, y para eso no nos queda otra que consumir menos que lo que producimos, visto tanto desde un punto individual como colectivo. El crecimiento de España en lo económico debe venir de las exportaciones. Es decir, debemos producir, no para consumirlo nosotros sino para que lo consuman otros, como modo de reducir el exceso de financiación recibida y de aumento de la inversión. Ésta -la inversión- se ha visto desplazada por el consumo, y de seguir así continuará reduciéndose, lo que disminuirá nuestra tan cacareada productividad.
La productividad de los trabajadores aumenta cuando el capital invertido aumenta. Es sencillo de entender: un agricultor produce más con un tractor que con una azada. Y no se dejen llevar por el prejuicio del maquinismo: alguien fabrica los tractores y presta multitud de servicios a un agricultor con más poder adquisitivo, y a los obreros cualificados y bien remunerados que producen la maquinaria de uso agrícola. Así que ya saben: hay que apretarse el cinturón porque a la larga nos irá mejor, aunque suframos en el corto plazo. La alternativa es el desastre en un plazo poco más largo que el corto.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 22 de junio de 2010
China - EE.UU: ¿amigos o enemigos?
Pues ya ven que esta semana está siendo China la protagonista de mis comentarios. Ayer les hablaba del anuncio de las autoridades del país asiático de permitir la fluctuación -dentro de un margen- de la moneda, y ya, ayer mismo, comenzó la moneda a marcar su máximo histórico de cinco años en el mercado porque, aunque no ha comenzado a fluctuar, el mercado ya anticipa su subida. Los periódicos nos lo presentan como una disputa entre los gobiernos norteamericano y chino, en el que el primero lo exige para favorecer la creación de empleo en Estados Unidos frente a la creación del mismo en China. Algo hay de cierto en ello, pero menos de lo que podemos pensar.
Primero y fundamental, porque el empleo en unos países no se crea a costa del empleo en otros, aunque eso ocurra en ocasiones. Se puede crear empleo en dos países a la vez siempre que cada uno de ellos se dedique a aquellas tareas en que es más productivo. De hecho, se puede crear empleo en todos los países a la vez. Creer lo contario es el viejo prejuicio contra la competencia que conduce al nacionalismo y a la guerra. Si no fuera así, si no pudiera crearse empleo neto en todo el mundo a la vez, no nos quedaría más remedio que la violencia para asegurarnos nuestro nivel de vida, y eso no es nada aconsejable. Por otro lado, si así fuera, no se habría creado empleo neto desde que comenzó la división del trabajo después de que el hombre abandonara las cavernas.
Estados Unidos es más productivo en determinadas tareas que China, y puede seguir así: abandonando ramas de actividad en las que los asiáticos le dan alcance, y dedicándose a otras nuevas en las que les siguen sacando ventaja. China, además, necesita que otros inviertan en ella para mejorar la productividad y el nivel de vida de los chinos, y no continuar invirtiendo fuera a costa de mantener a sus trabajadores en muy bajos niveles adquisitivos. Para ello, nada mejor que el estímulo que para la inversión en capital suponen salarios más altos que los ofrecidos hasta ahora.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Primero y fundamental, porque el empleo en unos países no se crea a costa del empleo en otros, aunque eso ocurra en ocasiones. Se puede crear empleo en dos países a la vez siempre que cada uno de ellos se dedique a aquellas tareas en que es más productivo. De hecho, se puede crear empleo en todos los países a la vez. Creer lo contario es el viejo prejuicio contra la competencia que conduce al nacionalismo y a la guerra. Si no fuera así, si no pudiera crearse empleo neto en todo el mundo a la vez, no nos quedaría más remedio que la violencia para asegurarnos nuestro nivel de vida, y eso no es nada aconsejable. Por otro lado, si así fuera, no se habría creado empleo neto desde que comenzó la división del trabajo después de que el hombre abandonara las cavernas.
Estados Unidos es más productivo en determinadas tareas que China, y puede seguir así: abandonando ramas de actividad en las que los asiáticos le dan alcance, y dedicándose a otras nuevas en las que les siguen sacando ventaja. China, además, necesita que otros inviertan en ella para mejorar la productividad y el nivel de vida de los chinos, y no continuar invirtiendo fuera a costa de mantener a sus trabajadores en muy bajos niveles adquisitivos. Para ello, nada mejor que el estímulo que para la inversión en capital suponen salarios más altos que los ofrecidos hasta ahora.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 21 de junio de 2010
Los chinos también lloran
Estos días estarán oyendo hablar mucho de las presiones que están recibiendo las autoridades económicas chinas por parte de las occidentales, para que su moneda, el yuan, tenga un tipo de cambio variable en lugar de un tipo de cambio fijo, como tiene actualmente. Un tipo de cambio fijo significa que el Banco Central chino emite -o en su caso destruye- la moneda que haga falta para que el tipo de cambio del yuan sea fijo respecto del dólar.
Dado que la balanza comercial china ha sido positiva estos últimos años, China ha emitido yuanes con la finalidad de que no se revalorice su moneda, como modo de evitar que el saldo positivo de su balanza comercial se vaya reduciendo. Además, la demanda exterior de yuanes les ha asegurado que la inflación no se haya disparado a pesar del incremento de los mismos en circulación. Hasta aquí todo parece muy positivo para ellos y perjudicial para nosotros. Y así es.
Por otro lado, los chinos, con el saldo positivo de su balanza comercial, adquirían activos financieros, bonos y acciones en el extranjero, pero en vez de comprarlos cada vez más baratos, los han comprado a un precio constante en términos de tipo de cambio. Y esta es la parte negativa para ellos y positiva para los occidentales. Pero continuemos: esta política monetaria ha permitido a China mantener una mayor demanda exterior de la que tendría si hubiera dejado fluctuar su moneda, como hacen los bancos centrales occidentales. Esa mayor demanda le permite mantener una tasa de desempleo de casi el 10%, teniendo en cuenta que el crecimiento de la población laboral es de alrededor de 45 millones de personas al año, pero, a cambio, los trabajadores chinos no han incrementado su poder adquisitivo en lo que podrían haberlo incrementado. Así, no se han enriquecido lo que podrían haberse enriquecido, por lo que la economía de un país tan poblado depende en demasía de la demanda exterior y menos de lo aconsejable de la interior.
Ahora, que el exterior de China anda mal y la demanda exterior se reduce y que, además, hay incluso problemas para cobrar muchos de los activos financieros que se acumularon sobre los países occidentales, se ven los problemas de un tipo de cambio fijo respecto de una moneda sin respaldo como es el dólar. Cómo ven, los chinos también lloran.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Dado que la balanza comercial china ha sido positiva estos últimos años, China ha emitido yuanes con la finalidad de que no se revalorice su moneda, como modo de evitar que el saldo positivo de su balanza comercial se vaya reduciendo. Además, la demanda exterior de yuanes les ha asegurado que la inflación no se haya disparado a pesar del incremento de los mismos en circulación. Hasta aquí todo parece muy positivo para ellos y perjudicial para nosotros. Y así es.
Por otro lado, los chinos, con el saldo positivo de su balanza comercial, adquirían activos financieros, bonos y acciones en el extranjero, pero en vez de comprarlos cada vez más baratos, los han comprado a un precio constante en términos de tipo de cambio. Y esta es la parte negativa para ellos y positiva para los occidentales. Pero continuemos: esta política monetaria ha permitido a China mantener una mayor demanda exterior de la que tendría si hubiera dejado fluctuar su moneda, como hacen los bancos centrales occidentales. Esa mayor demanda le permite mantener una tasa de desempleo de casi el 10%, teniendo en cuenta que el crecimiento de la población laboral es de alrededor de 45 millones de personas al año, pero, a cambio, los trabajadores chinos no han incrementado su poder adquisitivo en lo que podrían haberlo incrementado. Así, no se han enriquecido lo que podrían haberse enriquecido, por lo que la economía de un país tan poblado depende en demasía de la demanda exterior y menos de lo aconsejable de la interior.
Ahora, que el exterior de China anda mal y la demanda exterior se reduce y que, además, hay incluso problemas para cobrar muchos de los activos financieros que se acumularon sobre los países occidentales, se ven los problemas de un tipo de cambio fijo respecto de una moneda sin respaldo como es el dólar. Cómo ven, los chinos también lloran.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 18 de junio de 2010
Boom Bust. Del auge a la depresión
Pues nos vamos acercando al verano, aunque hay días que a uno le parece que estamos retrocediendo, a la vista del comportamiento del tiempo atmosférico. A ver si llega el calentamiento global del planeta y podemos comenzar a disfrutar de las excelencias del verano. Pero, como de momento es viernes, yo les envío otra vez a la librería o a la biblioteca a por un libro de Fred Harrison, con un título un poco complicado: Boom Bust. Del auge a la depresión ,y que se subtitula El precio de la vivienda, el sistema bancario y la depresión de 2010, por lo que, como suponen, está muy de actualidad.
Lo más interesante del texto es que es una demostración de que las autoridades no escuchan a los economistas cuando éstos son ortodoxos y no contaminan sus análisis de ideología. Gordon Brown, recientemente desalojado de la presidencia del gobierno británico y laboralista, no hizo caso a Harrison que le pronosticó la debacle económica de los mercados inmobiliario y bancario. El texto, publicado por primera vez en 2005, no sólo predijo la catástrofe y explicó los mecanismos de transmisión de la misma -que al fin y al cabo ya eran conocidos- sino que predijo el momento, cosa que tiene más mérito y, humildemente, no siempre me parece posible.
Ahora el libro se reedita como una suerte de texto arqueológico, que señala las vergüenzas de los políticos que quisieron continuar a ver si esto se arreglaba sólo. A pesar de las críticas que los socialistas suelen hacer a la mano invisible del mercado de Adam Smith, la verdad sea dicha que ellos son los que más creen en la misma. Siempre creen que sus errores serán corregidos por dicha mano. Al final, la mano actúa, pero en lugar de dar un ligero giro, como el de una dirección asistida, da un volantazo porque nos salimos de la carretera. El problema de los volantazos ya lo conocen: el coche, en ocasiones, vuelca, y se acabó la fiesta. Así que ya saben, échenle un rato de lectura al texto de Fred Harrison, Boom Bust. Del auge a la depresión, y no desprecien en prólogo que explica las circunstancias en que el texto, como otros muchos, pasó desapercibido en su primera edición para las autoridades económicas occidentales.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Lo más interesante del texto es que es una demostración de que las autoridades no escuchan a los economistas cuando éstos son ortodoxos y no contaminan sus análisis de ideología. Gordon Brown, recientemente desalojado de la presidencia del gobierno británico y laboralista, no hizo caso a Harrison que le pronosticó la debacle económica de los mercados inmobiliario y bancario. El texto, publicado por primera vez en 2005, no sólo predijo la catástrofe y explicó los mecanismos de transmisión de la misma -que al fin y al cabo ya eran conocidos- sino que predijo el momento, cosa que tiene más mérito y, humildemente, no siempre me parece posible.
Ahora el libro se reedita como una suerte de texto arqueológico, que señala las vergüenzas de los políticos que quisieron continuar a ver si esto se arreglaba sólo. A pesar de las críticas que los socialistas suelen hacer a la mano invisible del mercado de Adam Smith, la verdad sea dicha que ellos son los que más creen en la misma. Siempre creen que sus errores serán corregidos por dicha mano. Al final, la mano actúa, pero en lugar de dar un ligero giro, como el de una dirección asistida, da un volantazo porque nos salimos de la carretera. El problema de los volantazos ya lo conocen: el coche, en ocasiones, vuelca, y se acabó la fiesta. Así que ya saben, échenle un rato de lectura al texto de Fred Harrison, Boom Bust. Del auge a la depresión, y no desprecien en prólogo que explica las circunstancias en que el texto, como otros muchos, pasó desapercibido en su primera edición para las autoridades económicas occidentales.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 17 de junio de 2010
No podemos tener de todo... gratis
Ayer anunció la Ministra de Sanidad, doña Trinidad Jiménez, que los servicios de salud público no son gratis y por ello, aunque descarte el copago, entregará a los usuarios una factura, que no han de pagar, en la que se refleje el coste de los servicios que han recibido. La finalidad de la factura que no se pagará, es que los usuarios sean conscientes del coste que suponen los servicios que reciben, con el fin de que no abusen de ellos. A mí, esto de la facturita de la señorita Trini me suena a broma. No creo que la medida conciencie a nadie ni reduzca el gasto público. Al principio las facturitas de la señorita Trini nos producirán morbo, como las del taller cuando tenemos seguro a todo riesgo. Pasado un tiempo, no nos darán ni frío ni calor.
La reducción del gasto público sanitario en particular y del gasto público en general, requiere un cambio de la mentalidad que han alimentado los políticos profesionales para hacerse con el poder. El cambio es tan sencillo como que todos nos preguntemos eso que se preguntaban nuestros abuelos siempre que les daban algo gratis: ¿Y esto quién lo paga? Tenemos que entender que no existe la barra libre de servicios públicos, por razonable que nos parezcan dichos servicios, por la misma razón que materialmente no puede ser que tengamos todo lo que nos apetece, porque no lo podemos pagar. ¿Que es injusto que otros puedan pagarlo? Pues no lo sé, pero impidiendo a los que pueden económicamente más adquirir lo que desean, nosotros no mejoramos nada. Lo demás es fomentar la envidia y la lucha de clases, que es lo mismo.
El Estado debe dejar de proveer los servicios públicos, de darlos por debajo de su coste a los ciudadanos, y debe dejar de cobrar impuestos por los mismos. Los ciudadanos deberemos responsabilizarnos de adquirir en el mercado muchos de los actuales servicios públicos. Aquellos servicios mínimos que se definan como esenciales deberán ser asegurados por el Estado para los ciudadanos más desfavorecidos, pero asegurados no quiere decir producidos ni provistos. Asegurados quiere decir que a nadie le faltará ese mínimo porque el Estado se lo pagará, pero no se lo facilitará. Ése es el mandato constitucional. No más. Más es un lujo que, además, nos esclaviza.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La reducción del gasto público sanitario en particular y del gasto público en general, requiere un cambio de la mentalidad que han alimentado los políticos profesionales para hacerse con el poder. El cambio es tan sencillo como que todos nos preguntemos eso que se preguntaban nuestros abuelos siempre que les daban algo gratis: ¿Y esto quién lo paga? Tenemos que entender que no existe la barra libre de servicios públicos, por razonable que nos parezcan dichos servicios, por la misma razón que materialmente no puede ser que tengamos todo lo que nos apetece, porque no lo podemos pagar. ¿Que es injusto que otros puedan pagarlo? Pues no lo sé, pero impidiendo a los que pueden económicamente más adquirir lo que desean, nosotros no mejoramos nada. Lo demás es fomentar la envidia y la lucha de clases, que es lo mismo.
El Estado debe dejar de proveer los servicios públicos, de darlos por debajo de su coste a los ciudadanos, y debe dejar de cobrar impuestos por los mismos. Los ciudadanos deberemos responsabilizarnos de adquirir en el mercado muchos de los actuales servicios públicos. Aquellos servicios mínimos que se definan como esenciales deberán ser asegurados por el Estado para los ciudadanos más desfavorecidos, pero asegurados no quiere decir producidos ni provistos. Asegurados quiere decir que a nadie le faltará ese mínimo porque el Estado se lo pagará, pero no se lo facilitará. Ése es el mandato constitucional. No más. Más es un lujo que, además, nos esclaviza.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 16 de junio de 2010
Acabar con el provincianismo insostenible
Ayer el señor Blanco, ministro de Fomento, dijo que los recursos no caen del cielo y que no es razonable, por lo tanto, mantener líneas de ferrocarril con escasos viajeros. Totalmente de acuerdo. Lo que me gustaría ahora es explicarle que eso no sólo debe aplicarlo a los trenes, sino también a otros servicios públicos que han proliferado más allá de lo económicamente racional, por culpa del provincianismo que se ha instalado en España en las últimas tres décadas. No es razonable que entre Cantabria, Vascongadas y Navarra sumen cinco aeropuertos, o que prácticamente todas las capitales de provincia de España tengan una universidad pública.
El provincianismo, azuzado por los políticos locales, nos ha hecho, en los años pasados, gastar a los españoles mucho más dinero del que era necesario. Está claro que, además, había mejores soluciones en términos económicos. Para el avión, pocos aeropuertos y servicios de transporte rápidos por carretera o vía férrea entre aeropuertos. Para la universidad, menos centros, mejores y una buena política de becas para favorecer la movilidad de los estudiantes, que no les viene nada mal. Tanto hablar de las becas Erasmus, y entre la universidad al lado de casa y la finalización del servicio militar obligatorio, algunos salen de su casa por primera vez para ir a Estocolmo, con más de veinte años.
Todos esos servicios en demasía, además, no se han cobrado a los usuarios de los mismos. Es decir, aunque las universidades y los aeropuertos, por seguir con el ejemplo, cobran tasas a sus usuarios, no han servido para cubrir sus gastos, lo que puede parecer razonable si uno cree (porque es una cuestión de fe y no de razón) en la función redistribuidora del gasto público. Pero es que tampoco se nos han cobrado a los, digamos, propietarios de dichos activos -usted y yo- los mismos.
Para que me entiendan: usted puede o no usar un vehículo lujoso y de gran cilindrada, pero si lo quiere mantener en el aparcamiento de su casa sin utilizar no es un problema del fabricante, que se lo cobrará de todos modos. Estar orgulloso de tener tiene un coste. Nuestras autoridades nos han hecho sentirnos orgullosos de tener de todo, y sólo nos han hecho pagar una parte. El resto: la famosa deuda pública.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
El provincianismo, azuzado por los políticos locales, nos ha hecho, en los años pasados, gastar a los españoles mucho más dinero del que era necesario. Está claro que, además, había mejores soluciones en términos económicos. Para el avión, pocos aeropuertos y servicios de transporte rápidos por carretera o vía férrea entre aeropuertos. Para la universidad, menos centros, mejores y una buena política de becas para favorecer la movilidad de los estudiantes, que no les viene nada mal. Tanto hablar de las becas Erasmus, y entre la universidad al lado de casa y la finalización del servicio militar obligatorio, algunos salen de su casa por primera vez para ir a Estocolmo, con más de veinte años.
Todos esos servicios en demasía, además, no se han cobrado a los usuarios de los mismos. Es decir, aunque las universidades y los aeropuertos, por seguir con el ejemplo, cobran tasas a sus usuarios, no han servido para cubrir sus gastos, lo que puede parecer razonable si uno cree (porque es una cuestión de fe y no de razón) en la función redistribuidora del gasto público. Pero es que tampoco se nos han cobrado a los, digamos, propietarios de dichos activos -usted y yo- los mismos.
Para que me entiendan: usted puede o no usar un vehículo lujoso y de gran cilindrada, pero si lo quiere mantener en el aparcamiento de su casa sin utilizar no es un problema del fabricante, que se lo cobrará de todos modos. Estar orgulloso de tener tiene un coste. Nuestras autoridades nos han hecho sentirnos orgullosos de tener de todo, y sólo nos han hecho pagar una parte. El resto: la famosa deuda pública.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 15 de junio de 2010
El inmovilismo de los sindicatos
El único ministro de Economía del que recuerdo que fuera citado como superministro, el señor Boyer, ha declarado que los inmigrantes en paro no volverán a encontrar trabajo en España. Imagino que sus declaraciones pretenden sembrar el desánimo entre ese sector de la población con la finalidad de reducir las tasas de desempleo por la vía del retorno. También podría haber animado a los parados españoles a emigrar. Es otra forma más de reducir el problema. Pero vamos a lo que vamos.
El desempleo en España en los últimos quince años cosechó su mejor tasa en el 8,1% con el que cerramos 2004. Un 8,1%, ahora que tenemos más del 20%, parece casi pleno empleo, pero se nos olvida que ese 8,1% correspondía a algo más de dos millones de desempleados. Algo ha fallado en España todos estos años cuando se han importado cinco millones de trabajadores mientras teníamos no menos de dos millones de parados. La reforma laboral bien puede estar ahora, pero está claro que nuestras autoridades se han acordado de Santa Bárbara cuando ha tronado.
La reforma se está fijando sólo en el coste del despido, lo que parece lógico para acabar con el mercado laboral dual que padecemos por el que se ha producido un corte generacional entre trabajadores fijos y eventuales que, además, se convierte en otro problema para la generación, más mayor, de los fijos cuando se quedan sin empleo. La reforma laboral debería favorecer la inmigración interior y eliminar las bolsas de fraude que suponen algunos planes públicos de empleo agrícola.
Sin embargo, nadie se atrevió en su momento a ponerle ese cascabel al gato por miedo a los sindicatos, que ahora parece que tampoco quieren ponérselo al de las indemnizaciones. A base de inmovilismo tenemos ahora exceso de desempleados -inmigrantes y nacionales-, un desempleo juvenil cercano al 50% y un elevado paro de larga duración entre los mayores de 45 años. Podemos seguir así y esperar a que la emigración al exterior nos lo solucione. Mientras tanto, podemos seguir contemplando a los sindicatos que presumen de un sentido de la responsabilidad que sólo consiste en que no alteran el orden público.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
El desempleo en España en los últimos quince años cosechó su mejor tasa en el 8,1% con el que cerramos 2004. Un 8,1%, ahora que tenemos más del 20%, parece casi pleno empleo, pero se nos olvida que ese 8,1% correspondía a algo más de dos millones de desempleados. Algo ha fallado en España todos estos años cuando se han importado cinco millones de trabajadores mientras teníamos no menos de dos millones de parados. La reforma laboral bien puede estar ahora, pero está claro que nuestras autoridades se han acordado de Santa Bárbara cuando ha tronado.
La reforma se está fijando sólo en el coste del despido, lo que parece lógico para acabar con el mercado laboral dual que padecemos por el que se ha producido un corte generacional entre trabajadores fijos y eventuales que, además, se convierte en otro problema para la generación, más mayor, de los fijos cuando se quedan sin empleo. La reforma laboral debería favorecer la inmigración interior y eliminar las bolsas de fraude que suponen algunos planes públicos de empleo agrícola.
Sin embargo, nadie se atrevió en su momento a ponerle ese cascabel al gato por miedo a los sindicatos, que ahora parece que tampoco quieren ponérselo al de las indemnizaciones. A base de inmovilismo tenemos ahora exceso de desempleados -inmigrantes y nacionales-, un desempleo juvenil cercano al 50% y un elevado paro de larga duración entre los mayores de 45 años. Podemos seguir así y esperar a que la emigración al exterior nos lo solucione. Mientras tanto, podemos seguir contemplando a los sindicatos que presumen de un sentido de la responsabilidad que sólo consiste en que no alteran el orden público.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 14 de junio de 2010
Escarmentemos en cabeza ajena (la japonesa)
El señor Naoto Kan, nuevo primer ministro japonés, ha hecho recientemente unas interesantísimas declaraciones en las que afirmaba que su nación tiene las peores cuentas públicas de todos los países desarrollados. La verdad es que ya nos van quedando pocos países emisores de moneda en quien confiar. Así, de memoria, probablemente Suiza. Pero lo que me interesa es recordarles un poco cómo se ha llegado a esta situación y alguna otra frase del señor Kan.
Japón se colapsó al comienzo de los años 90 después de varios años de liquidez abundante y, por tanto, tipos de interés muy bajos. Su mercado inmobiliario había sufrido una inflación particular muy elevada y sus entidades bancarias estaban cargadas de créditos de muy baja calidad, garantizados en muchos casos con inmuebles que no valían lo que se había pagado por ellos, ni tan siquiera los créditos que se habían concedido para su adquisición. El sistema financiero japonés parecía al borde del colapso, pero las autoridades salieron en su rescate. ¿Adivina con qué? Con más liquidez. Japón lleva desde entonces -veinte años- con un tipo de interés cercano al 0% y no parece salir adelante.
El señor Kan no sólo ha reconocido que la deuda japonesa es muy elevada -aunque, eso sí, está financiada con ahorro interior y no con ahorro exterior, lo que les quita un poco de presión-, sino que la solución no está mediante un aumento de la demanda a través del gasto público. El señor Kan cree que el tirón de la demanda, consumo e inversión, tiene que venir del sector privado y de la creación de empleo. La inversión se financia con ahorro, pero el ahorro ha ido todos estos años a financiar una deuda pública desmesurada, fruto de los déficit continuos que provocan las medidas públicas de estímulo de la economía.
Llegados aquí, el panorama debe resultarles conocido. No sé por qué no podemos aprender de estos señores que nos llevan veinte años de ventaja. Al fin y al cabo, en español tenemos un par de dichos -que seguro que tienen buena traducción al japonés- para elegir lo que queremos hacer: podemos poner nuestras barbas a remojar, o escarmentar en cabeza ajena. Elijamos. Yo prefiero la segunda posibilidad.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Japón se colapsó al comienzo de los años 90 después de varios años de liquidez abundante y, por tanto, tipos de interés muy bajos. Su mercado inmobiliario había sufrido una inflación particular muy elevada y sus entidades bancarias estaban cargadas de créditos de muy baja calidad, garantizados en muchos casos con inmuebles que no valían lo que se había pagado por ellos, ni tan siquiera los créditos que se habían concedido para su adquisición. El sistema financiero japonés parecía al borde del colapso, pero las autoridades salieron en su rescate. ¿Adivina con qué? Con más liquidez. Japón lleva desde entonces -veinte años- con un tipo de interés cercano al 0% y no parece salir adelante.
El señor Kan no sólo ha reconocido que la deuda japonesa es muy elevada -aunque, eso sí, está financiada con ahorro interior y no con ahorro exterior, lo que les quita un poco de presión-, sino que la solución no está mediante un aumento de la demanda a través del gasto público. El señor Kan cree que el tirón de la demanda, consumo e inversión, tiene que venir del sector privado y de la creación de empleo. La inversión se financia con ahorro, pero el ahorro ha ido todos estos años a financiar una deuda pública desmesurada, fruto de los déficit continuos que provocan las medidas públicas de estímulo de la economía.
Llegados aquí, el panorama debe resultarles conocido. No sé por qué no podemos aprender de estos señores que nos llevan veinte años de ventaja. Al fin y al cabo, en español tenemos un par de dichos -que seguro que tienen buena traducción al japonés- para elegir lo que queremos hacer: podemos poner nuestras barbas a remojar, o escarmentar en cabeza ajena. Elijamos. Yo prefiero la segunda posibilidad.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
viernes, 11 de junio de 2010
La crisis social de nuestro tiempo
Otra vez es viernes, y como el pasado, por culpa del puente, no les hice ninguna recomendación, esta semana no podía faltar a mi compromiso de ofrecerles una buena lectura con la que aumentar su cultura económica. Volvemos con Röpke, el profesor alemán que diseñó la política económica del presidente Adenauer que hizo posible el llamado milagro económico alemán tras la segunda guerra mundial. El texto se llama La crisis social de nuestro tiempo , y está recién editado. No es un texto corto -casi quinientas páginas- por lo que necesitarán un rato largo para digerirlo, que será todo él bueno.
La tesis fundamental del profesor Röpke es que el problema económico actual no se soluciona con recetas económicas porque tiene sus orígenes en desórdenes morales y culturales. Así dicho, puede parecer que es la manoseada frase políticamente correcta de nuestros días de que la crisis económica es una crisis de valores, pero con una diferencia: el texto es de 1950; es decir, el autor lo dijo ya hace sesenta años. Röpke desconfía de las recetas ideológicas tan en boga en nuestros días por simplistas, e intenta buscar un camino -que no es una solución intermedia- distinto del socialismo que él mismo sufrió en su forma nacionalsocialista, y del liberalismo hiperracionalista que antepone el mercado a las personas. Porque eso sí, Röpke es un defensor del mercado y de la intervención pública mínima, pero no de la pasión de nuestro tiempo por lo grandioso y los grandes números.
Fíjense que todas las soluciones que nos ofrecen nuestras autoridades occidentales pasan ahora por planes de ayuda, de rescate o salvamento -como quieran llamarlos- que adolecen de un gigantismo que nos ha hecho perder la medida de las cosas. Si quieren leer sobre pensamiento social y económico con rostro humano, es decir, enmarcado en la tradición humanista que Occidente está abandonando, ya saben: léanse La crisis social de nuestro tiempo. Disfrutarán.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La tesis fundamental del profesor Röpke es que el problema económico actual no se soluciona con recetas económicas porque tiene sus orígenes en desórdenes morales y culturales. Así dicho, puede parecer que es la manoseada frase políticamente correcta de nuestros días de que la crisis económica es una crisis de valores, pero con una diferencia: el texto es de 1950; es decir, el autor lo dijo ya hace sesenta años. Röpke desconfía de las recetas ideológicas tan en boga en nuestros días por simplistas, e intenta buscar un camino -que no es una solución intermedia- distinto del socialismo que él mismo sufrió en su forma nacionalsocialista, y del liberalismo hiperracionalista que antepone el mercado a las personas. Porque eso sí, Röpke es un defensor del mercado y de la intervención pública mínima, pero no de la pasión de nuestro tiempo por lo grandioso y los grandes números.
Fíjense que todas las soluciones que nos ofrecen nuestras autoridades occidentales pasan ahora por planes de ayuda, de rescate o salvamento -como quieran llamarlos- que adolecen de un gigantismo que nos ha hecho perder la medida de las cosas. Si quieren leer sobre pensamiento social y económico con rostro humano, es decir, enmarcado en la tradición humanista que Occidente está abandonando, ya saben: léanse La crisis social de nuestro tiempo. Disfrutarán.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
jueves, 10 de junio de 2010
Los ricos ya no son lo que eran
La definición de rico en España no es homogénea. Depende de la región que usted habite. En Cataluña, la definición de rico es la de aquel que declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (el IRPF) más de 120.000 euros anuales, es decir, catorce pagas mensuales netas de 5.500€. En Andalucía, el que declara en el IRPF más de 80.000 euros anuales o 3.800 euros netos al mes, también en catorce pagas. En Extremadura, siempre más modestos, la cosa se reduce a 60.000€ anuales o casi 3.000 euros mensuales, siguiendo los mismos parámetros. Así lo han decidido las autoridades regionales en estos territorios subiendo sus tramos autonómicos del susodicho impuesto.
La discriminación de la definición de rico entre los territorios españoles no me parece mal, sino una inconsistencia de nuestra Constitución cuando afirma que todos somos iguales ante la Ley, porque al menos ante ésta no lo somos. No me parece mal porque comenzará a favorecer algo que siempre me ha parecido más importante que votar con las manos y que es votar con los pies. Se vota con los pies, cada vez que un ciudadano decide abandonar un territorio porque las autoridades le tratan peor que las del territorio de al lado.
En los regímenes socialistas lo peor no era que no se pudiera votar con las manos, sino que no se podía hacerlo con los pies. Es cierto que no todos los afectados por estas medidas podrán votar con los pies. Por ejemplo: los altos funcionarios, que pese a la definición fiscal ahora apuntada no son ricos, no podrán votar con los pies con facilidad, pero los empleados de muchas compañías sí, y sin siquiera abandonar su domicilio. Que, ¿cómo? Pues como lo hacen algunos empleados de compañías multinacionales: trabajando en un sitio mientras están adscritos a una oficina en otro. Estos empleados bien pagados, cuanto más alto sea su salario y más apreciados sean por sus compañías, más posibilidades tendrán de que éstas acepten sus pretensiones. Las consecuencias ya las imaginan: la medida se aplicará sólo a funcionarios y a los trabajadores privados menos ricos entre los ricos. Al final habrá que bajar la definición fiscal de rico para aumentar la recaudación.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
La discriminación de la definición de rico entre los territorios españoles no me parece mal, sino una inconsistencia de nuestra Constitución cuando afirma que todos somos iguales ante la Ley, porque al menos ante ésta no lo somos. No me parece mal porque comenzará a favorecer algo que siempre me ha parecido más importante que votar con las manos y que es votar con los pies. Se vota con los pies, cada vez que un ciudadano decide abandonar un territorio porque las autoridades le tratan peor que las del territorio de al lado.
En los regímenes socialistas lo peor no era que no se pudiera votar con las manos, sino que no se podía hacerlo con los pies. Es cierto que no todos los afectados por estas medidas podrán votar con los pies. Por ejemplo: los altos funcionarios, que pese a la definición fiscal ahora apuntada no son ricos, no podrán votar con los pies con facilidad, pero los empleados de muchas compañías sí, y sin siquiera abandonar su domicilio. Que, ¿cómo? Pues como lo hacen algunos empleados de compañías multinacionales: trabajando en un sitio mientras están adscritos a una oficina en otro. Estos empleados bien pagados, cuanto más alto sea su salario y más apreciados sean por sus compañías, más posibilidades tendrán de que éstas acepten sus pretensiones. Las consecuencias ya las imaginan: la medida se aplicará sólo a funcionarios y a los trabajadores privados menos ricos entre los ricos. Al final habrá que bajar la definición fiscal de rico para aumentar la recaudación.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 9 de junio de 2010
Las autoridades apuestan por la inflación
La deuda pública en circulación ha crecido, en los dieciocho meses que van desde el final del primer semestre de 2008 hasta el final de 2009, en un 40%, según el boletín estadístico del Banco de España. Escojo este periodo porque es el que corresponde a la actual legislatura y porque el Banco de España aún no ha publicado datos más actualizados. En igual periodo, el Producto Interior Bruto (PIB), lo que producimos los residentes y no residentes dentro de las fronteras de España, ha caído un 3,2%.
Se insiste mucho en que el endeudamiento público español no es de los más elevados del mundo, y es cierto, pero lo que no parecen entender nuestras autoridades es que lo que preocupa a los inversores extranjeros, que han financiado aproximadamente la cuarta parte de esa deuda, es el crecimiento de la misma a la vez que decrece nuestra producción.
Por otro lado, que nuestra deuda pública sea menor en términos relativos que la de otros países, no quiere decir que no sea de más dudosa recuperación por parte de sus tenedores. Es fácil de entender: una deuda, incluso pequeña, puede ser inasumible por alguien que apenas llega a fin de mes, como le ocurre a nuestras administraciones públicas. Una deuda grande puede ser atendida por alguien con elevada capacidad de ahorro, es decir, que ingresa mucho más de lo que gasta. Nuestro caso es el de una deuda creciente y unos ingresos decrecientes. La solución es la austeridad y desmontar el mal llamado 'estado del bienestar', que ha confundido que el Estado asegure determinados servicios mínimos a los ciudadanos con la provisión de los mismos.
Sin embargo, las autoridades españolas, europeas y occidentales parecen haber preferido la vía de la inflación emitiendo moneda con la que financiar su deuda. Los más perjudicados por esto serán los salarios, las pensiones y los tenedores de activos financieros –bonos, depósitos bancarios, acciones (en menor medida)-, y los más beneficiados los endeudados, entre los que se encuentran los Estados. De hecho, la inflación es un modo de transferencia de riqueza que, por su injusticia, llamó la atención del Padre Mariana en el Siglo de Oro español. Así, este venerable jesuita, entre las causas que justificaban el tiranicidio enumeraba el envilecimiento de la moneda; en castellano del siglo XXI: la inflación.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Se insiste mucho en que el endeudamiento público español no es de los más elevados del mundo, y es cierto, pero lo que no parecen entender nuestras autoridades es que lo que preocupa a los inversores extranjeros, que han financiado aproximadamente la cuarta parte de esa deuda, es el crecimiento de la misma a la vez que decrece nuestra producción.
Por otro lado, que nuestra deuda pública sea menor en términos relativos que la de otros países, no quiere decir que no sea de más dudosa recuperación por parte de sus tenedores. Es fácil de entender: una deuda, incluso pequeña, puede ser inasumible por alguien que apenas llega a fin de mes, como le ocurre a nuestras administraciones públicas. Una deuda grande puede ser atendida por alguien con elevada capacidad de ahorro, es decir, que ingresa mucho más de lo que gasta. Nuestro caso es el de una deuda creciente y unos ingresos decrecientes. La solución es la austeridad y desmontar el mal llamado 'estado del bienestar', que ha confundido que el Estado asegure determinados servicios mínimos a los ciudadanos con la provisión de los mismos.
Sin embargo, las autoridades españolas, europeas y occidentales parecen haber preferido la vía de la inflación emitiendo moneda con la que financiar su deuda. Los más perjudicados por esto serán los salarios, las pensiones y los tenedores de activos financieros –bonos, depósitos bancarios, acciones (en menor medida)-, y los más beneficiados los endeudados, entre los que se encuentran los Estados. De hecho, la inflación es un modo de transferencia de riqueza que, por su injusticia, llamó la atención del Padre Mariana en el Siglo de Oro español. Así, este venerable jesuita, entre las causas que justificaban el tiranicidio enumeraba el envilecimiento de la moneda; en castellano del siglo XXI: la inflación.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 8 de junio de 2010
Reflexión para el medio y largo plazo
Hoy quiero hablarles del mercado inmobiliario. Que lo haga hoy, 8 de junio, día en que los sindicatos de la función pública tienen convocada una huelga, es pura casualidad. Parece que algo se mueve en dicho mercado. Según se publicaba ayer, la compra venta de viviendas ha crecido en algo más de un 7% interanual en el último trimestre y de un 19% en este mismo periodo respecto del trimestre inmediato anterior, el último de 2009.
Es una buena noticia para la economía en general, en tanto va permitiendo la liquidación de unos activos que se habían convertido en prácticamente invendibles. Asimismo, la liquidez obtenida por los vendedores les ayudará a salir de situaciones difíciles en muchos casos y, además, permitirá a las autoridades recaudar algo más, que les hace mucha falta. La pregunta es si tiene lógica. En mi opinión, sí. No sé si los precios podrán llegar a ser mejores para los compradores de lo que son ahora. Es probable. Pero está claro que Europa ha optado por solucionar la crisis actual mediante mucha deuda pública financiada por el Banco Central Europeo. Eso generará inflación.
En los últimos diez años también se generó mucha liquidez, pero la inflación general no se produjo porque las autoridades favorecieron el mercado inmobiliario, con lo que se creó una inflación particular en ese sector. Ahora no parece que vaya a pasar lo mismo, porque hay que liquidar los excesos de producción inmobiliaria de la etapa anterior. La inflación generalizada va a ser el modo que las autoridades utilicen para depreciar el valor real de su inmensa deuda y de sus compromisos, salarios y pensiones.
La receta para combatir la inflación por cualquier agente financiero es muy conocida: endeudamiento al máximo e inversión en activos reales. La primera posibilidad no parece fácil, porque las autoridades no están inyectando liquidez para que los agentes privados se endeuden, como en la fase anterior, sino para endeudarse ellos. La segunda facilitará la recuperación de los precios nominales -no los reales, que bajarán-, de los inmuebles y de otros activos reales como los metales preciosos. Pero esta reflexión no es para especuladores, que merecen todos mis respetos porque se arriesgan mucho, sino para planificadores a medio y largo plazo dispuestos a no ponerse nerviosos por un corto plazo inquietante.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Es una buena noticia para la economía en general, en tanto va permitiendo la liquidación de unos activos que se habían convertido en prácticamente invendibles. Asimismo, la liquidez obtenida por los vendedores les ayudará a salir de situaciones difíciles en muchos casos y, además, permitirá a las autoridades recaudar algo más, que les hace mucha falta. La pregunta es si tiene lógica. En mi opinión, sí. No sé si los precios podrán llegar a ser mejores para los compradores de lo que son ahora. Es probable. Pero está claro que Europa ha optado por solucionar la crisis actual mediante mucha deuda pública financiada por el Banco Central Europeo. Eso generará inflación.
En los últimos diez años también se generó mucha liquidez, pero la inflación general no se produjo porque las autoridades favorecieron el mercado inmobiliario, con lo que se creó una inflación particular en ese sector. Ahora no parece que vaya a pasar lo mismo, porque hay que liquidar los excesos de producción inmobiliaria de la etapa anterior. La inflación generalizada va a ser el modo que las autoridades utilicen para depreciar el valor real de su inmensa deuda y de sus compromisos, salarios y pensiones.
La receta para combatir la inflación por cualquier agente financiero es muy conocida: endeudamiento al máximo e inversión en activos reales. La primera posibilidad no parece fácil, porque las autoridades no están inyectando liquidez para que los agentes privados se endeuden, como en la fase anterior, sino para endeudarse ellos. La segunda facilitará la recuperación de los precios nominales -no los reales, que bajarán-, de los inmuebles y de otros activos reales como los metales preciosos. Pero esta reflexión no es para especuladores, que merecen todos mis respetos porque se arriesgan mucho, sino para planificadores a medio y largo plazo dispuestos a no ponerse nerviosos por un corto plazo inquietante.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
lunes, 7 de junio de 2010
La confianza hay que ganarla
La semana pasada terminó en los mercados de forma un poco abrupta: el viernes, cuando éstos comenzaban a cerrar, llegaron las declaraciones del nuevo gobierno húngaro que acusaba al anterior de haber falseado las cuentas públicas y aseguraba que su país estaba al borde de la catástrofe. En España estas declaraciones supusieron que la prima de riesgo subiese hasta casi los doscientos puntos básicos respecto del bono alemán a diez años. Es decir, supusieron que nuestra deuda pública a diez años pagaba casi un 4,6% de interés frente al 2,6% que pagaba Alemania. El Ibex 35 cerró con una caída de casi el 4%.
El sábado, con los mercados cerrados, el gobierno húngaro se desdice y la Unión Europea dice que no es para tanto: ¡que Hungría tiene problemas pero no tan graves!. No sé quien tiene problemas, si Hungría o la Unión Europea, y si los problemas son económicos o de comunicación, pero no creo que las sesiones en los mercados sean tampoco esta semana muy positivas con este desconcierto. Además, comienza a entenderse mal el papel de los organismos supervisores y de control de la economía.
Les he comentado muchas veces que una de las grandes mentiras de la política económica de los gobiernos es afrmar que pueden predecir el futuro. Esta mentira no les ha generado más que problemas, pero en cualquier caso no puedo dejar de admitir, porque así es y será siempre, que no pueden adivinar el futuro. Ahora, lo que no parece comprensible es que se produzcan tantos errores y fraudes en la calidad de la información económica y que pasen desapercibidos a los organismos de control.
Adivinar el futuro es imposible pero revisar el pasado es otra cosa. Por cosas parecidas -información errada o falseada que pasa desapercibida a los ojos de los supervisores- hemos visto en el sector privado el cierre de grandes empresas y de grandes auditoras (en una ocasión la mayor del mundo) en semanas, y varios ejecutivos en la cárcel. Estos mismos hechos protagonizados por gobiernos (el griego, el húngaro…) y los controladores de la Unión Europea se salvan siempre con un plan de rescate que pagamos usted y yo. La confianza de los mercados no puede existir respecto de las cuentas públicas con estos antecedentes. La deuda pública comienza a ser una duda privada para los inversores.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
El sábado, con los mercados cerrados, el gobierno húngaro se desdice y la Unión Europea dice que no es para tanto: ¡que Hungría tiene problemas pero no tan graves!. No sé quien tiene problemas, si Hungría o la Unión Europea, y si los problemas son económicos o de comunicación, pero no creo que las sesiones en los mercados sean tampoco esta semana muy positivas con este desconcierto. Además, comienza a entenderse mal el papel de los organismos supervisores y de control de la economía.
Les he comentado muchas veces que una de las grandes mentiras de la política económica de los gobiernos es afrmar que pueden predecir el futuro. Esta mentira no les ha generado más que problemas, pero en cualquier caso no puedo dejar de admitir, porque así es y será siempre, que no pueden adivinar el futuro. Ahora, lo que no parece comprensible es que se produzcan tantos errores y fraudes en la calidad de la información económica y que pasen desapercibidos a los organismos de control.
Adivinar el futuro es imposible pero revisar el pasado es otra cosa. Por cosas parecidas -información errada o falseada que pasa desapercibida a los ojos de los supervisores- hemos visto en el sector privado el cierre de grandes empresas y de grandes auditoras (en una ocasión la mayor del mundo) en semanas, y varios ejecutivos en la cárcel. Estos mismos hechos protagonizados por gobiernos (el griego, el húngaro…) y los controladores de la Unión Europea se salvan siempre con un plan de rescate que pagamos usted y yo. La confianza de los mercados no puede existir respecto de las cuentas públicas con estos antecedentes. La deuda pública comienza a ser una duda privada para los inversores.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
miércoles, 2 de junio de 2010
Que alguien frene el endeudamiento
La semana pasada ya les avisé de la inestabilidad de los mercados -especialmente del español- en las próximas semanas, y del aumento de las primas de riesgo de nuestra deuda pública que causaría la situación de nuestro sector financiero y la necesidad de endeudamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB) para cumplir con sus compromisos de rescate. Para nuestra desgracia estoy acertando. Ayer nuestra deuda pública a diez años remuneraba a los inversores al 4,33%, un 1,73% más que el bono público alemán a igual plazo, que paga sólo el 2,60%. Lo digo para que comparen lo que nos cuesta la política económica diferencial española: alrededor de 7.800 millones de euros anuales adicionales de intereses o, lo que es lo mismo, casi 180 euros, 30.000 pesetas más, por español y año.
Pero no quiero aburrirles con estos datos sobre la carga financiera que nos supone el inquilino de la Moncloa como contribuyentes, sino como deudores. Ahora mismo, todo el mundo se queja de la falta de crédito en los mercados; pero es que, claro, si el Reino de España paga un 4,33% por el endeudamiento a diez años, comienza a tener poco sentido las hipotecas a tipo variable por debajo del 2%. Es cierto que las hipotecas a tipo variable no tienen el riesgo de que los tipos suban y la entidad se quede pillada en una inversión poco rentable, como sí tiene el bono público. Es decir, como señalan los expertos, el riesgo de tipo de interés es muy inferior en la hipoteca a tipo variable. Pero para favorecer la comparabilidad escojamos nuestro bono público a 30 años, que ya remunera a los inversores al 5,24%, mientras que las hipotecas a tipo fijo a igual plazo todavía se anuncian al 6%, pero por poco tiempo.
No hace falta ser un banquero sagaz para darse cuenta que con una diferencia de sólo el 0,75% y otras ventajas legales que se reserva el Estado para la inversión en sus bonos -como es la posibilidad de financiar las carteras de deuda pública sólo con financiación del público- es difícil que el crédito vaya a particulares y empresas. Consecuencias: los tipos para los deudores privados habrán de subir aún más y el crédito continuará escaso para éstos mientras todas las soluciones sean siempre más de lo mismo: endeudamiento público para ayudar a los sectores en crisis. Lo que necesitamos es que nos ayuden a todos gastando menos, cobrando menos impuestos y ahorrando un poco para reducir su deuda. Sólo con eso, ya saldremos por nosotros mismos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Pero no quiero aburrirles con estos datos sobre la carga financiera que nos supone el inquilino de la Moncloa como contribuyentes, sino como deudores. Ahora mismo, todo el mundo se queja de la falta de crédito en los mercados; pero es que, claro, si el Reino de España paga un 4,33% por el endeudamiento a diez años, comienza a tener poco sentido las hipotecas a tipo variable por debajo del 2%. Es cierto que las hipotecas a tipo variable no tienen el riesgo de que los tipos suban y la entidad se quede pillada en una inversión poco rentable, como sí tiene el bono público. Es decir, como señalan los expertos, el riesgo de tipo de interés es muy inferior en la hipoteca a tipo variable. Pero para favorecer la comparabilidad escojamos nuestro bono público a 30 años, que ya remunera a los inversores al 5,24%, mientras que las hipotecas a tipo fijo a igual plazo todavía se anuncian al 6%, pero por poco tiempo.
No hace falta ser un banquero sagaz para darse cuenta que con una diferencia de sólo el 0,75% y otras ventajas legales que se reserva el Estado para la inversión en sus bonos -como es la posibilidad de financiar las carteras de deuda pública sólo con financiación del público- es difícil que el crédito vaya a particulares y empresas. Consecuencias: los tipos para los deudores privados habrán de subir aún más y el crédito continuará escaso para éstos mientras todas las soluciones sean siempre más de lo mismo: endeudamiento público para ayudar a los sectores en crisis. Lo que necesitamos es que nos ayuden a todos gastando menos, cobrando menos impuestos y ahorrando un poco para reducir su deuda. Sólo con eso, ya saldremos por nosotros mismos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
martes, 1 de junio de 2010
Ahorrar, ahorrar y... ahorrar
Ayer lo dijo el Banco de España: es necesario que las empresas españolas reduzcan su nivel de endeudamiento. Y las Administraciones Públicas, como vienen aconsejando los organismos internacionales, y las familias… El endeudamiento público español, siendo elevado, no es de los peores, aunque sí la capacidad de nuestras administraciones para generar los ahorros que en el futuro le permitan hacer frente al mismo. El endeudamiento español es excesivo, el público y el privado conjuntamente, para la capacidad de nuestra economía de hacer frente al mismo.
Al endeudamiento, cuando los ingresos corrientes no dan para hacer frente a los gastos corrientes más los intereses y un poco más, sólo se puede hacer frente de dos modos. El primero vendiendo activos: dado que no parece que los agentes españoles estén en su conjunto con capacidad de adquirir esos activos, habrá que venderlos a extranjeros, por lo que en los próximos años veremos a los inversores de allende adquirir activos españoles pero eso sí, siempre que tengan confianza en la economía española. El segundo modo es ahorrar, es decir, consumir menos de lo que producimos.
Los dos modos dependen de nosotros: de nuestra capacidad de infundir confianza, el primero, y de nuestra capacidad de privarnos del elevado consumo al que estábamos acostumbrados, el segundo. El primero cuesta un poco más porque requiere traspasar la barrera de la desconfianza con la que nos ven muchos fuera de España. El segundo sólo depende de nosotros y, pasado un tiempo, coadyuvará al primero. Algunos les dirán, sin embargo, que hay que consumir para reactivar la economía y ustedes volverán a estar hechos un lío: ¿pero cómo quieren que ahorremos y consumamos a la vez? Pues miren, eso no es posible. Los que recomiendan eso son los mismos que han aplaudido una política monetaria, la del Banco Central Europeo, que nos ha llevado, entre otras cosas, a la situación actual. No se preocupen si el consumo cae porque con el ahorro aumentará la inversión, que es otra forma de consumo y, lo que es más importante en esta etapa en la que nos encontramos, los elevados intereses que pagamos por nuestro endeudamiento. Los excesos hay que purgarlos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
Al endeudamiento, cuando los ingresos corrientes no dan para hacer frente a los gastos corrientes más los intereses y un poco más, sólo se puede hacer frente de dos modos. El primero vendiendo activos: dado que no parece que los agentes españoles estén en su conjunto con capacidad de adquirir esos activos, habrá que venderlos a extranjeros, por lo que en los próximos años veremos a los inversores de allende adquirir activos españoles pero eso sí, siempre que tengan confianza en la economía española. El segundo modo es ahorrar, es decir, consumir menos de lo que producimos.
Los dos modos dependen de nosotros: de nuestra capacidad de infundir confianza, el primero, y de nuestra capacidad de privarnos del elevado consumo al que estábamos acostumbrados, el segundo. El primero cuesta un poco más porque requiere traspasar la barrera de la desconfianza con la que nos ven muchos fuera de España. El segundo sólo depende de nosotros y, pasado un tiempo, coadyuvará al primero. Algunos les dirán, sin embargo, que hay que consumir para reactivar la economía y ustedes volverán a estar hechos un lío: ¿pero cómo quieren que ahorremos y consumamos a la vez? Pues miren, eso no es posible. Los que recomiendan eso son los mismos que han aplaudido una política monetaria, la del Banco Central Europeo, que nos ha llevado, entre otras cosas, a la situación actual. No se preocupen si el consumo cae porque con el ahorro aumentará la inversión, que es otra forma de consumo y, lo que es más importante en esta etapa en la que nos encontramos, los elevados intereses que pagamos por nuestro endeudamiento. Los excesos hay que purgarlos.
Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.
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