Nos decía hace un par de días el señor de Guindos que el Banco Malo abaratará el precio de la vivienda. Es verdad, pero para abaratar el precio de la vivienda no nos hace falta dicha institución sino sólo dejar actuar a las fuerzas del mercado. Las entidades tienen muchos inmuebles que no les rentan nada y, además, les generan costes, por lo que lo razonable es que los vayan vendiendo no a lo que dicen, o dijeron, que valen, sino a lo que les quieran dar por ello los adquirentes. Hasta ahora el mercado no ha funcionado, como solución a esta acumulación de activos en las manos de los bancos, simplemente porque no se le ha dejado funcionar.
No cabe duda de que el señor de Guindos, en su corta trayectoria como Ministro de Economía y Competitividad, lo ha intentado con alguna de sus medidas pero, al final, le ha podido eso que llaman la faceta de hombre de Estado, que no es sino como llamamos al temor que infunde siempre la libertad de los agentes económicos en nuestras autoridades. Los dos primeros reales decretos leyes aprobados por iniciativa del ministro iban en la buena dirección para corregir la actitud de algunas entidades.
En concreto dichas normas forzaban, mediante el obligado reconocimiento contable de unos fuertes deterioros en las carteras de inmuebles adjudicados, a vender dichos inmuebles como modo de reducir sus pérdidas. Al fin y al cabo, mantenerlos en balance, evitando la venta, ya no era una estrategia que permitiera no reconocer las pérdidas y si, por casualidad, el mercado valoraba más los activos adjudicados que lo que lo hacían dichos reales decretos-leyes, la venta generaba beneficios. Las normas se complementaban con plazos que, por motivos fiscales o contables, incentivaban, además, dichas ventas.
Sin embargo, el Gobierno se despachó con un tercer real-decreto ley por el que creaba una Sociedad de Gestión de Activos (SGA) bajo la órbita el FROB. Sociedad a la que las entidades necesitadas de ayuda pública debían aportar sus inmuebles. Esta SGA, el banco malo, se pretende ahora capitalizar en más de un 50% con capital privado para evitar que su deuda compute como pública. La SGA, por lo que anticipan las autoridades, pretende realizar la liquidación de los activos que adquiera en un plazo de quince años, lo que evitará una caída brusca de los precios de los inmuebles a diferencia de lo que cabía pronosticar que sucedería si no se hubiese optado por su constitución, la de la SGA, y se hubiese dejado a las entidades en la necesidad individual de liquidar rápidamente sus activos adjudicados.
La nueva situación es una vuelta parcial a la que intentaron desmontar las dos primeras medidas de De Guindos. Entonces, las entidades con más dificultades retenían los inmuebles para evitar enfrentarse a los precios que el mercado comenzaba a ofrecerles. Además, la ausencia de transacciones suficientes impedían la tasación de los bienes y, por tanto, sus valoraciones contables eran más difícilmente discutibles, aunque todos tuviéramos el convencimiento de que no eran correctas.
Sin embargo, como he argumentado en esta tribuna con anterioridad, la entrada de capital privado en la SGA sólo puede producirse si las compras están hechas a precios correctos o si, los capitalistas, adquieren sus acciones en dicha SGA a precios de favor. Ningún aportante privado de capital va a estar dispuesto a entrar en la sociedad para obtener una rentabilidad que, aunque sea positiva, sea inferior a la que corresponde a las características de la operación. Tal vez por eso, también se ha hablado de que estos socios del Gobierno en el Banco Malo puedan aportar sus propios adjudicados: la compensación al buen precio pagado a las entidades en dificultades o se hace extensiva a los accionistas en el precio al que adquieren sus acciones o se les hace en el precio que se les paga por los inmuebles que aporten.
No hay otra solución. Lo demás es querer chupar y soplar a la vez, lo que es a todas luces imposible.
Las inconcreciones que respecto del Banco Malo se achacan al Gobierno vienen de esta intención de buscar objetivos incompatibles: una liquidación de los activos dañados en condiciones distintas de las de mercado que no sean asumidas en su totalidad, ni por las entidades beneficiarias de ayuda pública, ni por el Estado. No es que el mercado no funcione, sino que no funciona como quieren las autoridades. La finalidad del Estado puede ser redistribuir riqueza, pero la de las entidades privadas no. No se empeñe señor Ministro, usted lo sabe bien: no hay círculos de cuatro lados.
sábado, 6 de octubre de 2012
lunes, 1 de octubre de 2012
Diferencias de gestión
Las cifras del denominado rescate bancario español, es decir de las necesidades de capital de nuestras entidades financieras para alcanzar los mínimos recursos propios requeridos para poder operar, publicados el viernes por el Banco de España, tras el informe de la consultora Oliver Wyman, no sorprenden a nadie. Al menos, después del anticipo que hizo la compañía privada en junio último. En aquella ocasión, cifró las necesidades entre 51 y 62 miles de millones de euros. Ahora cierra un poco la horquila: entre 54 y 59 miles de millones de euros en el escenario adverso.
La diferencia entre los extremos de dicha horquilla depende de los ahorros fiscales de que puedan disfrutar las entidades como consecuencia de las pérdidas que vienen sufriendo, así como de los que provoquen los procesos de integración en que están inmersas algunas de ellas. Por lo demás irrita la insistencia del Banco de España en que tras todo esto tendremos un sector más solvente, saneado y rentable, como si dicha situación no fuera la que, al menos esos suponíamos todos, venían buscando las autoridades hasta llegar a la actual.
Sin embargo, hay extremos en los resultados publicados que son, cuando menos, llamativos para todos aquellos que nos tenemos que fiar del estudio, dada la información escasa de que disponemos y nuestras propias limitaciones. Uno de dichos extremos es el de que entre las entidades del denominado Grupo 0, el de aquellas que no necesitarán ayuda pública bajo ninguna circunstancia, hay algunas para las que el escenario adverso (el peor) generaría un superávit mayor de recursos propios que el que se generaría en el escenario denominado base (el más probable). Dicho de otro modo, para dichas instituciones cuanto peor, mejor. No piensen que estoy sugiriendo que esto no es posible y que, por tanto, el estudio de Oliver Wyman debe ser invalidado por un error de bulto. No digo eso.
El mercado siempre genera oportunidades, si bien es más fácil para todos detectarlas y aprovecharlas cuando es alcista. Lo que digo, porque no lo sugiero, es que algunas entidades tienen una visión pesimista sobre la evolución de la situación económica durante el periodo macroeconómico del estudio (hasta finales de 2014) y sus posiciones en los mercados están estratégicamente dirigidas para conseguir beneficios en esa situación. En concreto, las entidades del Grupo 0 que se hallarían en mejor situación en el peor escenario que en el más probable, obtendrían 6.360 millones de euros de capital adicional en el primero de los escenarios. No es una broma: es un 21% más de lo que les sobraría en el escenario menos malo.
La conclusión anterior sólo puede llevarnos a otra: hay quien sabe gestionar los riesgos y hay quien no sabe. Dicho esto, comienzo a comprender cada vez menos las razones para ayudar a las entidades del denominado Grupo 1, las ya nacionalizadas, que después de todo lo que ha pasado no han sido capaces de orientar sus negocios en la crisis, como demuestra que sus necesidades en el peor caso superan a las en el mejor en 21 mil millones de euros o un 80%, si prefieren los términos relativos. Igualmente, y por los mismos motivos, me es difícil entender la ayuda pública en el Grupo 3, el de entidades que podrían no llegar a cubrir sus necesidades con capitales privados, y en el Grupo 2, aquellas otras que necesariamente tendrán que acudir a la ayuda pública.
Volviendo al comienzo, la falta de sorpresas en las conclusiones del informe afectan incluso a la actualización de las hipótesis contempladas para la realización de los cálculos. No parece razonable, aunque sólo hayan pasado tres meses, mantener las mismas hipótesis. Sobre todo, porque el transcurso de estos tres meses ya demuestra que algunas de las mismas se alejan mucho de la realidad que se va concretando.A estas alturas del año 2012 no se puede mantener la media anual del Euribor a 12 meses en el 1,6% para todo el 2012 ni, dadas las expectativas que cotizan en las curvas de tipos de interés de los mercados, utilizar niveles del 1,5% o del 2,5%, según el escenario que se tome, hasta el final del periodo de estudio. Lo mismo podemos decir de las hipotesis sobre inflación.
Por último, el documento publicado el viernes sigue arrojando inconcreciones sobre la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) que gestionará el FROB para las entidades que necesiten ayuda pública. Algunas de esas inconcreciones producen, cuando menos preocupación. Una de ellas es la insistencia sobre que las adquisiciones se realizarán, según términos textuales, a precios de transferencia calculados con parametros conservadores. Lo que es tanto como decir que, los precios a los que la SGA adquiera los bienes inmuebles a las entidades beneficiarias de ayuda pública, nada tendrán que ver con los que se alcanzarían en un mercado libre de la interferencia pública o, lo que es lo mismo, que las ayudas públicas podrán disfrazarse de precios de favor. Sin embargo, hay una advertencia que resulta interesante en el documento respecto de la SGA: habrá que establecer un tamaño máximo de la misma. En si misma, es una declaración a la vez culpable y tranquilizadora. Culpable porque muestra a las claras que hay ayuda pública en las compras que haga la SGA, pues de otro modo no hay por qué limitar nada. Tranquilizadora porque el Estado limita dicha ayuda.
Por lo demás, dado que el documento reconoce que las entidades podrán acudir al mercado para allegar recursos mediante la venta de sus activos y la emisión de títulos de capital, como modo de reducir, y en su caso evitar, como en el Grupo 3, la ayuda pública. ¿Por qué no las dejamos acudir a dicho mercado hasta las últimas consecuencias?
La diferencia entre los extremos de dicha horquilla depende de los ahorros fiscales de que puedan disfrutar las entidades como consecuencia de las pérdidas que vienen sufriendo, así como de los que provoquen los procesos de integración en que están inmersas algunas de ellas. Por lo demás irrita la insistencia del Banco de España en que tras todo esto tendremos un sector más solvente, saneado y rentable, como si dicha situación no fuera la que, al menos esos suponíamos todos, venían buscando las autoridades hasta llegar a la actual.
Sin embargo, hay extremos en los resultados publicados que son, cuando menos, llamativos para todos aquellos que nos tenemos que fiar del estudio, dada la información escasa de que disponemos y nuestras propias limitaciones. Uno de dichos extremos es el de que entre las entidades del denominado Grupo 0, el de aquellas que no necesitarán ayuda pública bajo ninguna circunstancia, hay algunas para las que el escenario adverso (el peor) generaría un superávit mayor de recursos propios que el que se generaría en el escenario denominado base (el más probable). Dicho de otro modo, para dichas instituciones cuanto peor, mejor. No piensen que estoy sugiriendo que esto no es posible y que, por tanto, el estudio de Oliver Wyman debe ser invalidado por un error de bulto. No digo eso.
El mercado siempre genera oportunidades, si bien es más fácil para todos detectarlas y aprovecharlas cuando es alcista. Lo que digo, porque no lo sugiero, es que algunas entidades tienen una visión pesimista sobre la evolución de la situación económica durante el periodo macroeconómico del estudio (hasta finales de 2014) y sus posiciones en los mercados están estratégicamente dirigidas para conseguir beneficios en esa situación. En concreto, las entidades del Grupo 0 que se hallarían en mejor situación en el peor escenario que en el más probable, obtendrían 6.360 millones de euros de capital adicional en el primero de los escenarios. No es una broma: es un 21% más de lo que les sobraría en el escenario menos malo.
La conclusión anterior sólo puede llevarnos a otra: hay quien sabe gestionar los riesgos y hay quien no sabe. Dicho esto, comienzo a comprender cada vez menos las razones para ayudar a las entidades del denominado Grupo 1, las ya nacionalizadas, que después de todo lo que ha pasado no han sido capaces de orientar sus negocios en la crisis, como demuestra que sus necesidades en el peor caso superan a las en el mejor en 21 mil millones de euros o un 80%, si prefieren los términos relativos. Igualmente, y por los mismos motivos, me es difícil entender la ayuda pública en el Grupo 3, el de entidades que podrían no llegar a cubrir sus necesidades con capitales privados, y en el Grupo 2, aquellas otras que necesariamente tendrán que acudir a la ayuda pública.
Volviendo al comienzo, la falta de sorpresas en las conclusiones del informe afectan incluso a la actualización de las hipótesis contempladas para la realización de los cálculos. No parece razonable, aunque sólo hayan pasado tres meses, mantener las mismas hipótesis. Sobre todo, porque el transcurso de estos tres meses ya demuestra que algunas de las mismas se alejan mucho de la realidad que se va concretando.A estas alturas del año 2012 no se puede mantener la media anual del Euribor a 12 meses en el 1,6% para todo el 2012 ni, dadas las expectativas que cotizan en las curvas de tipos de interés de los mercados, utilizar niveles del 1,5% o del 2,5%, según el escenario que se tome, hasta el final del periodo de estudio. Lo mismo podemos decir de las hipotesis sobre inflación.
Por último, el documento publicado el viernes sigue arrojando inconcreciones sobre la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) que gestionará el FROB para las entidades que necesiten ayuda pública. Algunas de esas inconcreciones producen, cuando menos preocupación. Una de ellas es la insistencia sobre que las adquisiciones se realizarán, según términos textuales, a precios de transferencia calculados con parametros conservadores. Lo que es tanto como decir que, los precios a los que la SGA adquiera los bienes inmuebles a las entidades beneficiarias de ayuda pública, nada tendrán que ver con los que se alcanzarían en un mercado libre de la interferencia pública o, lo que es lo mismo, que las ayudas públicas podrán disfrazarse de precios de favor. Sin embargo, hay una advertencia que resulta interesante en el documento respecto de la SGA: habrá que establecer un tamaño máximo de la misma. En si misma, es una declaración a la vez culpable y tranquilizadora. Culpable porque muestra a las claras que hay ayuda pública en las compras que haga la SGA, pues de otro modo no hay por qué limitar nada. Tranquilizadora porque el Estado limita dicha ayuda.
Por lo demás, dado que el documento reconoce que las entidades podrán acudir al mercado para allegar recursos mediante la venta de sus activos y la emisión de títulos de capital, como modo de reducir, y en su caso evitar, como en el Grupo 3, la ayuda pública. ¿Por qué no las dejamos acudir a dicho mercado hasta las últimas consecuencias?
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