Lecturas para las vacaciones

Hoy no es que sea viernes. Es que es el viernes por antonomasia. El gran viernes. Por lo menos para mí, que inicio mis vacaciones de manera inmediata a la publicación de este artículo. Los viernes, tradicionalmente, les envío a la biblioteca o a la librería -alguna vez a la videoteca- para que aumenten su cultura económica. Como comienzan las vacaciones, no sólo las mías sino las de muchos de ustedes, les voy a poner una tarea fácil y refrescante, como corresponde a estas fechas.

Muchos de ustedes veranean con ordenador con el que se conectan a Internet con el fin de informarse, pero sin brújula ni rumbo, y así pasan ratos entretenidos. Otros, aunque no lleven ordenador, se conectan igualmente a Internet en algún acceso público en su lugar de vacaciones. Yo les voy a dar un puerto en el que recalar. Vayan a la página web del Instituto Juan de Mariana o a la del Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Encontrarán pequeños y sugerentes artículos científicos sobre lo pernicioso de la intervención estatal en la economía.

En el Centro Henry Hazlitt, autor recomendado en una ocasión es este blog, encontrarán una cita en la cabecera, que viene al uso de lo que padecemos: "El primer requisito de un sano sistema económico es poner el menor poder posible en manos de los políticos, para decidir la cantidad y la calidad del dinero en circulación". Afirmación que no ha habido que llegar al siglo XX para conocer de su bondad en palabras del norteamericano Hazlitt, ni tan siquiera al siglo XVI para hacerlo de las del español Juan de Mariana, sino tan sólo estudiar la Edad Media española en la que las Cortes solían exigir a sus reyes el compromiso de mantener el valor de la moneda. Así, que si quieren hacerme caso, y si no no me lo hagan, que para eso están de vacaciones, visiten las páginas web del Instituto Juan de Mariana y del Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín, para pasar buenos ratos surfeando por Internet.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La expansión del FROB

Ya saben ustedes que la onomatopeya del croar de la rana, FROB, tiene, sin embargo, un sentido preciso en España. Quiere decir Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y al paso que llevan las cosas parece que ha venido a quedarse. Se presentó -como todas las medidas del intervencionismo público tendentes a que el mercado no despliegue todos sus efectos- como algo temporal, pero puede terminar por convertirse en definitivo y puede, además, extenderse a otras esferas.

Estos días es posible que hayan ustedes oído hablar de los cambios que puede llegar a imponer el nuevo acuerdo de Basilea, el denominado Basilea III. Estos acuerdos de Basilea no son sino intentos de los supervisores bancarios de las principales economías del mundo para homogeneizar su desarrollo normativo. Hasta ahora, los dos primeros acuerdos se han convertido ya en normativa y, el tercero, todavía en ciernes, amenaza con ello.

Pues bien, antes de ayer se publicó una nota acerca de Basilea III por parte del Banco Internacional de Pagos de Basilea, conocido como BIS, -que es el organizador de estos acuerdos- en el que se daba un paso adelante para consolidar mecanismos similares al FROB de manera permanente. En concreto, se quería habilitar la posibilidad de la toma de participación en los bancos por parte de los supervisores bancarios, cuando estos últimos diagnostiquen problemas en una entidad que no encuentra la posibilidad de obtener el apoyo de los mercados. Así, cualquier entidad que, por error o causa fortuita, atravesara problemas, sabría que en el peor de los escenarios el supervisor bancario se convertiría en su accionista aportándole los fondos necesarios. Los bancos tendrían así siempre la garantía del Estado.

La verdad es que para esto, como decía mi abuelo, no hicimos una guerra. No hemos resistido en Occidente durante setenta y cinco años al fenómeno que fue el comunismo para acabar en un sistema aún peor, en el que la nomenclatura aplica la propiedad privada a los beneficios y la socialización a las pérdidas. Claro que el ejemplo va cundiendo. Adivinen qué sector empresarial ha pedido un mecanismo parecido al FROB. Pues no otro que el de la construcción.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La irresponsabilidad en el sector público

Existe diferencia entre los errores en el sector privado y en el público. Para muestra, un botón: BP, la compañía inglesa de petróleo, ha perdido en el segundo semestre de 2010 13.200 millones de euros como consecuencia de las indemnizaciones de 23.000 millones de euros que se ha comprometido a desembolsar por el vertido realizado en el Golfo de México. Ahí es nada. La cotización de las acciones de la compañía ha caído en un 50% desde que comenzó el problema de dicho vertido. Ayer mismo, junto con los resultados que les acabo de comentar, la petrolera comunicaba el cambio de su Consejero Delegado, hombre que llevaba veintiocho años en la compañía y que se ha mostrado especialmente torpe en todo este problema.

Antes de ayer, The Wall Street Journal publicaba una lista de primeros ejecutivos cesados en las principales compañías del sector financiero norteamericano en los dos últimos años, y les aseguro que no era corta. Además, contaba este diario el recorte que ha habido en el uso de aviones privados y otras bagatelas propias de estos empleados de lujo.

En España, en el sector de cajas de ahorros, que nos ha dado y continuará dándonos problemas en los próximos meses, no ha dimitido nadie. Todas las destituciones se han producido por la remoción de los administradores por parte del Banco de España y, por último, las sanciones hasta la fecha, que han sido francamente ridículas, se han circunscrito al caso de Caja Castila-La Mancha. Así, han consistido, únicamente, en cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la banca y 150.000 euros de multa para los dos primeros ejecutivos de la entidad.

En el sector público, las consecuencias de haber elegido mal a estos dos gestores -al fin y al cabo era el gobierno regional quien los eligió- no ha tenido consecuencia alguna. Ya no les cuento las de otras actuaciones más graves como insistir en la bonanza económica más allá de lo razonable, la falta de diligencia en la acción de gobierno, o mentir. Ninguna de estas faltas, graves en el sector empresarial, tiene consecuencia alguna para un político. Cambiar de gobierno no sirve para nada si los que cesan no sufren ninguna consecuencia más allá que un periodo, más o menos largo, en la oposición.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El problema no es de los bancos, sino de las cajas

De los test de estrés se pueden hacer muchas disquisiciones: que si no estaban todas las entidades, que si España ha hecho evaluar a casi todas las suyas… En pocas palabras, lo primero que uno se puede preguntar es por qué había que hacer estas pruebas existiendo una regulación sobre información financiera y obligaciones de información al mercado por parte de las entidades. ¿Es que lo que había no valía? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora sí? Lo segundo es que, en España, el problema no es de bancos, sino de cajas: la parte del sector que controlan los políticos. Lo tercero es que el problema español es, en gran parte, catalán: dos de los cuatro SIP que no pasaron las pruebas son de entidades catalanas. Nuestras autoridades nos enmarcan el problema de nuestro sector financiero como otro más del capitalismo local, cuando más bien parece el problema de nuestro intervencionismo regional.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

¡Qué viene el lobo (la deflación)!

Ya saben ustedes que esto de seguir la actualidad informativa económica no es una tarea grata, especialmente en estos últimos años, porque, como suele decirse, no se gana para sustos. Ahora comienza a resucitar la hipótesis, que parecía abandonada, de la deflación, es decir, de las bajadas de precios. Para sustentarla, los que la han resucitado se han fijado en el comportamiento de los bonos públicos norteamericanos. Así, los muy bajos tipos de interés que están alcanzando en las últimas semanas estos títulos, parecen ser un reflejo de la esperada inflación negativa, por lo que lo que se estaría ajustando son las rentabilidades reales de estos activos.

Ya les he dicho en otras ocasiones que la deflación no es tan mala como nos la apuntan las autoridades. De hecho, ha sido la gran aliada de estas autoridades para financiar sus cuantiosos déficit públicos. El incremento de la productividad en los países industrializados y semiindustrializados debería haber provocado una caída de precios en general. Y así ha sido en algunos sectores y ramas de la actividad concretos. Sin embargo, los responsables económicos suelen planteárnoslo como un problema que ralentiza el consumo porque retrasa las decisiones de consumo y de inversión.

Esto no es verdad para determinados artículos. Usted no deja de comer varios días para comprar más barato más adelante, y en lo no perecedero a veces se retrasan las adquisiciones pero no para siempre, y ni tan siquiera mucho. Piensen, por ejemplo, en sus adquisiciones personales de informática o electrónica de consumo. Los precios parece que siempre están cayendo pero, al final, cuando ustedes necesitan algo, terminan comprando.

Al final, los consumidores incorporamos ese escenario bajista de precios a nuestros actos. Sabemos que más adelante será más barato y mejor, pero compramos ahora porque lo queremos ahora. La deflación, o mejor el temor a la misma, es la excusa de las autoridades para emitir moneda con la que generar inflación. De ese modo, financian sus déficit presentes y pasados -la deuda-, en parte a costa de empobrecer un poco a los tenedores de bonos y de efectivo, y de beneficiar a los que están más endeudados entre los que se encuentran estas mismas autoridades.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Conclusiones de los test de estrés

Si son lectores de este blog, está claro que son personas interesadas por la información económica en particular, y político social en general, que probablemente escuchen la radio y lean el periódico casi a diario. Así que a estas alturas, y después de que el viernes a las seis de la tarde el Comité de Supervisores Bancarios Europeos publicara los resultados de los test de estrés de la banca europea, deben estar hartos de comentarios sobre los mismos. En cualquier caso, me van a permitir algunas reflexiones muy rápidas.

La primera se la apunté ya la semana pasada, antes de la publicación de los resultados: no entiendo muy bien que hicieran falta estas pruebas, habiendo información financiera abundante de las entidades, sujeta a unas reglas dictadas por las autoridades, salvo que dicha información se concluya que no sirve para nada. La segunda es el análisis del conjunto de entidades españolas que no pasan los niveles de corte: cuatro sistemas institucionales de protección (SIP) o fusiones frías, como quieran llamarlas, formados por once cajas, y otra caja más, intervenida por las autoridades. Dejemos al margen esta última. Las once primeras, lógicamente, tenían que tener problemas porque si no, no habrían aceptado las fusiones en que se habían embarcado. Lo que refleja el teste es que, a pesar de las ayudas recibidas, continúan con problemas. Además, de estas once cajas, seis son catalanas. Es decir, la mitad de las cajas con más problemas, son catalanas: lo que supera, sin lugar a dudas, la proporción de cajas catalanas sobre el total de las cajas españolas.

Al final, podemos concluir lo siguiente: primero, que la información financiera que se publica sirve para poco, por lo que no sabemos si nos podemos creer lo de los test; segundo, que el problema del sistema financiero español se circunscribe a las cajas, que están, como ustedes saben, dirigidas por políticos; y tercero, que de manera muy especial el problema afecta a las cajas catalanas, probablemente porque sus políticos han sido aún peores que los del resto de España, o han estado dedicados a todo menos al duro y aburrido trabajo diario de gestionar lo que toca.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Bienvenidos a la propaganda internacional financiera

¡Qué entretenidos nos han tenido! Al final para contarnos, en el caso español, que doce de nuestras cajas, once de las cuales participan en los procesos de fusión fría o SIP y una de las intervenidas (la otra intervenida que estaba peor aún ni se ha sometido a la evaluación) están mal. Porque estaba claro que en los procesos de fusión fría y consiguiente petición de ayudas sólo han participado las que tenían problemas. De las once primeras, seis en la región en la que los políticos gobernantes de las cajas, se dedican a inventarse problemas sin solución para no perder su empleo. ¿Los bancos? Los españoles bien, gracias. Tal vez porque sus directivos no tenían claro si les cubrirían las pérdidas. Sin embargo, paradojas de la vida: las entidades más seguras de la Unión Europea son, desde esta tarde, las señaladas con el dedo acusador del Comité de Reguladores Bancarios Europeos.

Como la noticia les ha cerrado de manera irremisible los fondos privados, la ayuda pública no les faltará. Ya lo verán o ya lo van viendo, con el alargamiento de plazos de las ayudas del Frob hasta fin de año que se ha producido el mismo día de la publicación de los test de estrés. Por lo demás, ¿qué quieren que les cuente? A mí esto me ha parecido una tomadura de pelo de las autoridades después de la guerra que nos dieron con que el Pilar III de Basilea II (y no es un resultado de fútbol), cuando aseguraban que la transparencia y calidad de la información financiera emitida por las entidades a los mercados, harían que éstos segundos disciplinaran a las primeras. Pero cuando se desconfía de los mercados, como lo hacen nuestras autoridades, la información se convierte en propaganda. Y con propaganda no hay mercado ni libertad.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Historia de un lápiz

El viernes próximo será el último de este mes de julio, y nos iremos de vacaciones. A estas alturas no puedo hacerles una recomendación bibliográfica que no sea ligera. Así que les voy a indicar que esta semana no vayan ni a la biblioteca ni a la librería, y que se introduzcan en el portal de Internet Youtube -ya saben, ese portal en el que se puede encontrar desde el gol de Iniesta hasta la última aparición del usufructuario de la Moncloa en Rodiezmo-. Una vez en el portal introduzcan tres palabras: Milton Friedman y lápiz. Las dos primeras, como habrán adivinado, corresponden al nombre del Premio Nobel de Economía de 1976 y fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman.

Si tienen amigos ecoprogresistas no les reconozcan que han visto un video de Milton Friedman pues, para ellos, el profesor Friedman -un simpatiquísimo gran economista con la virtud de ser un gran divulgador de su conocimiento- es poco más que la encarnación del mal. Del mal liberal, se entiende. No les he recomendado hasta la fecha libros de este eminente profesor pues, aunque defensor de la sociedad occidental y de la importancia de la estabilidad económica para alcanzar la estabilidad política, no se interesó por los aspectos antropológicos que fundan los valores en que se basa lo que nos va quedando de libertad desde la Revolución Francesa.

Pero vamos al video que les recomiendo. Se titula Historia de un lápiz. No llega a los dos minutos y medio de duración y les explica, en una magistral lección, cómo el sistema de precios permite que miles de personas cooperen para la producción de una única unidad de un producto -un lápiz- que usted y yo adquirimos. Y todo eso sin políticos ni planificación central. Sólo porque todos ellos, que no comparten ni valores ni objetivos finales comunes, comparten el objetivo intermedio de ganarse la vida para el que necesitan sólo que ninguna autoridad les incomode. Así que, váyanse a youtube.com y tecleen Milton Friedman lápiz. Una lección en dos minutos. Otros, para aprenderla, necesitaron dos tardes y no se enteraron de nada.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Al pan, pan, y al vino, vino

Pues vayan atándose los machos o, de manera más clara, agárrense la cartera, porque ayer, el usufructuario de la Moncloa, nos anunció en el Congreso de los Diputados que va a pedir a los españoles con más capacidad económica mayores esfuerzos si son necesarios. Esto, dicho en el lenguaje en el que nos entendemos usted y yo, es tan sencillo como que nos van a subir los impuestos a todos. Y digo esto porque ustedes comprenderán que los esfuerzos no se van a pedir, como se dijo, porque entonces tal vez muchos, quizás todos, se negarían a hacer los esfuerzos. Los esfuerzos se van a imponer; por eso se llaman impuestos públicos y no donaciones al erario público.

Lo de la mayor capacidad económica no quiere decir ni los que más ganan ni los que más tienen, por diversos motivos. Primero, por las posibilidades mayores que tienen los de mayor capacidad económica de eludir el control fiscal y, segundo, porque es tan difícil definir de manera, tanto precisa como justa, lo que es la capacidad económica, que al final se irá a lo fácil: los impuestos sobre el consumo, que pagan todos, y sobre la renta, que pagan algunos que todos sabemos. Por último, porque para los políticos lo que puede llegar a ser necesario significa, simplemente, lo que será. Así, que ya saben, si consumen porque consumen y si trabajan por cuenta ajena, los impuestos les van a subir.

Yo no dudo que tal vez sea necesario que paguemos -porque somos responsables de elegir los representantes que elegimos- los excesos de los años de bonanza y la demagogia que ha llevado el gasto público a extremos insostenibles. Sin embargo, me parece que podemos exigir que no se nos mienta con eufemismos y circunloquios. Más que nada porque la claridad crea confianza y una parte de la crisis económica, como tantas veces se apunta, es de confianza. Su recuperación suele decirse que está en el sistema de valores, pero es que no hay sistema de valores alguno si admitimos la mentira. Así que, ya que va a subirnos los impuestos, señor usufructuario de la Moncloa, no nos diga que va a pedirnos nada. Diga que lo va a hacer y hágalo.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Lo mejor es enemigo de lo bueno

Si algo caracteriza a las autoridades occidentales desde la Revolución Francesa es el convencimiento del poder taumatúrgico de las leyes. Así, cualquier problema social o económico es fruto de una mala legislación que, una vez removida por otra mejor, solucionará el mismo. Este convencimiento, que nos han trasladado a la ciudadanía, hace que nos pasemos la vida exigiendo normas que solucionen todas las cuitas que tenemos. De este modo, la producción legislativa se ha vuelto inmensa y la vida de las leyes cada vez más breve, porque, además, no se espera de ellas que sólo solucionen los problemas, sino que los solucionen de manera inmediata.

Nuestras autoridades, más que gobernar parece que están enfrascadas en un ejercicio continuo de búsqueda de la norma perfecta en cada campo de la actividad humana y, como no la encuentran y surgen nuevas insatisfacciones, se pasan el día produciendo normas que sustituyen a normas antiguas o que regulan campos no regulados hasta la fecha. Un ejemplo de esto nos lo dio el usufructuario de la Moncloa, que nos amenazó la semana pasada en el debate sobre el estado de la nación de naciones, con la modificación de cincuenta leyes y ciento cincuenta decretos. Ahí es nada. Doscientas normas que, a su vez y por efecto del inevitable desarrollo legislativo, darán lugar a la modificación de miles de reglamentos, órdenes ministeriales y circulares de diversos organismos del Estado.

¿Y qué es lo que de verdad produce este afán regulador y revisionista continuo de la legislación? Pues no otra cosa que inseguridad jurídica, que es un grave mal económico. Las actividades humanas, entre las que se encuentran las que calificamos de económicas, tienden a proyectarse hacia el futuro y, aunque éste siempre es incierto, necesitan por lo menos un marco institucional lo más estable posible. Las leyes viejas tienen el valor de aportar seguridad a las relaciones entre individuos, y muchos de los errores e injusticias que tienen son corregidos en la capacidad de contratar de que disponen los que son libres. Las leyes nuevas eliminan esa seguridad cuando se sospecha que pueden volver a ser reformadas para evitar que, precisamente los individuos libres tengan capacidad de pacto. Es el refranero español: a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El BCE y los falsificadores de moneda

Hay que ver a qué límites está llegando la crisis. Resulta que por primera vez, según publica el Banco Central Europeo (BCE), ha descendido el número de billetes de euro falsos incautados por las autoridades. Según este organismo esta es una prueba -la de que se incauta menos- de que se falsifica menos. Pero también podría ser -¿por qué no?- un aprueba de que se falsifica mejor, o de que la policía, aquejada de la reducción salarial que afecta al sector público, trabaja menos. Pero no. Según el BCE, esto es una prueba de que las perpectivas de recuperación económica son mayores. Sí, sí, lo que le digo: el BCE asegura que se falsifica menos porque las perspectivas de recuperación son mejores. Imagino que un 13% mejores, que es el porcentaje en que han caído las falsificaciones.

Así que, ya saben: todos aquellos de ustedes que respondieron al empeoramiento de las circunstancias económicas fabricándose unos billetillos con los que llegar a fin de mes en la cocina de su casa, dejen de hacerlo, que el riesgo no merece la pena ahora que todo comienza a despegar. La verdad es que unas autoridades monetarias que razonan así, no sé si están muy capacitadas para gobernarnos.

Lo que sí ha aumentado es el número de billetes auténticos en circulación. En concreto, durante el mismo periodo, en 13.200 millones de euros. A lo mejor, lo que ha ocurrido es que los falsificadores se están retirando del negocio ante la competencia desleal del BCE, que no hace más que llenar el mercado de dinero que, lógicamente, cada día vale menos y, claro, así no hay falsificador que pueda ganarse la vida ni delinquiendo. Espero que la patronal de falsificadores privados de moneda fiduciaria exija a las autoridades las ayudas necesarias para el proceso de reconversión al que se ve abocado como consecuencia de la actividad descontrolada del BCE, que no hace más que inundar el mercado de euros de baja calidad. Ya sólo faltaría que el BCE fabricase su moneda en China.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Que cada uno se jubile cuando quiera

Ahora que algunos estamos pensando en las vacaciones más que en ninguna otra cosa -y los que no piensan en ellas es porque las están disfrutando-, vuelve el tema de la edad de jubilación. Ya saben, el Gobierno ha vuelto a dejar caer su intención de alargar la edad hasta los 67 años, y la Unión Europea se lo pone fácil, desde un punto de vista de opinión pública, porque pide tres años más, es decir, que nos mantengamos activos hasta los 70. Los argumentos económicos para retrasar la edad de jubilación los entendemos todos, aunque no nos guste aceptarlos y permitamos, en ocasiones, que el hooliganismo político nos arrastre: después del retiro, incluso cuando se produce en la edad límite de 65 años, la esperanza de vida ha aumentado mucho. Por otro lado, el sistema no se basa en la capitalización, sino en el reparto que, a su vez, descansa en una natalidad que en Occidente hemos optado porque sea baja.

Sin embargo, mucho de la discusión se elimina al margen de los argumentos económicos: dejen ustedes que la gente se jubile a la edad que quiera. Devuélvanle al individuo una parte de la libertad que le han arrebatado para planificar su vida y los aspectos financieros de la misma. El que quiera jubilarse, por ejemplo a los 37, que lo haga, pero que asuma que muy probablemente su pensión sea muy, muy baja, y dejen que a los que las ganas, el tipo de actividad y la suerte se lo permita, aguanten hasta los 75 o los 80, si lo desean.

Ya sé que me van a decir que eso obliga a ir al sistema de capitalización. Es cierto; pero es que en el de reparto -al margen de los problemas demográficos apuntados-, como no existe el concepto de derecho consolidado, es decir, de propiedad privada, ya sabemos lo que pasa. Lo que dijo aquella ministra que presumía de hablar por teléfono, en bragas, con los alcaldes: que el dinero público no es de nadie. El sistema de capitalización, y la constitución a favor de cada contribuyente de sus derechos consolidados -es decir, del reconocimiento de su propiedad-, evita la irresponsabilidad de 'tonto el último' que tanto les ha gustado promover a los políticos.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El estado servil

Hoy no sólo es viernes, sino que es, además, la Virgen del Carmen, cuya devoción les recomiendo muy vehementemente. Pero vamos a lo que venimos todos los viernes: a acercarnos a una librería o biblioteca en busca de textos que amplíen nuestra formación en temas económicos y anejos. De hecho, el texto que les recomiendo es más bien de temas anejos. Se trata de El estado servil, de Hilarie Belloc, el escritor anglofrancés que ganó unas elecciones a miembro de la cámara de los comunes, dejándole claro a su electorado que no se merecían un representante como él si lo que le oponían era su confesionalidad católica. Así, a comienzos del siglo XX, fue el primer representante católico en Gran Bretaña desde los tiempos de Enrique VIII. Pues bien, El estado servil se ha vuelto a editar coincidiendo con el centenario de su publicación. El texto no ha dejado de estar de actualidad a través de otros autores como Friedrich Hayek, que lo consideraba una de las fuentes de su reputadísima obra Camino de Servidumbre de la que ya les he hablado, publicada por primera vez en 1944.

La obra es una crítica a la desaparición de la pequeña propiedad o al paulatino proceso de concentración de la misma, que divide a las sociedades modernas en dos grandes grupos: los poseedores y los trabajadores, lo que reduce la libertad de los segundos. Fíjense que no hablo de clases, sino de grupos, porque el señor Belloc no era marxista ni por asomo, no creía en el socialismo, ni era crítico con la institución de la propiedad privada. Más bien al contrario. Lo que sí le parecía a este autor es que la desaparición de las denominadas clases medias, y las dificultades para que los más pobres se pudieran incorporar a ellas, precisamente mediante el acceso a la propiedad, nos conduciría a un mundo menos libre. Piensen para ello sólo en lo que ha supuesto la burbuja inmobiliaria auspiciada por las autoridades occidentales en los últimos años, y verán que no estaba falto de razón. Así que, ya saben, busquen este texto centenario de Hilarie Belloc: El estado servil. Disfrutarán. Mucho.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del gobierno.

Hay que ahorrar

Ya saben que lo que se comenta hoy es el debate sobre el Estado de la Nación, que comenzó ayer en el Congreso con el discurso del usufructuario de La Moncloa. Al margen de la excusa gubernamental acusando a otros de haber previsto el pasado, lo que es cierto en algunos casos y en otros no, hubo muchos estudiosos de la economía que pronosticaron que un periodo tan largo de crecimiento de la cantidad de dinero -tipos bajos-, alto crecimiento del endeudamiento y políticas públicas animadoras del sector inmobiliario, tendría que acabar como ha acabado.

Es cierto, sin embargo, que los estudiosos no estaban tampoco en la oposición y que recibieron críticas de ambos por agoreros. Sin embargo, me parece interesante destacar las contradicciones en que entra la clase dirigente en su análisis de los hechos. El usufructuario destacó como positivo el crecimiento de las tasas de ahorro de las familias españolas hasta el 18% de la renta disponible, la reducción de la financiación de las empresas desde el 11,5% al 1,2% y la reducción de las necesidades de financiación exterior, y que todo ello se ha hecho de manera más rápida que en anteriores crisis.

Es decir, lo positivo -que lo es- es que hemos reducido nuestro sobreendeudamiento y ahorrado más y más rápido. Sin embargo, el discurso sigue siendo muy partidario del consumo, público o privado, como modo de reactivación de la economía. Está claro que la renta, o se consume o se ahorra, y no pueden las autoridades continuar con su idea de que consumamos y ahorremos más al mismo tiempo. El ahorro no es sólo una virtud porque así lo enunciemos, sino porque sus efectos positivos están a la vista.

Esto no ocurre con el consumo. Ni siquiera vale el argumento del ahorro moderado y el consumo moderado, porque siempre se nos olvida que lo que unos ahorran lo consumen otros, y si es en forma de adquisiciones que generan equipamiento empresarial, mejor, porque se aumenta la productividad inmediata y la producción futura, por lo que el pastel, para ahorrar y consumir en el futuro, será cada vez mayor. Lo que es malo es el atesoramiento, una forma de ahorro que no pone a disposición de otros lo ahorrado, pero eso sólo puede ocurrir cuando el dinero o lo ahorrado, si no toma la forma de dinero, tiene valor intrínseco.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La improvisación legislativa no conduce a nada (bueno)

Ayer les comentaba que todo el desarrollo legislativo que se ha llevado a cabo en España para solucionar los problemas de nuestro sistema financiero y que gustaba a nuestras autoridades, ha sido precipitada. Y lo ha sido porque pretende una solución -la concentración del sector, en concreto de las cajas- sin ninguna planificación ni reflexión sobre la misma, porque se espera que la mera reducción del número de entidades tenga una especie de poder taumatúrgico que lo arregle todo, y porque se ha hecho sin querer imponer la autoridad -que le otorga la Constitución-de que dispone el gobierno central sobre los regionales en materia de ordenación del crédito y la banca.

Pues bien, ayer mismo, nuestro Ministerio de Economía dio una muestra más de esa falta de planificación y autoridad, anunciando que pretende solicitar de la Unión Europea un alargamiento de los plazos para otorgar las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que acababa el 30 de junio último. Es cierto que España no es el único país que ha solicitado dicho alargamiento. Se hace necesario ampliar el plazo porque a finales del mes pasado, muchas cajas con dificultades andaban buscando otras con las que realizar un sistema integral de protección, un SIP o fusión fría, porque las fusiones calientes estaban vetadas por las comunidades autónomas, que no querían perder el control sobre sus respectivas cajas de ahorros.

Así, como ya les indiqué también ayer, algunas de estas fusiones frías eran tan frías que varias de ellas se están rompiendo antes de haberse consumado por falta de amor de los contrayentes. Eso dejando de lado los problemas legales no previstos y que se están arreglando a golpe de espasmo legislador. Es imposible solucionar los problemas de nuestro sector financiero en general, y de las cajas en particular, con esta sensación de que la ayuda pública y los calendarios serán todo lo flexibles que hagan falta.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del gobierno.

Vaivenes legislativos

La resolución del problema de las cajas de ahorros por parte del Gobierno de la Nación está resultando no sé si una chapuza, pero sí, al menos, aunque parezca increíble por la comparación, una tortura. Se han tenido que ir cambiando normas legales de manera continua, porque el marco legal no permitía el objetivo del gobierno para sanear el sector mediante fusiones que no hicieran desaparecer las cajas existentes, como modo de evitar el veto de las comunidades autónomas a las mismas.

En abril se modificó la regulación sobre recursos propios de las entidades para soslayar algunos problemas que planteaban los denominados sistemas integrales de protección o SIP, conocidos normalmente como 'fusiones frías'. El viernes último, aprovechando que todos estábamos con la mente en la final de antes de ayer, se intentó dar forma jurídica a dichos SIP, porque realmente nadie sabía cómo hacerlos, y de paso se solucionaron problemas fiscales en el impuesto de sociedades que generaban los mismos. Ahora, la Caja de Ahorros del Mediterráneo se queja de la actitud de CajAstur en el acuerdo que estaban alcanzando y amenaza con romperlo, cuando, como recordarán, en la última quincena de junio todo eran prisas por llegar a acuerdos antes del 30 de junio, fecha límite para poder acceder a las ayudas de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sin necesidad de encomendarse a la Unión Europea.

Está claro que con este nivel de improvisación legislativa, por un lado, y de falta de autoridad frente a los gobiernos regionales de España, por otro, es difícil que nada funcione y, lo que es peor, que nos tomen en serio en el exterior aunque ganemos el campeonato mundial de fútbol. Si todo se quedase sólo en un problema de imagen, nada tendría importancia, pero comprenderán ustedes que es difícil conseguir financiación para nuestro maltrecho erario público y nuestro sector financiero, con esa imagen de inestabilidad en el marco normativo de nuestro sector financiero. Este verano, me parece que en muchas cajas la Dirección se va a quedar sin vacaciones.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Lo importante es ganar el mundial

Hace treinta y seis años, estando de vacaciones en el Puerto de Santa María, mi padre dejó en la playa a mi madre y a mi hermana, y me acercó a un hotel para que viera el final del campeonato del mundo de futbol: mi primera final. Ni qué decirles tiene lo que me impresionó la retransmisión de los prolegómenos del partido, y luego el partido, por supuesto. Estaba claro que ser el campeón del mundo de fútbol, ese deporte con el que soñábamos los niños a todas horas, por el que abandonábamos a prisa las aulas, buscábamos a los amigos del vecindario, intercambiábamos cromos, y discutíamos las horas en que no lo jugábamos, era lo más importante del mundo. Nada podía ser comparable a ganar el campeonato mundial de fútbol. Por mucho que nos insistiesen en las bondades del estudio para ser alguien en la vida, estaba claro que lo que te hacía alguien era ser un gran jugador de fútbol. En aquella final, mi admiradísima Holanda, de Cruyff y Neskeens, jugadores del Barcelona, perdió contra Alemania, para mi disgusto. Entonces yo pensaba que lo que hacía grande a una nación era ganar el campeonato mundial de fútbol y, en menor medida, Eurovisión.

Algo no ha cambiado en estos treinta y seis años, y la realidad social se entiende entonces como ahora: ganar el campeonato mundial de fútbol, disputar al menos sus semifinales, es lo que distingue a las grandes naciones como la nuestra. Tal vez por eso, el Gobierno de la nación más grande de la tierra, aquella que ha ganado el mundial de fútbol, aprovechó el viernes anterior a la final para realizar importantes reformas en la regulación de sus cajas de ahorros, modificar el régimen fiscal en el impuesto de sociedades de las operaciones vinculadas, o modificar la ley orgánica de represión del contrabando -por indicarles solamente normas de tipo económico, que son las que sigo- y utilizando la terminología del Gobierno que, como ustedes saben, y aunque insista en su comunicado del viernes, no puede modificar leyes orgánicas.

Está claro que lo importante se jugó ayer, porque ni los tres Felipes de la Casa de Austria le inflingieron nunca una humillación tan grande a la Casa de Oranje, como la que se le infligió ayer.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

La soberanía del individuo

Aunque la ecoprogresía suele decir que esta crisis que no acaba es la demostración del fracaso del libre mercado -cuando lo que ha demostrado, precisamente, es que el mercado no es libre-, lo que de verdad ha fracasado es el gigantismo estatal. Es decir, unos estados que nos ofrecen multitud de servicios, más allá de lo razonable y que, por tanto, no son costeables, porque con una presión fiscal mayor se colapsaría el sistema económico. Y, por otro lado, no hay un nivel de presión fiscal aceptable que permita financiarlo.

Con esta reflexión, y como es viernes, me permito recomendarles un texto del profesor canadiense Pierre Lemieux que se llama La soberanía del individuo. El profesor Lemieux indica que la soberanía reside en el individuo y no en el Estado, como parecen defender de manera implícita los partidarios del intervencionismo público. El modelo económico social sueco, que suele ponerse como ejemplo de las bondades del intervencionismo, y que se vino abajo en los años setenta y ochenta, no es para este profesor sino la implantación del fascismo mussoliniano sobre una población más apta para el mismo que la italiana, que suele ser algo indisciplinada.

Así, la soberanía del individuo se identifica con los derechos del hombre y, a partir de aquí, el autor intenta mostrarnos las implicaciones que esto tiene en las funciones del Estado -que hoy parecen infinitas- y en su financiación. Esto le permite interesantísimas reflexiones sobre temas como la seguridad social o la fiscalidad. Temas que en los próximos meses se revisarán en profundidad porque los estados occidentales están exhaustos financieramente. Para muestra, un botón: la Unión Europea ya habla de jubilación a los setenta. Si quieren construirse una buena base científica para comprender porque tenemos que desmontar este estado y hacerlo más pequeño para que esté al servicio del individuo y no lo tiranice, léanse el texto del profesor Lemieux, La soberanía del individuo.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Jibarizando el sector público

Estamos demasiado pendientes de los aspectos financieros de la crisis. Suelen preguntarme si es razonable que se ayude a la banca o que el déficit público se financie con deuda que adquieren los bancos con crédito del banco central: el llamado atajo japonés que no se recorre en menos de veinte años. Pero el problema real ha sido la necesidad de financiar al sector público emboscado dentro de la financiación y el aumento de la masa monetaria de los años de expansión.

El sector público, dejando al margen cuestiones de eficiencia, nos ha dado muchísimos servicios que no hemos pagado con nuestros impuestos. Así, en Pozuelo de Alarcón, el municipio con la población más rica de España, las bibliotecas municipales prestan DVD´s o el Ayuntamiento organiza cursos baratísimos de cría caballar o manualidades. Sin entrar en otras discusiones, este nivel de servicios no es que sea impagable, es que no lo hemos pagado porque sencillamente ha sido el pago que hemos recibido por nuestros votos.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El pulpo Paul y la ministra Salgado

Algunos de ustedes habrán oído hablar del pulpo Paul. Se trata de eso, de un pulpo, al que los alemanes le han estado encomendando, antes de cada partido de su selección, que actúe como adivinador del vencedor del mismo. Hasta ayer mismo el animalito había acertado siempre, y pronosticaba la victoria española. El asunto es que ayer, un grupo de Facebook pedía la pena de muerte para el pobre cefalópodo en caso de que errase en su pronóstico.

Ayer, también, el profesor Trías de Bes, de Esade, presentaba un interesante estudio en el que había analizado las desviaciones en sus pronósticos respecto del valor final alcanzado por un conjunto de servicios de estudios y centros de análisis económicos. Así, comparaba los pronósticos de crecimiento del producto interior bruto (PIB) con el crecimiento real una vez conocido el dato. Lo interesante era ver que las peores previsiones para la economía española, entendidas como las que más se alejaron del acierto, correspondieron, por este orden, al Gobierno de la Nación, al Fondo Monetario Internacional (FMI), y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las mejores previsiones -las más acertadas- correspondieron, por este orden, a Intermoney, a la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), y al Instituto Flores de Lemus.

Es decir, las mejores eran de instituciones privadas, mientras que las peores eran de instituciones públicas. Y entre éstas, peores eran las que más obligadas estaban, por responsabilidad, a acertar, porque el Gobierno español tiene más obligación de conocer la economía española que el FMI o la OCDE. Recordarán ustedes que, además, nuestras autoridades se han quejado varias veces de que el FMI no acierta, como dice el castizo, ni patrás. En cualquier caso, dirigidos por unas autoridades nacionales internacionales que dedican a sus estudios económicos muchísimos más recursos que los servicios privados, entre otras cosas porque pueden imponer obligaciones de información a las empresas que dichos servicios no pueden, es para constituir otro grupo en Facebook que exija el mismo trato para el pulpo Paul que para la Ministra de Economía.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El dinero huye de los fondos de inversión

El patrimonio invertido en los fondos de inversión está en su nivel más bajo desde 1997. Casi podemos decir que de la historia, porque estadísticas anteriores no hay, por lo que si solemos decir que la historia aparece con la escritura, las cifras anteriores a 1997 pertenecen a la prehistoria de los fondos de inversión. ¿Qué razones puede haber para este descenso tan elevado? Más de lo que parece si introducimos la inflación, pues desde mediados de 1997 hasta ahora, los precios casi se han multiplicado por dos. Una puede ser, simplemente, la caída del valor liquidativo de las participaciones, especialmente de aquellas en fondos de inversión en bolsa, pero sin olvidarnos de los de renta fija -en todos los plazos-, pues las subidas de los tipos de interés de la deuda pública en el último año han hecho caer los precios de los bonos en todos los plazos.

Otra puede ser la huida de los fondistas hacia otras formas de inversión, dados los malos resultados de éstos y muy especialmente de los estructurados, pues muchos clientes deben sentirse engañados con las formas de comercialización que han utilizado las entidades en los últimos años de expansión, y que tantas pérdidas les han ocasionado. Por último, y como bien indica Analistas Financieros Internacionales, porque muchos partícipes han utilizado su patrimonio como modo de compensar la caída de sus ingresos y para reducir sus deudas. En este último caso, de manera muy especial por parte de aquellos que adquirieron fondos con crédito de las propias entidades que les vendían los mismos. Estas dos últimas razones, complemento de rentas y compensación de deudas, son una buena medida de la profundidad de la crisis porque, como ustedes saben, la gente suele ser muy renuente a liquidar los activos en que ha materializado su ahorro.

La noticia no es buena, salvo por la parte que ayuda a reducir el sobreendeudamiento de nuestras familias. Las cuentas de las entidades financieras deben estar resintiéndose, pues menos patrimonio gestionado supone menos ingresos por comisiones. Sin embargo, no se preocupen por las mismas, ya se encarga el Banco Central Europeo de financiarlas al 1% para que financien el déficit público casi al 5%, en lugar de forzarlas a ella y a los estados a reducir también su sobreendeudamiento.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

España se empobrece

Acaba de publicar el Banco Mundial un informe que se llama Doing Business, es decir, Haciendo negocios ,y que intenta calificar la capacidad de un país para favorecer la creación de riqueza, que no calificaré de empresarial porque sólo las empresas y los empresarios son capaces de crear riqueza. Los estados pueden crear las condiciones para que éstos -empresas y empresarios- creen riqueza, o laminarlas en más o en menos, como ocurre con frecuencia. En ningún caso un estado es capaz de crear riqueza, como se pudo ver cuando cayó el muro de Berlín o se puede ver ahora mismo en Corea del Norte, por citar algunos ejemplos.

Pues bien, el informe indica que España, la décima potencia industrial, ocupa, entre ciento ochenta y tres países, el puesto sesenta y dos en lo referente a las mejores condiciones para el establecimiento mercantil. Está claro que con esas condiciones, continuaremos cayendo en la clasificación mundial de economías, aunque lleguemos a ganar el mundial de fútbol.

Pero analicemos unos pocos datos del estudio, al menos los dos más importantes, bajo mi punto de vista. Este país es el número ciento cincuenta y siete en lo referente a facilidades para contratar trabajadores, y la ciento cuarenta y seis para crear nuevas empresas. ¡Entre ciento ochenta y tres, insisto! Pero más relevante aún es el movimiento relativo que hemos experimentado en dicha calificación. Hace un año estábamos en el puesto cincuenta y tres en lo referente a las condiciones en su conjunto y éste, como ya les he dicho, en el sesenta y dos. Hemos descendido once puestos en un solo año.

Lo peor de la situación de España no es cómo estamos -al fin y al cabo todavía somos un país rico-, sino el ritmo al que nos estamos empobreciendo. Nuestros empresarios pueden hacer mucho por nosotros, pero recuerden que la Armada Invencible nunca perdió una batalla sino que no pudo ganarla porque se le cruzaron en su camino, y en contra, los elementos. En este caso, los elementos no los fija la Providencia sino las autoridades, que parece que están más interesadas en otras cosas que en las condiciones que hacen a una sociedad próspera.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Vender el voto

Pues volvemos a comenzar la semana con una buena noticia. Como no tenemos que ir a ver las cabalgatas con las que hemos sido obsequiados los madrileños este fin de semana, sino que tenemos que ir a trabajar, el servicio público de metro vuelve a la huelga. Pero dejemos el tema de la huelga, que no es sino el comienzo de los problemas que las políticas de ajuste y la extraña posición de los sindicatos mayoritarios subvencionados nos van a generar este próximo otoño. Volvamos a los temas de la deuda pública y su financiación. En particular, de la deuda pública de las comunidades autónomas.

La semana pasada, la Generalidad intentó colocar una emisión de mil millones de euros y apenas colocó un tercio de la misma y, lo que es más grave, entre cajas de ahorros que controla. Por otro lado, la agencia de calificación crediticia Moody´s rebajó, también la semana pasada, la calificación de la deuda de las comunidades de Madrid, las dos Castillas, Extremadura y Murcia, que se unían al plantel de las que ya habían experimentado una rebaja anterior. ¿Y qué nos dice esto? Pues que las administraciones autonómicas españolas tienen verdaderos problemas para llegar a fin de mes y que, aunque nos pese, deberemos ser los ciudadanos los que nos apretemos el cinturón para allegarles los recursos para hacer frente a las obligaciones que adquirieron en nuestro nombre, nos gustaran o no.

El discurso de que siempre pagan los mismos no por cierto deja de ser demagógico, y no se puede pretender, cuando nos toca -como les pasa, por ejemplo a los trabajadores del Metro-, utilizarlo como argumento para exonerarnos de nuestras responsabilidades, que son mayores de lo que parece. Primero, por elegir a los representantes que hemos elegido; segundo, por complacernos con todos los servicios gratuitos que nos han venido ofreciendo nuestros políticos sin preguntarnos. ¿Y esto quien lo paga? Porque al final, hay que pagarlo. El capítulo económico en las elecciones no puede estar basado en la promesa de cada vez más y mayores servicios públicos, sino que tiene que estar basado en un aumento de la productividad de nuestros impuestos, de modo que para darnos lo imprescindible (seguridad, justicia y defensa) cada vez nos cobren menos. Todo lo demás es vender el voto al mejor postor que además, al final, me deja la cuenta sin pagar.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

¿Hay vida después de la deuda?

Ha comenzado julio y, por tanto, algunos de los lectores habituales están disfrutando de sus vacaciones. Aquellos de ustedes que sí están leyendo hoy este artículo, pasan calor y están ya pensando en las suyas. Tal vez por eso, y porque es viernes, voy a añadir un poco de frescura a la recomendación de lectura que les hago todas las semanas. Les recomiendo que se hagan con el número de The Economist de esta semana que termina. Probablemente hoy sea el último día para hacerse con él con facilidad en los quioscos del centro de las ciudades. Y, ¿por qué recomiendo la lectura de esta revista?, pues por el informe especial de catorce páginas que incluye en su interior, y que anuncia en portada con el sugerente título: ¿Hay vida después de la deuda?

No les puedo comentar todos los artículos en la extensión de este post por la variedad de temas acerca del sobreendeudamiento de Occidente que trata, pero, al menos, les centraré la jugada como hace el artículo introductorio al informe, de Philip Coggan, que nos recuerda que la deuda parece haber sido la solución a todos los problemas económicos durante los últimos veinticinco años, y que ahora parece que ha llegado a ser el problema mismo. Está claro que el modelo económico basado en el endeudamiento ha alcanzado su límite y que la suspensión de pagos de un estado soberano ya no se contempla como un imposible, máxime cuando los gobiernos prefieren el populismo y no enfrentarse al desgaste que supone imponer medidas de fuerte austeridad a su población, antes que pagar a sus acreedores internacionales.

Sin embargo, está claro que, al margen de las finanzas públicas, deberemos aplicar la austeridad a las privadas, reducir nuestro consumo y aumentar nuestro ahorro. Y no sólo para reducir nuestro particular endeudamiento, pues es posible que en el caso de algunos de ustedes eso no sea un problema, sino para hacer frente a la reducción de determinadas prestaciones públicas.

Así que ya saben, esta semana no hace falta que vayan a la librería, sino al quiosco o a la biblioteca. Busquen el ejemplar de The Economist, titulado ¿Hay vida más allá de la deuda?, correspondiente al número del 26 de junio al 2 de julio de 2010, y léanse el informe que incluye. Muy interesante. Y sólo son catorce páginas aunque, eso sí, en inglés.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

Sobre los test de estrés

No son la noticia de esta semana, aunque en los últimos meses se ha hablado mucho de ellos. Son las denominadas pruebas de esfuerzo, o test de estrés, que las autoridades supervisoras europeas han realizado a las entidades bancarias. La finalidad de las mismas era informar a los mercados sobre la situación de dichas entidades. Para ello, en base a la información financiera al alcance de dichas autoridades -que debe ser mayor que la de los sujetos que actúan en los mercados-, han calculado cómo debería evolucionar la situación de dichas entidades bajo unos supuestos escenarios de evolución de determinadas magnitudes. Al final han concluido que no hay mucho que temer.

La verdad es que me resulta sorprendente que los mercados tengan que esperar al desarrollo de los test de esfuerzo para pronosticar la situación futura de las instituciones de depósito. En el fondo, lo que esto demuestra es que la información financiera que se publica no sirve para nada. La finalidad de dicha información, la contabilidad, sobre todo desde la adopción de las famosas Normas Internacionales de Información Financiera (las NIIF), por la Unión Europea, así como por otras naciones, es facilitar a los inversores la adopción de sus decisiones de inversión y desinversión en las instituciones de depósito. Así, pretendidamente, un inversor debería utilizar la información que publican dichas instituciones para decidir si toma una participación en el capital o adquiere un bono, emitidos por un banco o caja, y hete aquí que dicha información no le sirve para nada y debe, finalmente, esperar a los test de estrés.

Y, ¿por qué no le sirve para nada la información financiera publicada por las entidades? Pues sólo cabe una respuesta: porque no da información relevante, es decir, no dice nada. La información sólo puede no decir nada por dos motivos: bien porque el lenguaje en que está expresada -las NIIF- no es capaz de comunicar nada interesante; bien porque, expresamente, se está permitiendo que la información publicada no sea relevante. Esto segundo es aún más preocupante, si cabe y, sobre todo, nos hace preguntarnos si nos podemos creer lo de los test de estrés.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.