La desamortización de las cajas de ahorros

El anuncio de las autoridades económicas españolas de un plan de medidas legales y de actuación para atender a las cajas de ahorros, tiene al menos un efecto positivo: ya estamos todos de acuerdo en que el sector de cajas de ahorros atraviesa serias dificultades financieras. No es poco, porque hasta la fecha, el rumor, cada vez más fuerte, era que estaban mal pero dichas autoridades lo negaban. Salvo que pretenden convencernos ahora de que el plan no es porque estén mal, sino para que estén mejor, que todo podría ser. Se habla de que es un proceso de nacionalización, aunque bajo mi punto de vista se parece más a un proceso de desamortización.

Las cajas de ahorros eran hasta hace treinta y tres años un sector sin grandes problemas, que atravesó una crisis, muy pequeña en comparación con la actual, cuya gestión se entregó al poder político local y regional con la Ley de Órganos Rectores (LORCA). Esa entrega desdibujó los derechos de propiedad de las mismas, por lo que los nuevos gestores, sin atribuírselos, ejercieron sus funciones en beneficio de un grupo concreto: el político. Ahora las cajas, como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo y de las decisiones de ese grupo, están en una situación límite para su supervivencia. El Estado pues, se plantea una nacionalización limitada en el tiempo de aquellas cuya inviabilidad ya sea manifiesta en los próximos meses. Posteriormente las entregará, ya con los derechos de propiedad bien definidos, a inversores privados a los que, además, habrá que garantizar de algún modo un valor neto positivo, si queremos que se hagan cargo de las mismas y nos sacudan de esta rémora.

Lo dicho: un proceso de treinta y tres años que ha supuesto la desamortización de un bien del común. La solución se plantea ya como inevitable. La semana pasada todavía las autoridades hablaban de permitir a algunas entidades la actuación en sus ámbitos regionales de influencia: justo como estaban antes de la reforma de finales de los setenta. Para este viaje, no hacían falta las alforjas que se han quedado por el camino. En la confabulación entre el poder político y el económico en que se ha convertido la política económica moderna, porque ya saben ustedes que las leyes de mercado sólo operan para aquellos too little to life, este es un caso especial: es la actuación de un poder político (el central) salvándole la cara a otro (el poder político local y regional) aunque algunos en este último protesten.

Durante los años que dure la nacionalización temporal, el Gobierno de turno acumulará un poder económico inmenso. Ahora mismo, el poder económico de las cajas estaba mal gestionado pero bien repartido. Tan bien repartido que le ha sido imposible a las autoridades centrales, incluso en las ocasiones en que han actuado de buena fe y con razón, doblegar la testarudez de algunos de entregárselo, aunque sólo fuera para solucionarle la papeleta.

La operación se instrumenta ahora como una solución técnica indiscutible: adelantamos y reforzamos, porque para eso somos los más machos, un acuerdo internacional sobre regulación financiera, Basilea III. Basilea III no entra en vigor para el resto del mundo hasta 2013 y sólo exige ese año un 3,5% de financiación en forma de capital más reservas o core capital. En su desarrollo pleno, a partir de 2019, no exige más que un 7% por este concepto. Estableciéndolo en un 8% en unos pocos meses, dejamos fuera de la ley a muchas cajas de ahorros que presentan, o podrían presentar, una situación razonable de solvencia, a pesar de las pérdidas que tuvieran todavía que reconocer o los problemas de liquidez que pudieran afrontar en el inmediato futuro. De paso, dejamos fuera de la ley a muchos bancos, para que la norma parezca más una norma general que una norma particular, que es lo que es. La norma se aprueba poco antes de que se publiquen los resultados del último ejercicio de la mayoría de las entidades afectadas, todas en el caso de las cajas de ahorros, con el fin de que el borrón sea completo, y no parcial como hasta ahora, y quede disimulado con la cuenta nueva que se hará en unos pocos meses. Todo este bagaje técnico se adereza con el mantra del tamaño mínimo, cuando en otros territorios cercanos a nosotros (y en España bajo otra forma social, pero mejor no dar pistas) operan cientos de pequeñas instituciones, como las que ahora desaparecerán en nuestro país, sin problema alguno.

Mientras tanto, los mismos que se cargan las cajas de ahorros (un invento de los franciscanos) apoyan las denominadas iniciativas de inclusión social, que les parecen imprescindibles para que determinados segmentos de la población no queden fuera del acceso al crédito. A esas iniciativas las llaman: microcréditos. Cuando estas iniciativas privadas de la sociedad, por no utilizar el adjetivo social que todo lo enturbia, sean suficientemente grandes, volverán a protegerlas de sus fundadores con la excusa del beneficio público. Cuando estén esquilmadas de nuevo, la racionalidad económica como excusa de la impericia y la falsedad las hará desaparecer otra vez.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

En defensa de los supervisores (nacionales)

Ya saben ustedes que con el comienzo del año comenzaron a funcionar las nuevas autoridades supervisoras europeas, al menos su cúpula directiva, pues el reclutamiento de efectivos entre funcionarios de las autoridades nacionales y el inicio efectivo de tareas se retrasa hasta abril. Me preguntan qué me parece la creación de estos nuevos organismos, creación que, en principio, acojo con poco entusiasmo porque cuanto más presentan las autoridades políticas algo como la solución, más tiendo a desconfiar de ello. Pero como esta actitud, prudente, suele ser calificada como irracional, quiero entrar a revisar la racionalidad de la medida de creación de las nuevas autoridades supervisoras europeas. Vamos a ello.

Las nuevas autoridades se crean porque según el discurso político imperante el sistema financiero se ha colapsado como consecuencia de su infrarregulación, o exceso de liberalización que dicen otros, y como consecuencia de un fallo de supervisión, aunque esto último no se dice con total claridad. En cualquier caso, se viene a plantear que las autoridades políticas no disponían de instrumentos legales suficientes para afrontar esta situación y que los supervisores, además de faltos de medios, han sido algo laxos o miopes. A partir de aquí, los argumentos de siempre: más regulación y más control. Las autoridades políticas nunca fallan: simplemente nunca disponen de todos los medios.

El primer argumento, el de la infrarregulación, es falso. No creo que haya sector más regulado de la actividad económica que el financiero. Así que, en todo caso, podrán las autoridades políticas hablar de legislación defectuosa, siempre que no olviden que la legislación la hacen (o al menos la eligen de entre las que se les propone) esas mismas autoridades, por lo que tendrán alguna responsabilidad. Sin embargo, no creo que el problema sea un defecto técnico de la legislación que es abundante y prolija, tanto que muchas veces es incomprensible, incluso, para los obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Se indica, por ejemplo, que las nuevas autoridades supervisoras podrían bloquear nuevos productos. Esta posibilidad ya la tienen en diversas y variadas formas que van desde el control de la publicidad y del contenido de los contratos, a la necesaria autorización previa o exigencia de cumplimiento de requisitos para la colocación de productos.

El segundo argumento: el de la laxitud o falta de medios de los supervisores también es falso. Por lo menos hasta el estallido de la crisis. Los supervisores, como cualquier autoridad humana, no tienen capacidad predictiva completa en Economía, pero sabían, por experiencia entre otras cosas, que la expansión crediticia del Banco Central Europeo nos llevaría a la crisis, aunque no el momento ni la intensidad de la misma. Sin embargo, no podían pararla porque la expansión del crédito no la decidían los supervisores sino el BCE. Así, no entiendo cómo se argumenta ahora que la nueva autoridad supervisora podrá restringir el crédito cuando la autoridad monetaria decida ampliar la oferta monetaria. Algunos dirán que, al menos, podrían haber desaconsejado el crédito a determinados sectores, pero los que argumentan esto olvidan que las autoridades económicas nacionales decidieron ordenar por otras vías el crédito a esos sectores. De otros problemas añadidos a dicha crisis y con origen en otras legislaciones (pensiones, financiación de entes locales y regionales, etc…) no sabían los supervisores cómo podían afectar a las entidades supervisadas, pero esa no era esa su tarea, sino que lo era de las autoridades políticas.

Sin embargo, he dicho que la laxitud del supervisor es un argumento falso hasta el estallido de la crisis. Desde el estallido, la laxitud ha dependido de la independencia de cada supervisor nacional respecto de sus autoridades políticas y, en cualquier caso, ha estado condicionada al interés de estas últimas de dar una salida a la situación que no pasara por el reconociendo de los graves errores en la dirección de la política monetaria europea. Los supervisores bancarios nacionales podrían haberse equivocado, las autoridades políticas nacionales también, pero las europeas no se equivocan nunca lo que tiene el efecto de exonerar a las de cada país miembro pero no a los supervisores.

Lo que necesitamos es aumentar la independencia de los supervisores respecto de las autoridades políticas. Esto lo podemos alcanzar por diversas vías: la privatización de los fondos de cobertura de los depósitos bancarios, que asumirían la función, puede ser una. Para que funcione la propuesta sólo hace falta restaurar en el sector financiero el Derecho Concursal Común, Si los aseguradores de depósitos quieren ser paneruopeos, globales, locales o turcochipriotas es lo de menos. Junto a ello, hay que eliminar la potestad del BCE de emitir moneda sin respaldo metálico, y ya que recuperamos el respaldo que emita moneda todo el que lo tenga, público o privado. Los supervisores financieros europeos sólo van a servir para vaciar de responsabilidad las autoridades nacionales porque lo dice Europa, como si este fuera un argumento de suficiente autoridad.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

El problema de España: los loros

Cada vez que alguien se dirige a un miembro de eso que podemos llamar el establismen (fíjense que tiene la misma raíz latina que stabulus-i) y le sugiere un recorte del alguna partida de gasto público, porque de algún modo habrá que atajar el exceso del mismo, la respuesta es inequívoca: con eso se ahorra poco porque al final es el
chocolate del loro.

Está claro, por tanto, que el problema del déficit público español es mucho más sencillo de solucionar de lo que parecen creer nuestras autoridades, salvo por la contestación que, muy probablemente, encontrarán entre los grupos ecologistas organizados. Se trata, en definitiva, de acabar con la superpoblación de loros chocolatóvoros que nos asola. Es cierto que estos animales no son especialmente prolíficos dado que el chocolate, como es sabido, actúa como inhibidor de la actividad sexual, pero como, por otro lado, su tasa de mortalidad es extraordinariamente baja, como consecuencia de una esperanza de vida prácticamente infinita, la población de los mismos no ha parado de crecer. Además, estas aves tienden, con su envejecimiento, a aumentar la ración diaria de chocolate que necesitan para subsistir, lo que ha encarecido de manera muy alarmante el precio del preciado alimento dulce (el oro marrón lo llaman ya algunos), hasta el punto de que hoy en día es prácticamente imposible hacerse con existencias del mismo para nuestros hijos.

Algunos han propuesto curas de adelgazamiento consistentes en ofrecerles chocolate bajo en calorías, pero los loros han demostrado una pertinaz contumacia en el chocolate alto en contenido graso (por otro lado el único que nos asegura que la actividad reproductora de estas aves se mantendrá en unas tasas moderadas).Así mismo, la dieta de chocolate hipercalórico presenta importantes ventajas, al margen de las apuntadas, porque asegura que los elevados índices de masa corporal (ya saben: peso en kilos dividido entre la altura en centímetros al cuadrado) que estos animales alcanzan ya en sus primeros meses de vidas les imposibilitan para volar. Este abandono temprano de la actividad voladora, si bien no reduce los excrementos que expelen, nos asegura que lo hacen a una altura menos gravosa para el común de los viandantes y, por otro lado, no cabe duda de que ha creado toda una industria de tratamiento de residuos orgánicos que da trabajo a un sector importante de la población. Algunos menos concienciados con la vida natural y las ventajas en términos de empleo del sector de limpieza viaria, abogan por dejar las calles sin limpiar en el convencimiento de que como la especie animal, aunque gruesa, es de menos altura que la humana, terminará desapareciendo ahogada.

Este modo de reducir la superpoblación de loros de España no cuenta, por motivos obvios, con una gran resistencia por parte de los ecologistas que sólo admiten métodos naturales para reducir la misma y, aunque a regañadientes como amantes de los animales que son, reconocen que el acondicionamiento de las calles no es algo que la Pacha Mama o Madre Naturaleza tuviera previsto. Sin embargo, otros aseguran que no es tan claro que dejando de limpiar las vías públicas los acontecimientos se desarrollarán como decimos, dado que el volumen de residuos acumulado requerido para que esto ocurra es tan alto que, muy probablemente, muchos de nosotros lleguemos a tropezar y caer, especialmente nuestros hijos y ancianos, antes de que esto ocurra y terminemos experimentando la misma suerte que los loros.

Llegados aquí, les reconozco que ya no veo tan claro el modo de reducir la superpoblación como les decía al principio mientras los ecologistas no permitan la conveniente adulteración del chocolate, que por otro lado no les preocupa cuando a otras especies se refiere, o el levantamiento de la veda del loro chocolatóvoro. En cualquier caso, dados los temas de mi especialidad, sólo quería proponerles un tema para la reflexión, de vital importancia para las arcas públicas.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.