jueves, 25 de marzo de 2010

Que se cumpla la Ley

La salvación de España como nación parece que está en Portugal, única zona de la península donde casi el 40% de la población desea con orgullo ser española, y de los diputados de CIU, la única formación que pone un poco de sentido común en nuestro parlamento. Así, el señor Durán se felicitaba por la proposición de ley que aprobaron ayer, por su iniciativa, los diputados para reducir el plazo de pago de las administraciones a treinta días. El objetivo es alcanzar ese plazo a comienzos de 2013, mediante la reducción progresiva del plazo actual de sesenta días, según la ley vigente.

Pero el verdadero problema no es ése: cobrar en treinta días a partir de 2013. El verdadero problema es que, a pesar del plazo legal actual de sesenta días, la Administración Central tarda 140 días de media en pagar, la Autonómica 150 y la Local 238 días. No hace falta cambiar la ley actual: sesenta días de plazo desde la presentación de la factura hasta el cobro está muy bien. Lo que hace falta es que la Ley, la vigente -no necesitamos una nueva- se cumpla. Si las pequeñas empresas que han entregado bienes y prestado servicios a las administraciones públicas estuvieran cobrando en los sesenta días que marca la ley actual, les aseguro que la situación de las mismas no sería la que es.

La reducción legal de los plazos no sirve de nada si las empresas no tienen instrumentos ejecutivos para exigir ante los tribunales, mediante el embargo si fuera preciso, que se les pague. Instrumentos, que con más o menos fortuna sí tienen para exigir que les paguen sus deudores privados y que permiten que incluso en tiempos de dificultad, la liquidez circule y las relaciones comerciales continúen con más o menos éxito. La situación de muchas de nuestras PYMES no puede esperar a 2013 para que le reduzcan sobre el papel el plazo para cobrar su deuda. Les basta con que se las paguen ahora dentro de los 60 días que marca la ley que no se cumple, y que se le reconozcan los instrumentos que le permiten exigir a los deudores privados que paguen de manera inmediata.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

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