El aseguramiento público de los depósitos bancarios

Subirle los impuestos a la banca es popular, lo que no quiere decir que sea justo ni que tenga sentido. Ahora, la Unión Europea y España también anuncian una tasa para las entidades de depósito. Se justifica, según las autoridades, para hacer frente a posibles crisis futuras del sector. La verdad es otra. El afán es meramente recaudatorio, lo que no es malo en sí mismo, porque las arcas públicas andan exangües. Lo criticable está en que esta tasa justificará las futuras ayudas al sector.

Nadie podrá discutir al sector la protección y la garantía del Estado en caso de problemas en el futuro, porque ha pagado por ello. Además, de manera ilimitada porque, a diferencia de los actuales fondos de garantía de depósitos, con estas aportaciones no se pretende constituir un patrimonio separado con el que socorrer a las entidades en dificultades. Claro que algunos me dirán, y con razón, que tampoco se ha hecho ahora con el patrimonio de los fondos de garantía. Más bien al contrario. Como dichos fondos eran insuficientes, los estados han acudido en auxilio del sector, sin límite.

Nada tengo en contra del aseguramiento de los depósitos bancarios, pero sí en contra el aseguramiento público de los mismos. La experiencia de estos años me da la razón. En el aseguramiento público no guardan relación las contribuciones realizadas por las entidades con los capitales asegurados, que han sido ilimitados. Esto es ineficiente desde un punto de vista económico. Imaginen qué ocurriría si las compañías aseguradoras privadas no estimasen las primas en función del riesgo, y limitasen las cantidades aseguradas. Por otro lado, imaginen cuánto se va a disparar la irresponsabilidad de los gestores bancarios si el sector cuenta con la garantía del Estado.

Si quieren, obliguen a los bancos a asegurar sus depósitos como nos obligan a los demás a tomar el seguro a terceros en nuestros automóviles, pero dejen a otras compañías privadas fijar el precio y las cantidades que están dispuestas a cubrir. Quítenle esta responsabilidad al Estado y, lo que es más importante, a nuestros bolsillos. Asegurar depósitos bancarios en estas condiciones será un negocio ruinoso para las arcas públicas, que no son sino nuestros bolsillos.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.