jueves, 9 de septiembre de 2010

Sobre la deuda de los ayuntamientos

El Gobierno ha rectificado su decisión de esta primavera de prohibir a los ayuntamientos el endeudamiento. No es la primera vez que lo hace. Al día siguiente de la publicación en el BOE de dicha prohibición, eliminó la entrada en vigor inmediata de la norma para que lo hiciera a partir del próximo 1 de enero, provocando de esa manera algo así como un tonto el último de alcaldes ante los mostradores de los bancos.

Ahora, el Gobierno levanta la prohibición y establece unas limitaciones al endeudamiento de las corporaciones locales, basadas en la situación financiera de las mismas y en la finalidad de la financiación recibida. Nada que decir a la rectificación. Parece más razonable que sea así, porque no todos los municipios tienen la misma solvencia. Dejando a un lado que esto no confirma sino que la señora Salgado debe ser la señora a la que se refiere Verdi en su ópera Rigoletto cuando afirma que la dona e mobile qual piuma al vento, la nueva norma, a grandes rasgos, no es sino el rescate de una anterior y, además, con tanto cambio, ha devenido en ineficaz.

Antes de todo este baile legal, el endeudamiento de los ayuntamientos ya estaba tasado. Eran frecuentes los conflictos entre los alcaldes -que al fin y al cabo son interinos- y los probos funcionarios de los cuerpos de secretarios e interventores de administración local, puesto que estos últimos, conocedores de la norma, solían advertir a los primeros de la imposibilidad legal, en muchos casos, de endeudarse. Estos conflictos se solucionaban, en ocasiones, a favor de los primeros -los alcaldes- removiendo de sus puestos a los funcionarios en algunos casos, o diseñando operaciones que formalmente podían escapar del control legal.

No necesitábamos norma nueva tanto como más apoyo a los funcionarios. Pero es que, además, como he dicho, la nueva norma va a ser ineficaz en su pretensión de desahogar a los ayuntamientos. Primero, porque sólo permite el endeudamiento para inversión en infraestructura, cuando las corporaciones lo necesitan para hacer frente a su gasto corriente. Segundo, porque al menos los bancos (no sé las cajas que controlan los políticos), con este devenir de leyes, tienen claro que prestar a los municipios es convertir la liquidez, ahora que no andan sobrados, en hielo y para siempre.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

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