El crédito y el señor Rajoy

Desde los máximos de crédito concedido por las entidades bancarias a finales de 2011 al cierre de julio de 2013, dicho volumen ha descendido en un 6,3% pero no lo ha hecho para todos por igual. Por un lado, el sector privado y el exterior han visto caer dicho volumen en un 16,3% y un 19,2 % respectivamente, mientras que el sector público lo ha visto crecer en un 32,3%.

Está claro que mientras haya déficit públicos elevados, las Administraciones van a ir canibalizando el crédito a las actividades productivas. Sin embargo, eso no bastaría para explicar la reducción conjunta de la financiación que otorgan las entidades. Fijémonos para ello en que, en igual periodo de tiempo, el patrimonio neto de las entidades, la base de lo que se denominan los recursos propios de las entidades y el componente de los mismos que más ha crecido por obligación legal desde mediados de 2010, se ha visto aumentado en un 17,1% (o en un 50,4% si nos retrotraemos a dichos mediados de 2010).

Con estos antecedentes, nos cuesta ver un crecimiento del crédito antes del 1 de enero de 2018. Algunos nos lo reprocharán muy largo y otros demasiado preciso. La fecha no está elegida al azar. Recientemente, el pasado 27 de junio de 2013, se publicó el nuevo Reglamento (UE) sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Las nuevas exigencias de recursos propios derivadas de dicha norma, de aplicación directa en los países miembros de la Unión Europea, comienzan el próximo 1 de enero y concluyen ese mismo día pero de 2018.

A lo largo de ese periodo de cuatro años los requerimientos de recursos propios, y especialmente del componente de los mismos que es el patrimonio neto de las entidades, irán en constante aumento y, como es conocido, a un mayor requerimiento de solvencia de las entidades, corresponde una menor capacidad de crédito. Al fin y al cabo, y con independencia de otras florituras técnicas, la forma más evidente de visualizar la solvencia de una entidad o de un individuo, es la relación entre su endeudamiento y su patrimonio neto.

Está claro que si le exigimos más patrimonio neto, en términos relativos, en el corto plazo, y cuatro años son pocos para la exigencia que recoge el Reglamento, deberá reducir su endeudamiento y como el crédito se fabrica, por decirlo así, mezclando en las proporciones establecidas legalmente, dichos patrimonio neto y endeudamiento, aquélla magnitud, la de crédito, deberá ser menor.

Para confirmar lo anterior, sólo tienen que ver que en el periodo que analizamos (diciembre 2011-julio de 2013) los depósitos en las entidades del sector privado y del exterior se han reducido en un 4,9% y en un 34%, respectivamente, para entender los problemas de liquidez que aquejan al primero y la desconfianza que lo hace al segundo.

Sin embargo, las Administraciones Públicas han aumentado dichos depósitos en un 14,2%. Está claro que la crisis de liquidez no es igual para todos: unos reducen las facilidades crediticias recibidas y sus disponibilidades de fondos, otros las aumentan.

El origen de este trato desigual bien podrían pensar algunos que se debe a la diferente percepción que del riesgo que se asume con privados y con públicos tiene el sector financiero. Sin embargo, la razón principal, muy principal añadiría yo, no es esa.

La razón está en el trato desigual que la regulación da a las exigencias de recursos propios para financiar al primero respecto del segundo, puesto que en este caso no existen, mientras que para el anterior sí y de manera creciente, como hemos visto. Sin embargo, es cierto que el tratamiento que se pretende dar en el Reglamento a los títulos de deuda pública, en tanto en cuanto sus minusvalías comienzan a descontar de las reservas de las entidades, pueden ser una primera aproximación a la limitación de la inversión en tales títulos por parte de la normativa, pero claro para ello será necesario, en cualquier caso, que las Administraciones Públicas comiencen a comprender que es posible que sus nuevos déficit pueden llegar a tener serias dificultades de ser financiados y que no pretendan continuar con la competencia desleal frente a otros peticionarios del crédito a través de la correspondiente legislación.

Esto último, lo de no acudir a la competencia desleal regulatoria, lo veo difícil. Recuerden que nuestro Presidente del Gobierno se quejaba no hace más de un año de lo que para él era un sinsentido: que los estados no puedan financiarse. Creo que ha comprendido poco de lo que significa el euro: usted no puede fabricar ya los papelitos con los que paga.