Todo el crédito para el Estado

Es difícil que el crédito fluya a pesar de las declaraciones de nuestras Autoridades. Al menos con la rapidez que estas mismas Autoridades quieren transmitir que lo va a hacer. Las causas son varias, pero las más importantes residen en tres factores: El primero de ellos es la continuidad de los déficit públicos durante unos cuantos años, el segundo es la regulación sobre supervisión prudencial que la Unión Europea pone en vigor a partir del próximo 1 de enero y el tercero reside en la competencia desleal que los estados realizan en el mercado de crédito, a través de la regulación anterior y de las medidas de política monetaria.

La continuidad de los déficit públicos produce el archiconocido efecto expulsión, o crowding out, por el que el un gran emisor de deuda reputado como altamente solvente retira del mercado un elevado volumen de los fondos prestables en el mismo. No tiene mucho más que explicar este factor, salvo que no parece que vayan a desaparecer sus efectos perjudiciales en los próximos años, al menos mientras no se acometan reformas en la estructura de gastos del sector público mucho más profundas, radicales y rápidas de las que parece que el electorado está dispuesto a aceptar.

El próximo 1 de enero entran en vigor una Directiva y un Reglamento de la Unión Europea como consecuencia de la adopción por parte de la normativa europea del último Acuerdo de Basilea (Basilea III). Dicha normativa aumenta los requerimientos de capital de las entidades de manera progresiva durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor. Ese aumento es necesario porque incrementa, a su vez, la solvencia de unas instituciones que, como ha demostrado la crisis financiera, estaban infracapitalizadas o, lo que es lo mismo, sobreendeudadas.

El incremento de la solvencia de las entidades es muy necesario, pero es un objetivo incompatible con el crecimiento del crédito. Más proporción de capital supone menos capacidad de endeudarse por parte de la banca y la banca produce el crédito a partir de combinar sus dos fuentes de financiación: el capital y la deuda que toma.

La capacidad de dar crédito por parte del sector financiero ha caído a la quinta parte, como consecuencia del incremento de la exigencia de capital desde el 2% (puesto que antes de 2011 el famoso 8% de recursos propios se podía cumplir con un 6% de deuda subordinada y similares como participaciones preferentes) al 9% actual y, todavía, la veremos caer más, especialmente a partir de 2016 con las exigencias de los denominados colchones, o buffers, de capital: una suerte de restricción al reparto de dividendos para incrementar la capitalización.

La normativa, la nueva y la actual, se viene utilizando, además, como una suerte de competencia desleal por parte de los estados como deudores. Se viene utilizando por el mecanismo de dejar exenta la deuda pública de los requerimientos de solvencia antes apuntados. La inversión en deuda pública no exige a la banca capital, por lo que, al margen del rendimiento más o menos alto que pueda producir, se convierte para las entidades en el activo ideal para cumplir con las exigencias de capital y todo ello por la sencilla razón de que no soporta exigencia alguna.

De hecho, una manera de reequilibrar los balances, cuando hay problemas para obtener fondos propios nuevos, es ir reduciendo el crédito al sector privado en favor del público, con la excusa, que es la base de la discriminación legal, de que el primero de los sectores no tiene riesgo, pero sí el segundo.

Por último, las actuaciones en materia de política monetaria no se justifican en favor de la ciudadanía, sino de la financiación del sector público. El BCE ha bajado recientemente su tipo de intervención ante la “amenaza deflacionista”. La deflación no es mala y menos para una población cuyos ingresos nominales han caído. La excusa de que las decisiones de inversión y consumo se retrasan ante la espera de mejores precios no admite el más mínimo análisis lógico: nadie deja de consumir ni de invertir sine die en espera de mejores precios. El mercado está lleno de productos exitosos (la electrónica de consumo o la informática son buenos ejemplos de ello) y de consumos que son perentorios, como comer y vestir, y que no pueden esperar.

La deflación sólo es mala para los deudores, porque revalúa el valor de su deuda. Es, además, mala para la recaudación impositiva basada en un impuesto progresivo y como ejemplo sólo tenemos que pensar que, con unos mismos tipos impositivos, ésta, la recaudación, cae más que proporcionalmente cuando lo hacen los ingresos (exactamente al revés que cuando suben). La lucha contra la deflación del BCE es la lucha contra la caída de la recaudación fiscal y el incremento del valor real de la deuda pública.

La compra directa de bonos por parte del BCE, que defienden ahora algunos de los miembros de su Consejo de Gobierno, tampoco hace llegar el crédito a los pequeños peticionarios de crédito. Las Autoridades no dudan de que fue el exceso de liquidez lo que provocó la crisis financiera. No dudan tampoco de que la banca está sobre endeudada. En este sentido las medidas que toman son adecuadas, pero no para el crecimiento del crédito.

Sin embargo, la necesidad de financiar los déficit públicos y la incapacidad para enfrentarse con sinceridad a sus electorados, les llevan a tomar medidas incompatibles con los objetivos anteriores y a practicar otras medidas vergonzantes que justifican de manera espuria. No se dejen engañar: el crédito bancario no crecerá en los próximos años. Todos debemos acostumbrarnos a trabajar con menos endeudamiento y con más fondos propios. No esperarán que todo el esfuerzo lo hagan los bancos…o el gobierno.