Rescate sí, rescate no

Si debe o no haber rescate de los estados con problemas es, como apuntaba Eulogio López en la COPE el pasado viernes (escuchen el audio en la web) un problema moral. Mi opinión es que es no sólo moral, sino de eficiencia y que, además, la solución justa coincide con la eficiente. El problema del rescate de la deuda de determinados estados es un problema de distribución de las pérdidas que ha generado esta crisis. Lo importante es analizar qué modos de distribuir esas pérdidas tenemos y cuál es más justo y eficiente.

Las pérdidas son o están ahí, se contabilicen o no. Todos tenemos la experiencia de un error en una decisión de inversión. Cuando esto ocurre, unas veces vendemos, y materializamos la pérdida, y otras no, con la falsa esperanza de que el transcurso del tiempo nos haga recuperar la misma. En el segundo caso hemos perdido igual, pero no tenemos la misma sensación porque el lucro cesante que supone tener una inversión a bajas tasas de rentabilidad durante mucho tiempo hiere menos nuestro amor propio que reconocer que hemos perdido. Esta es la solución -no vender y mantener- que se propone cuando se plantea el rescate de los estados y de los bancos, que han terminado por ser el mismo.

El rescate supone que los tenedores de títulos públicos no experimentarán quitas como modo de dar desahogo a sus deudores y de asegurar el resto de su crédito. Los tenedores de estos bonos no contabilizarán las pérdidas de esas quitas y, manteniendo los bonos en las denominadas carteras de inversión a vencimiento, distribuirán las mismas en forma de menos rentabilidad que la de mercado a lo largo de los años. Los acreedores subordinados y los partícipes preferentes de los bancos no sufrirán las quitas que tendrían que realizar, a su vez, para asegurar los depósitos del público una vez que los bancos contabilizasen sus pérdidas en deuda pública (y en otros activos) y los accionistas asumieran sus pérdidas. La no contabilización de manera inmediata por los tenedores de activos financieros públicos y bancarios de riesgo (subordinadas, preferentes y acciones) requiere que alguien asegure la refinanciación a los tenedores de deuda pública para que no tengan que vender la misma, así como a los tenedores de créditos e inmuebles con la misma finalidad.

La refinanciación sólo puede asegurarse con el crédito del BCE, que sostiene los mercados de deuda pública mediante compras que financia con emisión de dinero, y el aval entre estados, de modo que los más solventes salgan en favor de los menos. La emisión de dinero para adquirir deuda (la monetización de la deuda) genera inflación: un impuesto sobre los ahorradores y los perceptores de ingresos más o menos fijos, como los pensionistas y los asaliariados. El aval de unos estados a otros elevará, además, los tipos de interés que los avalistas pagan por su deuda, elevación que pagarán de algún modo sus contribuyentes. Los estados avalados o rescatados se someterán a una política fiscal muy restrictiva con subidas de impuestos y, en principio, reducción de gasto público, que soportarán, como en el caso anterior, también los contribuyentes.

El coste del rescate es pues para contribuyentes, ahorradores y perceptores de ingresos fijos. El coste del no rescate es para los tenedores de deuda pública y de activos financieros bancarios con riesgo. Los primeros no tomaron decisión alguna salvo elegir a las autoridades que nos gobiernan. Los segundos también eligieron a las autoridades y, además, decidieron asumir determinados riesgos. Algunos dirán que el no rescate podría alcanzar a los depositantes, si las pérdidas de los bancos superasen a las aportaciones de accionistas, partícipes preferentes, acreedores subordinados y, por último, añado yo, los fondos de garantía de depósitos. Son muchos fondos para pensar que no son suficientes. Si no llegan, a lo mejor los depositantes deberían perder un porcentaje (que sería muy muy reducido de sus depósitos), pero esto aclararía las cosas y comenzaríamos de nuevo en un mundo en el que estaría claro quien paga y cuánto. Todo lo demás es la política de tinta de calamar de nuestras autoridades y clases dirigentes.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.