Tonto el último

Siempre me he mostrado contrario a las ayudas públicas a cualquier sector, lo que incluye al sector con mayúsculas: el Sector Financiero. Sin embargo, dichas ayudas han existido. Es cierto que no en forma de subvenciones, pero eso no quiere decir que no hayan existido. En el caso concreto español, las ayudas han sido de tipo financiero por dos vías. La primera la financiación de las entidades, bien en forma de capital bien en forma de deuda, por parte del Estado español. Cuando ha sido en forma de capital, el Estado ha tomado el control de las entidades. De este modo, aparentemente no ha habido traspaso de patrimonio público a las beneficiarias, puesto que el accionista puede vender en cualquier momento su participación y recuperar la inyección de capital. Sin embargo, esto esconde una realidad que no tiene reflejo contable en las cuentas públicas porque no siguen los estándares de la contabilidad empresarial: el Estado ha pagado por su participación lo que ningún agente en el mercado estaba dispuesto a pagar. La diferencia entre lo pagado por el Estado y el mejor precio que se podría haber obtenido en el mercado es, claramente, un traspaso de patrimonio público a las entidades beneficiarias. Cuando las ayudas han sido en forma de deuda, la ayuda pública venía en forma de tipo de interés bonificado. Ya sé que las beneficiarias se quejan de que los tipos han sido altos, pero en cualquier caso menores de los que les habrían cobrado en los mercados. Si no fuera así, no habrían acudido a este recurso. De nuevo la diferencia, en forma de lucro cesante para el financiador, no ha tenido reflejo contable. Sin embargo, dicho traspaso de patrimonio, de difícil cálculo, ha existido y ha tenido su contrapartida, que está enmascarada en una parte del incremento de los costes de la deuda nueva emitida y lo tendrá en el futuro en otra parte del  aumento de los tipos de interés de la que se vaya emitiendo.  El Estado ha realizado, a través de organismos públicos (FROB, FAAF), emisiones de deuda con la que allegar los fondos que luego ha inyectado en las entidades en forma de capital o deuda. El incremento de su endeudamiento que esto ha supuesto, ha elevado su prima de riesgo. El aumento de dicha prima no se ha trasladado de manera inmediata a su coste financiero, como ya hemos indicado antes, sino que lo va haciendo de manera progresiva según se refinancia, según hemos visto. El crecimiento de la prima a quien perjudica de manera inmediata es a los tenedores de deuda pública española, en tanto el valor de mercado de la misma se reduce.

La segunda forma de apoyo a las entidades ha sido la de los famosos manguerazos de liquidez del Banco Central Europeo (BCE). Esta financiación se ha prestado a tipos anormalmente bajos y, en ocasiones, a plazos anormalmente largos para los que suele ser habitual en la que presta dicho BCE. Si las entidades hubieran tenido mejores sitios a los que acudir, no habrían acudido a Frankfurt en busca de los fondos. No podemos decir aquí que el traspaso de patrimonio se ha producido desde el emisor de moneda a las entidades porque, a diferencia del Estado español, a aquél no le cuesta nada lo que presta. Literalmente lo crea de la nada. Al fin y al cabo, el BCE se mueve entre prestar poco y caro o mucho y barato. El coste lo soportan los tenedores de euros y  de  deuda en euros, en tanto dicha moneda va perdiendo capacidad adquisitiva como consecuencia de su abundancia. Lo que también afecta a los perceptores de ingresos fijos. Son los tenedores de deuda y liquidez, los que han consumido menos que lo que han producido, y los perceptores de ingresos fijos,  los grandes perjudicados por estas actuaciones públicas de financiación a las entidades. Algunos lo han sido de manera muy evidente, otros de manera invisible pero continua.

La alternativa habría enfrentado a las entidades con los mercados. Los mercados no han fallado. Simplemente no han actuado porque no se les ha dejado. Así, nos hemos encontrado con una lógica perversa para evitar la reestructuración privada del sistema, en favor de lo que se ha dado en llamar una reestructuración ordenada que está resultando un desastre. Llegados aquí, las entidades que no han disfrutado todavía de la ayuda pública, la reclaman por agravio comparativo y llevan razón: los que la han disfrutado han sido las que estaban peor porque lo estaban, entre otras cosas, antes. Ya saben: tonto el último.

Hispabonos

La idea de los hispabonos les suena a muchos como la solución a los problemas de refinanciación de la deuda de las Comunidades Autónomas, que vienen emitiendo a tipos de interés especialmente muy altos. En principio habría dos maneras de instrumentar la operación: una en la que se respeta los diferenciales de primas de riesgo de cada Comunidad y otra que haría tábula rasa de las mismas.

En la primera, lo razonable sería que cada región española emitiera unos bonos a los tipos de interés que el mercado le viene exigiendo y aportase los mismos a un fondo. El fondo, que gozaría de la garantía del Estado, emitiría a su vez bonos que se colocarían entre los inversores. El tipo de emisión de estos nuevos bonos vendría a ser el de la Deuda Pública del Reino de España, sensiblemente inferior a la media ponderada de la de los títulos aportados al fondo. De este modo, el fondo obtendría un beneficio por la diferencia entre el tipo medio de su cartera de títulos autonómicos y el tipo de interés a que se endeuda. Este beneficio remuneraría al garante por el aval prestado. Sin embargo, desconocemos cuanto se elevaría la prima de riesgo del resto de la deuda emitida y avalada por el Estado. La elevación de esa prima de riesgo sobre el total del resto de la deuda pública en circulación, sería un coste que podría superar al beneficio de dicho fondo. Así, finalmente, se produciría un traspaso de renta desde el Estado a las Comunidades Autónomas cierto pero de muy difícil cuantificación.

La segunda modalidad no requiere que el Estado cree un fondo de emisión, aunque podría hacerlo de todos modos, puesto que todas las Comunidades pagarían el mismo tipo por la financiación que captasen. La Administración Central emitiría, directa o indirectamente, a dicho tipo medio más, en su caso y si lo cree conveniente, un diferencial con el que resarcirse del aval prestado. El problema sería de nuevo el mismo: el beneficio aparente por prestarse a dar garantía a la financiación regional podría no compensar del encarecimiento que sufriría el resto de la deuda pública estatal. Probablemente, y al igual que en el caso anterior, no compensaría, además de los problemas de cuantificación de dicho encarecimiento.

En ambos casos, dejo para la discusión entre los responsables de las finanzas autonómicas cuál debe ser la prima de riesgo que debe pagar cada Comunidad, en el primer caso, o sobre el tipo medio que deben pagar todas. Las entidades regionales con mejores cuentas públicas podrían decidir no acudir al mecanismo de los hispabonos porque ni un tipo medio igual para todas ni el mismo diferencial como coste del aval, igualmente para todas, les parecería justo. Finalmente el Estado, como en todos los sistemas de garantía recíproca, podría quedarse avalando a los peores. La solidaridad no es algo que esté muy en boga entre las regiones de España.

El Estado de las Autonomías es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando en esta discusión sobre el redimensionamiento que conlleva la crisis económica actual. Todas las soluciones que pasen por las cuentas del Estado enmascaran los verdaderos costes que los entes autonómicos generan al ciudadano y, por tanto, sobre la viabilidad de los mismos en las condiciones actuales. El Gobierno central debe asumir la autoridad que le corresponde en la imposición de disciplina a los presupuestos regionales. Eso puede hacerlo de dos maneras también. Una sería directa, mediante el establecimiento de unos parámetros objetivos que de ser traspasados supondrían la suspensión de la autonomía financiera de las Comunidades Autónoma. La otra sería indirecta, abandonando a estas últimas a su suerte en los mercados de capitales. Lo uno o lo otro. La autoridades regionales tienen que aceptar que o son parte de España o lo son del mundo, pero no pueden seguir actuando como si fueran entes al margen de la realidad. No es otra cosa la responsabilidad, esa palabra tan manida por nuestros políticos.